La revancha del teniente coronel

El teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio ya ejerce la acusación popular contra diversos mandos de los Mossos d'Esquadra acusados de encubrir a una banda de traficantes de droga. En una decisión que embrolla aún más un complejo caso de presunta corrupción policial, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha aceptado que López Rubio entre en la causa contra los policías que en su día le implicaron en una sucia trama por el robo de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

Uno de los mandos de la policía autonómica ahora imputados por el juez, Antoni Salleras, dirigió, como jefe anticorrupción del cuerpo, una laboriosa investigación que permitió desarticular una red corrupta en la que están implicados narcotraficantes, guardias civiles, policías y un periodista. Entre ellos se encontraba López Rubio, para el que la fiscalía pedía 11 años de prisión por cohecho y amenazas.

El juez afirma que el mando busca "la verdad" y no tiene intereses personales

Un juzgado de Martorell pidió prisión provisional para el mando, que ejerce como jefe de Intervención de Armas de la Guardia Civil en Cataluña. No llegó a entrar en la cárcel porque el propietario de un prostíbulo pagó de inmediato los 12.000 euros de su fianza. Hace un mes y medio, quedó exculpado porque los delitos habían prescrito.

López Rubio contraatacó y pidió personarse como acusación popular. Fuentes de la investigación lo interpretan como una supuesta vendetta contra quienes destaparon el caso, encabezados por el comandante José Daniel Baena. Salleras también intervino en esa operación y fue actor principal en la investigación en torno a los macroburdeles Riviera y Saratoga, de Castelldefels, donde están implicados mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Su objetivo sería, según esas fuentes, desacreditar la investigación de los Mossos y reventar desde dentro las dos causas que afectan a las fuerzas de seguridad del Estado.

Con anterioridad, dos de esos mandos intentaron, sin éxito, personarse como acusación popular. El juez les denegó la petición argumentando que buscaban un "interés meramente particular", ya que estaban implicados en la causa de los prostíbulos y pretendían "obtener pruebas para hacerlas valer" en ese proceso. Aguirre entiende que no ocurre lo mismo en el caso de López Rubio porque, en su opinión, solo persigue "la pura y simple averiguación de la verdad". La fiscalía se opuso a la personación del teniente coronel porque aludió para ello a su condición de guardia civil. El juez replica que acude "a título particular, aunque sea miembro" del citado cuerpo.

El caso que investiga Aguirre se inició el 28 de mayo de 2009 a raíz de una compraventa de 40 kilos de cocaína que resultó ser una estafa, pues la mayoría de la mercancía era yeso y azúcar. Un grupo de la Guardia Civil elaboró un informe que al juez le pareció sospechoso, por lo que decidió imputar a diversos agentes, a un teniente coronel y al propio comandante Baena. Precisamente ahora, Aguirre ha archivado el caso contra todos ellos. También ha dado carpetazo a otra delas ramificaciones, que implicaba a agentes del CNP.

El único frente que permanece abierto, pues, es el de los seis mossos d'esquadra, con Salleras a la cabeza. El juez consideró que el jefe anticorrupción le ocultó pruebas que vinculaban a una banda de narcos con Manuel Gutiérrez Carbajo, el confidente policial cuyo testimonio ha sido clave para destapar dos tramas policiales: precisamente, las de Martorell y Riviera-Saratoga.