Levantada la imputación a Gonzalo Aguado por el 'caso de las Cárcavas'

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón que investigó el sobrecoste en la construcción del parque del Arroyo de las Cárcavas de Pozuelo de Alarcón ha decidido archivar el caso, en el que permanecía imputado el director general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado. Junto con el exregidor también estaban imputados en el caso el ex primer edil de Pozuelo Jesús Sepúlveda, implicado en Gürtel; y los exediles José María Mayo, Roberto Fernández y Yolanda Estrada. Esta última también ha sido exonerada de su imputación en el caso Gürtel por decisión del magistrado que instruye la causa, Antonio Pedreira.

El juez de Pozuelo ha tomado esta decisión tras constatar que todas las presuntas irregularidades detectadas en la construcción de este parque no tienen alcance penal. La construcción del parque fue adjudicada en diciembre de 2005 por 5,9 millones de euros, pero unos meses más tarde el coste de la obra se elevó casi el doble llegando a superar los 9,6 millones de euros, según la última investigación realizada por el fiscal.

El propio representante del ministerio público, en un informe de cinco folios, asegura que la conducta de los hasta ahora imputados no es reprochable desde un punto de vista penal, sino que en todo caso se trataría de irregularidades administrativas. "Aun presuponiendo la existencia de alguna ilegalidad en los actos administrativos de contratación, por no haber dado cuenta al Pleno ni haber recabado la autorización del mismo para la aprobación del presupuesto (notablemente incrementado en el proyecto posterior) de ejecución de las obras, ello no constituye sin más un ilícito penal. Pero, además, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la legalidad de los actos de la Administración, sin que conste que se haya acudido a esta vía en ningún caso". Asimismo, el fiscal se centra en su informe en una de las presuntas irregularidades denunciadas, relativas al sobrecoste de las obras: "Prescindir del dictamen del órgano consultivo cuando es preceptivo solo constituye un vicio de nulidad del acto, en ningún caso de un ilícito penal si no existen elementos adicional". El responsable del ministerio público finaliza su escrito solicitando el archivo, recordando que tanto el proyecto original como el modificado fueron aprobados por el órgano competente, "y que no fueron impugnados por ningún grupo municipal, entre ellos el Grupo Socialista". La acusación, ejercida por el PSOE, ha anunciado que recurrirá el archivo del caso.

Pero la decisión del juez de levantar la imputación contra los excargos del PP de Pozuelo ha levantado las suspicacias entre los militantes de este partido en Pozuelo, ya que en su declaración ante el juez Aguado llegó a asegurar que el PP madrileño le había apartado de la candidatura municipal en favor de la exconsejera Paloma Adrados por estar imputado. En este sentido, el propio vicepresidente madrileño, Ignacio González, que fue además responsable del Comité Electoral del PP de Madrid, admitió durante la precampaña que algunos alcaldes no iban a ser candidatos "como se puede entender, por las circunstancias vividas" en esas localidades "los últimos dos años". En este sentido, la exedil Yolanda Estrada aseguró a EL PAÍS que durante los últimos meses ha sufrido una acusación "injusta". Por lo que solicitó a los principales partidos, el PP y el PSOE, que se pongan de acuerdo para que se unifique en qué momento hay que pedir responsabilidades políticas: "Tiene que ser al final de la instrucción, porque yo he tenido que demostrar que todo fue legal. Durante meses machacan a una persona, ya que en muchas ocasiones los partidos mantienen en sus listas a unos imputados sí y a otros no. Tendría que haber unos criterios objetivos, porque estas acusaciones falsas me han costado mi puesto y mi carrera política".