Déficit público: sobre culpables y soluciones

Al final Funcas —la fundación de las cajas de ahorro, uno de los centros de estudio económico con más prestigio—  ha tenido razón: el déficit ha cruzado la barrera del 5% del PIB. El tamaño de la desviación confirma que el 4.5% avanzado por el presidente del Gobierno en febrero fue un lapsus. Cualquiera puede sufrir uno. Lo que no es tan comprensible es que nadie del gobierno lo haya rectificado desde entonces.

Culpables hay muchos. Solo las corporaciones locales en su conjunto son inocentes. A fuerza de normas estatales que impiden gastar y obligan a ingresar, se han situado de forma estructural en el terreno del superávit, con una deuda en franco descenso. El desequilibrio de la Seguridad Social es muy preocupante. Frente a un objetivo de 0.6%, una realidad de 1.26%. En esencia y como algunos advirtieron en su día, entre ellos la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las previsiones de ingresos estaban hinchadas.

En el caso de las comunidades autónomas, tenemos de todo. Algunas que cumplen otro año más, como Galicia, y otras que se mantienen muy lejos. Por eso, es injusto, impreciso y equívoco hacer diagnósticos unifactoriales y globales. La realidad es más compleja. Existen comunidades autónomas que sufren un problema particularmente serio de infrafinanciación, como la valenciana. En segundo lugar, algunos territorios se han esforzado más que otros en el ajuste. Galicia es un buen ejemplo de lo primero. En tercer lugar, la senda establecida de recorte del déficit autonómico es discutible. Finalmente, el cumplimiento de la administración central oculta el hecho de que adoptó decisiones, como el adelanto de la rebaja del IRPF prevista para 2016, que hicieron que su déficit no cayese tanto como cabría aguardar de la mejora de la coyuntura económica.

Dicho lo anterior, existen soluciones. Primero, el ministro tiene razón en que una parte de ese 5.2% no es repetible y, por tanto, el ajuste adicional consecuencia de la desviación en 2015 no será tan grande como parece. Segundo, hay que encarar el déficit de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo. Es verdad que contamos todavía con un colchón en el fondo de reserva y que las severas reformas introducidas en 2011 y 2013 van a embridar el gasto a medio plazo. Pero hay que pensar en soluciones de corto y medio plazo, como puede ser la financiación de una parte de las prestaciones por impuestos.

Tercero, en el ámbito autonómico es cierto que necesitamos más control y que muchas autonomías pueden esforzarse más de lo que han hecho, reduciendo gasto o dando marcha atrás en rebajas fiscales. No obstante, con eso no llega.

Toca reformar ya el sistema de financiación autonómico de régimen común al tiempo que se va cerrando el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica, conceder una mayor cuota del objetivo global de déficit a las regiones, y retocar la legislación de estabilidad fiscal para eliminar lo que no es posible aplicar, y automatizar lo que permanezca. Y, en cuarto lugar, habrá que presentar en Bruselas una revisión del plan de consolidación fiscal avalado por la AIReF; a cambio del cual se pueda ganar algo de tiempo para situarnos por debajo del 3% de déficit.

Santiago Lago Peñas es director de GEN (Universidad de Vigo)