El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Arbitraje para aligerar los juzgados

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley de Mediación y Arbitraje, incluido en el plan de modernización de la Justicia y la estrategia de Economía Sostenible del Gobierno, con el objetivo de aligerar los juzgados. El Ejecutivo potencia la figura del mediador, simplifica los trámites y equipara los laudos arbitrales a las sentencias de los juzgados ordinarios. Una de las novedades, será que un mediador y no un juez revise en primera instancia las reclamaciones que existan entre los ciudadanos o empresas por un importe de hasta 6.000 euros, ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Además se permitirá que si la cuantía de la reclamación es inferior a 300 euros se haga a través de Internet, que el proceso sea más rápido -como mucho dure dos meses- y que se emita un título ejecutivo que tenga el mismo valor que una sentencia. "La ley sólo permitía a los abogados en ejercicio ser árbitros. Se permite ahora que los árbitros sean ingenieros o que tengan cualquier otra profesión", ha asegurado el ministro.

Caamaño ha explicado que uno de las prioridades es "redimensionar el número de asuntos que entran cada año en el sistema de Justicia", tras recordar que el año pasado se superaron los nueve millones. "Si queremos que la mediación sea efectiva era necesario un procedimiento sencillo, descargado de trámites, económico y que tenga los mismos efectos que una sentencia".

Los requisitos para ser mediador se simplifican y basta con ser licenciado universitario, asegurar la responsabilidad civil e inscribirse en un registro del Ministerio de Justicia gratuito, ha señalado Caamaño.

Para agilizar la Justicia, el Gobierno se aplicará a sí mismo "la receta de no sobrecargar los tribunales", para lo que, según el ministro, se crea "una comisión delegada del Gobierno que resolverá conflictos internos administrativos".