El ex director general de los ERE salpica otra vez a los exconsejeros

El ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero achacó de nuevo ayer la responsabilidad de la gestión de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Guerrero, principal imputado del caso por tráfico de influencias, malversación y prevaricación en la causa, declaró ante la Guardia Civil durante seis horas y alegó que las ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 647 millones de euros, fueron "codecisiones compartidas".

Mientras Antonio Fernández está imputado por los mismos cargos que Guerrero, Viera es diputado del Congreso, secretario general del PSOE sevillano y no está imputado en la causa. Guerrero ya declaró ante la policía en dos ocasiones y alegó que durante su periodo de nueve años como alto cargo se limitó a ejecutar las órdenes de ambos consejeros. Ayer declaró ante la Guardia Civil, y los agentes también le interrogaron sobre las funciones de Ramón Díaz, parlamentario andaluz que fue su mano derecha en Empleo. "Les expliqué que me llegó de asesor y se encargó de negociaciones en mi ausencia", afirmó. Guerrero asegura que el interrogatorio versó sobre los ERE de empresas como Río Grande, Acyco y Calderinox, además del asesoramiento realizado a las empresas por parte de los bufetes Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís.

La Junta abonó comisiones en el ERE de la empresa pública Egmasa

Por otra parte, la Junta de Andalucía pagó 1,7 millones de euros en comisiones a la consultora Vitalia para el ERE de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo andaluza pactó con la empresa intermediaria del grupo Eurobank, y actualmente en proceso de disolución, un 11% de "gastos externos", a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. El compromiso para subvencionar el ERE fijaba un gasto de 16 millones de euros procedentes del fondo para empresas en crisis que la Junta andaluza dotó con 647 millones.

La elevada comisión se repartió entre el comercial Francisco González, detenido por la policía y acusado de estafa y cohecho; el negociador Jesús Bordallo y la consultora catalana Vitalia. La firma Irson Empresarial, administrada por María Vaqué, imputada en la Audiencia Nacional por la descapitalización de la mutua Fortia, percibió gran parte de los 1,7 millones, según fuentes del caso.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que ordene a la Guardia Civil investigar las relaciones desde 2001 entre las empresas subvencionadas, las aseguradoras y las consultoras, así como a los 30 imputados que acumula la causa. El ministerio público busca analizar "la facturación, retribuciones del trabajo y capital, rendimientos profesionales" y toda la información que contribuya a lograr pistas para el retorno de los fondos públicos logrados de manera ilícita por los investigados.