CiU lleva a la Fiscalía los informes dudosos de la Generalitat
La federación pide investigar si mediante estos estudios hubo malversación de fondos públicos, financiación ilegal de a partidos o irregularidades en la contratación pública
CiU ha llevado a la Fiscalía los informes de dudosa utilidad encargados por el tripartito y que afectan a siete consejerías. La federación quiere que los tribunales decidan si, mediante estos estudios, hubo malversación de fondos públicos, se financió irregularmente a partidos o bien se saltaron los procedimientos estipulados de contratación pública, ya que parte significativa de los informes los hicieron empresas o personas afines al gobierno catalán.
De esta forma, el tripartito deberá dar explicaciones ante los tribunales de los informes que encargó, y que ella propia Generalitatreconoció en una auditoría interna que uno de cada diez encargos eran inútiles.
La denuncia se presentó a finales de mayo, antes de que empezara la comisión de investigación en el Parlament por el caso del Palau, y afecta a los informes encargados por siete consejerias: dos socialistas (Trabajo y Agricultura, Alimentación y Acción Rural), una de ICV-EUiA (Interior, Relaciones Institucionales y Participación) y cuatro de las cinco de ERC (Innovación, Universidades y Empresa; Acción Social y Ciudadanía, Cultura y Gobernación y Administraciones Públicas).
ElGobierno de la Generalitatreconoció haber encargado informes técnicos a personas externas de la administración por un coste de 31 millones de euros, de los cuales el propio tripartito dice que 729.000 fueron para informes inútiles. De la lista de informes del año pasado publicada por la Generalitat destacan títulos como el seguimiento de la almeja brillante (que costó 27.900 euros), el cultivo de la chufa (11.965) o sobre el murciélago nana (2.328 euros).
El 30 de abril de 2009 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió "diligencias procesales" tras una denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias, en la que consideraba que el tripartito podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
A mediados de mayo, el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells (PSC), admitió en el Parlament la Generalitat ha gastado "demasiado" en informes, aunque aseguró que no ha habido ningún tipo de delito en este tipo de encargos, y que había encargos en los que que "no está justificado" el precio abonado.
