Italia pide menos castigo que España

Monte dei Paschi di Siena, fundado en 1472 por la magistratura de Siena, como un monte de piedad, acumula 544 años. Y ahora está ante el abismo. Es parecido a una caja de ahorros española, similar a Caja Madrid, fundada en 1702, hace 314 años como monte de piedad. Incluso se asemejan en la influencia política que  ambas entidades han sufrido en su gestión. Pero Caja Madrid ha desaparecido, para desgracia de los que se beneficiaban de su obra social y para las capas sociales más desfavorecidas que trabajaban con ella.

En España, la mayoría de las cajas (gestionadas por directivos imprudentes y/o corruptos), han pasado a la historia. Ahora el problema está en Italia e Italia es diferente. En España la ayuda pública para rescatar a la quebrada Bankia llegó a cambio de que sus accionistas perdieran el 99,6% y los preferentistas el 54% de lo invertido (al margen de que lo que recuperaran después vía judicial por mala comercialización).

 ¿Y qué hicieron las autoridades italianas durante la trágica crisis financiera y social en España? Nada. No atajaron el problema de sus bancos: una enorme morosidad procedente de las pymes y otras empresas tras una caída del 10% del PIB y del 25% de la producción industrial. Ahora, tras siete años de crisis “la banca italiana tiene la mayor cartera de activos dañados de Europa”, según Daniel Manzano, de AFI. Un problema que, añade, “aunque implica a algunas entidades, afecta al conjunto del sistema”.

La primera reacción de las autoridades, como el gobernador del Banco de Italia, fue negar la evidencia. También ocurrió en España. Y su inacción ha aumentado el problema cada año. Ahora se habla de 360.000 millones de agujero, seis veces más que en nuestro país.

Pero la situación se ha complicado porque el 1 de enero entró en vigor la directiva Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) que impide las ayudas de Estado (es decir, de los contribuyentes) si antes no se han arruinado los accionistas y los propietarios de los bonos (algo que en España ya se exigió mucho antes de la directiva). Pero 250.000 millones del ahorro de los italianos están invertidos en bonos bancarios. El presidente Renzi tiene un problema político (los que deberían pagar la quiebra bancaria son sus votantes del referéndum constitucional de noviembre) y financiero (los bancos necesitan ya unos 50.000 millones de euros).

Algunas autoridades europeas piden esquivar la ley que solo tiene seis meses de vida: quieren ayuda pública sin castigar a los accionistas de los bancos, lo que supone golpear la credibilidad de la UE y de la Unión Bancaria. El propio vicepresidente del BCE, Victor Constancio, dejó caer esta semana en Madrid que ante la situación creada por el Brexit, que no tiene relación con la banca italiana, habría que replantearse la situación. Quizá Constancio, que ha sido dos veces gobernador del Banco de Portugal, también estaba pensando en las entidades de su país, sumidas en graves problemas.

Pero Italia es diferente de España quizá porque no en el BCE no hay ningún español tras la marcha de José Manuel González-Páramo en 2012, gracias a la torpeza del Gobierno del PP al presentar candidatos inadecuados. Mientras, el presidente del BCE es italiano, Mario Draghi, que fue gobernador del Banco de Italia entre 2006 y 2011 (conoce bien el problema) y el presidente de la Autoridad Bancaria Europea es otro italiano, Andrea Enria, jefe de Supervisión del Banco de Italia entre 2008 y 2011 (también sabe cómo es el agujero). No obstante, a los italianos todavía les tocará superar la barrera de la Dirección General de la Competencia de Bruselas, donde estará Alemania para controlar la situación.

Por todo eso, es más que probable que el problema de Monte Dei Paschi no se resuelva de forma tan estricta y dura como el de Caja Madrid. Aunque para ello sea necesario saltarse una directiva.