Las comunidades se ahorran 22.000 millones por los créditos estatales

La deuda pública de las comunidades autónomas casi se ha duplicado desde 2011. En los últimos años, sin embargo, estas administraciones regionales han conseguido reducir el gasto en intereses financieros a la mitad. Y lo han logrado a pesar de que hace cinco años los mercados les cerraron las puertas y no querían ni oír hablar de refinanciar la deuda autonómica.

La clave de este éxito financiero nació de la necesidad. En 2012 las comunidades están ahogadas. Acumulan miles de facturas pendientes que no pueden pagar porque los ingresos por impuestos se les han desplomado. La morosidad pública escala al máximo. Algunas autonomías tardan más de año y medio en liquidar sus deudas comerciales. Eso provoca el cierre de cientos de pequeñas empresas. Era el peor momento de la crisis.

Inyectar liquidez

La prima de riesgo escalaba hasta cerca de 640 puntos básicos, frente a los menos de 100 en los que merodea estos días. Eso se traduce en que los mercados exigían tipos de interés de hasta el 14%. Entonces, el Ministerio de Hacienda puso en marcha un instrumento para inyectar liquidez a las comunidades para que pudieran atender su deuda comercial: es el primer plan de pago a proveedores. En la primavera de 2012 se pagaron de una tacada 17.704 millones de euros en millones de facturas que estaban en los cajones.

El Gobierno prolongó este plan hasta 2014, que consiste en unos préstamos con unas condiciones muy favorables —tienen dos años de carencia y unos tipos más bajos que los que ofrecen los mercados—. Y en paralelo puso en marcha una evolución del mismo, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que exigía unas condiciones de rigor presupuestario similares a las que Bruselas reclamaba a España. El Gobierno aprovechaba las emisiones del Tesoro Público, las más baratas que puede realizar cualquier entidad en España, para ofrecer unas condiciones muy parecidas a las comunidades. En total, el Estado central ha inyectado 162.254 millones a las comunidades a través de estos mecanismos, que representa ya el 60% de toda la deuda regional. A su vez, estas se han beneficiado del esfuerzo del Estado central y se han ahorrado unos 22.000 millones entre 2012 y 2016, según calcula el Ministerio de Hacienda en un Informe sobre los beneficios de los mecanismos adicionales de financiación a las comunidades entre 2012 y 2016, publicado esta misma semana. Hacienda eleva el ahorro hasta los 48.488 millones para toda la vida útil de todos los préstamos concedidos desde 2012. Los últimos vencerán dentro de 10 años.

En 2015, año electoral, el Gobierno, mejoró aún más las condiciones de los préstamos que había concedido y llegó a ofrecer algunos préstamos a tipo cero. "La puesta en marcha de los mecanismos adicionales de financiación ha facilitado una elevada liquidez para las comunidades a unos costes muy reducidos, en un periodo de crisis que requería unas mayores necesidades de financiación y en un entorno de fuerte inestabilidad de los mercados que en muchos casos les impedía acceder a la misma y en otros les exigían costes muy elevados, que ponían en riesgo su sostenibilidad financiera", explica Hacienda.

En los últimos meses ha surgido el debate de qué hay que hacer con esta enorme deuda que las comunidades tienen con el Estado. Algunas, como la Valenciana o Baleares, han reclamado una quita. La mayoría de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, que presentaron sus conclusiones hace un par de semanas, están en contra de las quitas. Insisten en que la deuda se debe devolver. No obstante, están a favor de refinanciar los préstamos y suavizar los intereses y el plazo de devolución. Otro grupo de expertos, minoritario, si defiende las quitas pero solo a aquellas comunidades que se demuestre que han estado infrafinanciadas.