La causa contra Garzón por la investigación del franquismo

El juez se enfrenta a una posible inhabilitación de hasta 20 años por supuesta prevaricación

EL PAÍS Madrid 28 ABR 2010 - 13:32 CET

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Apertura de la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró en octubre de 2008 competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114.266 desaparecidos, de los que no se ha dado razón de su paradero, y que se enmarca en un contexto de crímenes contra la humanidad. Garzón añadió que al estar muertos los implicados no existía responsabilidad penal, por lo que los juzgados territoriales correspondientes tendrían que hacerse cargo del caso. Garzón se inhibió un mes después en favor de estos 62 juzgados.

Posición de la fiscalía

Contra la decisión de Garzón se pronunció el fiscal jefe de la propia Audiencia, Javier Zaragoza, quien acusó al magistrado de abrir una "causa general" contra el franquismo lo que, en su opinión, violentaba las reglas y límites del proceso penal. El fiscal pidió la nulidad de la investigación, que calificó de "disparate jurídico" al tratar de juzgar unos hechos que, en su opinión, están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977.

El Supremo admite la querella

En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias en la investigación del franquismo. Posteriormente, se admitieron otras dos querellas interpuestas por Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. El Supremo incluyó en sus argumentos el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que se oponía a la investigación de Garzón.

Quién instruye el caso

El magistrado del Supremo Luciano Varela es el instructor de la causa contra el juez. Aunque llegó a apartarse del caso mientras se decidía su recusación por parte de Garzón. Miembro fundador de Jueces para la Democracia y amigo personal de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de la juez y vocal del GCPJ por la misma asociación progresista Margarita Robles, Varela ya anticipó su intención de abrir juicio oral contra Garzón y adelantó su predisposición a condenarle. Siempre muy crítico con el magistrado de la Audiencia, a quien despectivamente ha calificado de "juez estrella", Varela fue también en 2008 ponente de la querella que atribuía a Garzón el supuesto cobro de 1,7 millones de dólares por unos cursos en la Universidad de Nueva York, pero rechazó los delitos de prevaricación y cohecho de los que se le acusaban. Sin embargo, el instructor trasladó al CGPJ que Garzón podía haber incurrido en una "falta muy grave" al no notificar que iba a percibir una nómina.

Los querellantes

El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, liderado por el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad, consiguió imputar a Garzón después de varios años de intentos. Bernad cuenta con un largo historial justiciero. Desde que denunció a varios cargos del PSOE por la gestión de la Expo de Sevilla ha presentado numerosas querellas, además de contra Garzón, contra el PSOE, el PNV, la plataforma Nunca Mais, el Gobierno catalán, un párroco y un guardia civil que reconocieron ser homosexuales, el programa infantil Los Lunnis o el futbolista Samuel Eto'o. La mayoría de las querellas fueron rechazadas. La asociación Libertad e Identidad, de marcado carácter conservador se sumó a las acusaciones contra el juez con otra querella por supuesta prevaricación. La última acusación contra Garzón vino de Falange Española de las JONS, que la presentó para lavar el "honor" de su "movimiento". Falange pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, por pretender encargarse de una causa para la que sabía que no era competente". El partido cuenta con unos 3.000 afiliados y en su ideario se critica el "clima totalitario" en España, rechaza la monarquía, el Estado de las autonomías y censura además el sistema de "democracia liberal de partidos". Sin embargo, el juez expulsó el 23 de abril a Falange por una cuestión formal. De acuerdo con la providencia del instructor, Falange no se limitaba a la descripción de los hechos sino que entraba en valoraciones que dificultaban la veracidad o la falsedad de los argumentos expuestos. Falange recurrió, pero el 18 de octubre el Supremo confirmó su expulsión de la causa.

Qué se le imputa a Garzón

Los querellantes consideran que Garzón se excedió de sus funciones al asumir la causa del franquismo y le acusaron de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años. El magistrado tachó las acusaciones contra él de "burdas represalias". "Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación", señalaba en su recurso. La defensa de Garzón esgrimió que el juez no actuó de forma injusta. "Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto. ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos". Por otra parte, los fiscales han ofrecido dos visiones distintas. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso contundentemente a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias la fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia porque consideró que adoptar decisiones "discutibles en derecho" no constituye en caso alguno un delito de prevaricación.

Garzón recusa a Varela

Baltasar Garzón recusó al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela el pasado 24 de abril al considerar "insólito" que el instructor aconsejara a la organización ultraderechista Manos Limpias cómo eliminar de su escrito de acusación algunos argumentos con el fin de que la querella llegara a buen término. La providencia de Varela sugería borrar partes enteras del escrito que afectarían a un total de dos tercios del contenido. En un apartado se plagiaban párrafos completos del auto del 3 de febrero del instructor del Supremo. La defensa de Garzón consideró que de la actuación de Varela se desprendía parcialidad e interés personal.
A finales de abril, Varela admitió a trámite la recusación, que finalmente fue rechazada.

Varela ordena la apertura de juicio oral contra Garzón

El juez Luciano Varela ordenó el 12 de mayo la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. La decisión del instructor supone un intento de bloquear la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de trasladarse al Tribunal Penal Internacional durante los próximos siete meses, como pidió el día antes de que Varela hiciera pública la apertura de juicio oral.

Suspensión del juez

El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. La decisión era obligada por ley tras la apertura de juicio oral por parte del instructor. Posteriormente, el 18 de mayo, la Comisión Permanente del CGPJ autorizó el traslado de Garzón durante siete meses al Tribunal Penal Internacional del juez, pero no en situación de servicios especiales. El juez lo había solicitado una semana antes, pero el CGPJ acordó esperar a recibir informes y aplazó la decisión. Cinco de estos informes fueron favorables al traslado del juez.

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Las concentraciones de apoyo a Garzón en Almería, Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla / PÉREZ CABO

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