Evo Morales nacionaliza la filial de Red Eléctrica de España en Bolivia

La inversión española en Latinoamérica sufrió hoy un nuevo golpe. Dos semanas después de la expropiación de la filial de Repsol en Argentina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controla el 74% de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban, por mandato de Morales, las instalaciones de la firma expropiada en su sede de Cochabamba.

Morales dio lectura al decreto de nacionalización casi al final de su mensaje dirigido a los trabajadores con motivo del Primero de Mayo. En el Palacio de Gobierno de La Paz, el dirigente justificó su decisión como “un reconocimiento al pueblo boliviano que lucha por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”. Morales acusó a la compañía de invertir poco en el país: Red Eléctrica y su predecesora hasta 2002, Unión Fenosa, “en 16 años apenas habían invertido 81 millones de dólares” en la empresa de energía, a un promedio de “cinco millones por año”.

Pese a todo, el presidente dijo que su Gobierno reconocerá las inversiones realizadas por Red Eléctrica de España en el país. “Somos responsables con las empresas. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver. Si una empresa ha hecho inversión, reconocemos la inversión y siempre vamos a reconocer la inversión”, señaló. En el decreto, se establece que el Gobierno contratará a una "empresa independiente" para fijar el valor de la empresa en una plazo de 180 días hábiles.

El presidente pidió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, “tomar las instancias de la administración y operación” de TDE. Más tarde, unidades militares fuertemente armadas rodeaban el edificio, mientras grupos de trabajadores de la también nacionalizada empresa de electricidad (desde 2011) agitaban whipalas (banderas indígenas) para saludar la medida. En la sede de TDE se encuentra la oficina del consulado de España en Cochabamba, la tercera ciudad más importante de Bolivia.

Horas después del anuncio, el presidente se trasladó a Cochabamba, la tercera ciudad más importante de Bolivia, para firmar el decreto de reversión de todo el paquete accionarial de la eléctrica española. La nacionalización se produce justo cuando Morales afronta desde hace meses una oleada de conflictos sociales que pueden poner en peligro su reelección en 2014.

La nacionalización fue interpretada por los analistas como un intento del gobernante de contentar a sus votantes. Pero fue recibida con escepticismo e indiferencia entre una buena parte de la población que, con motivo del Día del Trabajo, salió a la calle, no para celebrar nada, sino para protestar contra la política económica del Gobierno. “No tenemos nada que festejar”, declaró el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el minero Juan Carlos Trujillo, al asegurar que el aumento medio de los salarios del 8% dispuesto por decreto “es pobre e insuficiente”.

Los líderes políticos y los expertos en generación eléctrica han coincidido en hacer notar que la medida es un intento del Gobierno de aplacar las crecientes protestas sociales e intentar recuperar su popularidad que, en las ciudades ha bajado al 38%, según una última encuesta publicada por medios locales.

Problemas de suministro

“Es una medida que no soluciona la grave crisis que afronta el sector energético de Bolivia”, dijo a Radio Panamericana el experto Julio Alvarado, y recordó que en la actualidad Bolivia se ve obligada a importar carburantes y que tiene dificultades importantes en el suministro eléctrico de las principales ciudades, con restricciones horarias y la disminución de potencia.

Desde que llegó al poder en enero de 2006, el presidente Morales ha nacionalizado una veintena de empresas de hidrocarburos, telecomunicaciones y de generación de electricidad, pero hasta ahora no ha logrado alcanzar los objetivos deseados de industrialización y mayor independencia económica.

El sector de hidrocarburos intenta impulsar la producción de gas natural para exportar a Argentina con la inauguración, precisamente ayer, de una planta procesadora de gas instalada por el consorcio petrolero de Repsol, British Gas y Panamerican, con una inversión de 100 millones de dólares. Esta planta permitirá incrementar la producción de gas de tres a nueve millones de metros cúbicos al día, la mayor parte destinada a honrar compromisos con Argentina.

La concentración de obreros en la plaza de San Francisco de La Paz reflejó el enojo de los asalariados que reclaman que el salario mínimo se sitúe en 830 euros para poder cubrir sus gastos más esenciales. Además, mostraron su apoyo a los trabajadores del sector sanitario y a los médicos asalariados que llevan 34 días de huelga, aunque se mantiene el servicio de urgencias médicas, para lograr que el Gobierno les incorpore a los beneficios de la Ley General del Trabajo. Los dirigentes sindicales coincidieron en afirmar que “la lucha continua” en un implícito anuncio que los conflictos sociales no darán respiro ni al gobierno ni al ciudadano.