Confianza y estabilidad

La de ayer fue otra jornada aciaga para la Bolsa, arrastrada por las dudas sobre la economía de EE UU, pero sobre todo sobre la banca española después de que el pasado lunes Standard & Poor’s rebajara la calificación de 16 entidades españolas, unas dudas que hay que despejar con urgencia. La presentación ante la opinión pública española y las autoridades europeas del Plan de Estabilidad, con un plan adjunto de reformas, como “la espina dorsal” de su política económica, de poco ha ayudado para restablecer la confianza. Como guía económica y como pieza de convicción ante los inversores el Plan adolece de inconsistencias y debilidades notables que lo convierten en un ejercicio de voluntarismo político. No se trata de que los objetivos sean incorrectos, puesto que la corrección del déficit público es un compromiso ineludible, sino que el Gobierno parece haber calculado de forma laxa los efectos de la recesión económica sobre el cumplimiento de los ajustes presupuestarios.

La inconsistencia principal parte de proyectar una reducción del déficit público en nada menos que cinco puntos del PIB durante un ejercicio económico que registrará una contracción del 1,7%. Se trata de un supuesto improbable y, por tanto, genera desconfianza entre los agentes financieros y compromete el resto de las proyecciones de estabilidad. Si este año no se consigue el 5,3%, en 2013 será imposible llegar al 3% e iniciar la senda de un superávit primario. El Gobierno se encontraría entonces en un aprieto, del que solo podría salvarle la Comisión Europea si decide ampliar el calendario de estabilidad.

Tampoco resulta creíble la proyección de crecimiento. No es fácil argumentar que desde el -1,7% de 2012 se saltará hasta un crecimiento del 0,2% en 2013, no solo por el salto cuantitativo (una mejora de dos puntos) sino también porque no se explican cuáles serán las fuentes de crecimiento. Como en el caso del déficit, un error en el pronóstico de crecimiento, bastante probable en este cuadro macroeconómico, compromete el resto de las variables decisivas para la recuperación económica, como es la creación de empleo, el consumo y la confianza de la inversión exterior.

Los instrumentos políticos que despliega el Plan tampoco están definidos con la suficiente precisión. El equipo económico proclama una declaración genérica de disciplina en todas las Administraciones públicas, pero no fundamenta cómo la aplicará ni cuantifica los ahorros que se conseguirán. El plan incurre en una inconsistencia de fondo, que es la de identificar recortes y reformas. Una reforma económica sería subir el IVA y reducir, a cambio las cotizaciones sociales para crear empleo, pero no está claro que esa sea la estrategia del Gobierno; un recorte es transmitir al Estado y a las comunidades autónomas la instrucción de que hay que reducir 10.000 millones en Sanidad y Educación. Este Gobierno mantiene interesadamente esa identificación errónea; pero los ciudadanos empiezan a advertir (y sentir) la diferencia.