Aspectos cruciales y conflictos en la transición energética

El sector energético mundial tiene un horizonte claro para el año 2050, establecido por el Convenio de París para frenar el cambio climático sustituyendo los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) por electricidad producida básicamente con energías renovables. Sobre ese horizonte a largo plazo (33 años) hay un acuerdo generalizado, si exceptuamos los recalcitrantes negacionistas del cambio climático. El problema son las decisiones que hay que tomar en los próximos 13 años (hasta 2030) para cumplir los alcanzables pero exigentes objetivos de 2050.

España sería uno de los países más beneficiados de sustituir fósiles —todos importados— por renovables, en las que tenemos más recursos, emplazamientos y tecnología que otros países europeos. Por eso nos convendría acelerar la transición energética mediante una política que maximizara la implantación de renovables.

Para lograrlo hay que definir como objetivo lo que la miopía del mercado es incapaz de anticipar: la evolución del mix de generación eléctrica (abriendo hueco a las renovables) y del parque de movilidad y transporte (incentivando la transición a los vehículos eléctricos).

Nos convendría acelerar la transición energética mediante una política energética que maximizara la implantación de renovables

La expansión de las renovables requiere afianzar su intermitencia, conseguible asignando al operador del sistema eléctrico la gestión unificada de las centrales hidroeléctricas y los intercambios internacionales de electricidad.

Casi el 80% del petróleo se consume en el transporte, en el que hay que hacer consciente a la sociedad de los riesgos de los vehículos en las ciudades, especialmente los de gasóleo que —según el Instituto de Salud Carlos III— producen en España anualmente más de 9.000 muertes prematuras (ocho veces más que por accidentes de tráfico). El tráfico urbano debe restringirse a los vehícu­los eléctricos.

También hay que depurar la remuneración de hidráulicas y nucleares, que es muy superior a sus costes remanentes aplicando fielmente las normas regulatorias. Para ello ha llegado el momento de llevar a cabo una auditoría regulatoria del sector eléctrico, que no es la de las cuentas de las empresas, sino del origen y aplicación de fondos del conjunto del sistema, como prescribió la ley de 1997. Esto pondría de manifiesto cómo el conjunto de centrales existentes ese año recuperaron todas sus inversiones y percibieron además un exceso de los llamados costes de transición a la competencia —CTC— de entre 1.500 y 2.800 millones de euros que podría reclamar el Gobierno, efectuando la liquidación definitiva pendiente que, según ha documentado el exvocal de la CNE Jorge Fabra Utray, no ha prescrito.

Al derogarse los CTC, debería también haberse establecido una remuneración para las centrales anteriores a 1997 acorde con sus costes reales. Al no llevarse a cabo, las eléctricas han percibido desde 2005 a 2016 más de 30.000 millones de euros de beneficios extraordinarios (de los que 16.000 millones corresponden a las nucleares), al ser remuneradas por la normativa general al precio más elevado de las centrales de gas.

El Gobierno de España tiene que decidir en función del interés general si conviene ampliar la vida de las nucleares

Esta situación debe verificarse, ya que influye en la decisión que ahora hay que tomar para abrir hueco a las renovables reduciendo la producción nuclear o de carbón. Desde el punto de vista medioambiental, parece lógico eliminar el carbón, del que no existe apenas producción nacional, pero eso exige solventar previamente el inequitativo reparto entre beneficios y riesgos nucleares.

La situación actual es inasumible: los españoles tienen que soportar el riesgo nuclear (de baja probabilidad pero alta incidencia: Fukushima lleva acumulado un coste superior a los 160.000 millones de euros y la evacuación de más de 80.000 personas), pero pagan el kilovatio hora nuclear al precio más alto del gas, mientras tres empresas eléctricas se apropian de sus extrabeneficios, que pretenden prolongar más años. Si esta situación no se modifica de raíz, no sólo no tiene sentido prolongar su vida, sino que habría que considerar su paralización lo antes posible.

En esta tesitura, la principal empresa eléctrica ha declarado que las nucleares están en pérdidas y que se van a replantear su operación. Ante esta táctica intimidatoria, el Gobierno de España tiene que decidir en función del interés general si conviene ampliar la vida de las nucleares y su remuneración, pero si decidiera extender su vida y sus propietarias alegaran pérdidas para no continuar con su gestión es perfectamente planteable sacarla a concurso internacional, pues ya han pasado los tiempos en los que, como se decía en la UNESA profunda, “los problemas de la luz se arreglan a oscuras”.

Martín Gallego Málaga es ingeniero de Minas, economista y exsecretario de Estado de Energía.