La Generalitat pide que le devuelvan los estudios de cine que construyó

El Consell ha decidido explorar la vía judicial para intentar aclarar el futuro de la gestión de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante, tras constatar que el contrato blinda la gestión del actual concesionario. Las numerosas garantías que la Generalitat concedió a Aguamarga Gestión de Estudios, la empresa que tiene la concesión para explotar las instalaciones hasta el año 2014, impiden, en la práctica, la rescisión unilateral.

El Gobierno valenciano, a través de su empresa Ciudad de la Luz, comunicó a finales del pasado mes de octubre que daba por roto el contrato con Aguamarga. Fundamentalmente por dos razones: la baja ocupación de los estudios cinematográficos y un cambio en el accionariado de Aguamarga que habría supuesto la desvinculación de algunos de expertos que trabajaban en la concesionaria. Aguamarga, en manos de unos nuevos gestores desde la pasada primavera, replicó que los motivos aducidos para la ruptura unilateral eran falsos y acusó a Ciudad de la Luz de provocar el deterioro de la concesionaria con continuos retrasos en los pagos acordados. Justo en un momento, aducen los nuevos gestores de Aguamarga, en que se ha puesto en marcha un plan para relanzar los rodajes en los estudios de Ciudad de la Luz.

En esta situación, y con un contrato que no prevé la ruptura unilateral, Ciudad de la Luz y Aguamarga han acudido a los juzgados por separado para defender sus respectivos intereses. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el Consell ha solicitado en su demanda judicial que se le devuelvan cautelarmente los estudios de cine hasta que el juez decida cuál de las partes tiene razón en el pleito. Aguamarga, por su parte, reclama que Ciudad de la Luz cumpla su parte del contrato y le deje poner en marcha los nuevos proyectos o que se le indemnice por el daño.La ruptura por parte de Ciudad de la Luz con Aguamarga coincide con la entrada, el pasado mes de mayo, de un nuevo equipo de gestión en la concesionaria, que ha puesto en marcha un plan de viabilidad, ha reestructurado el plan de negocio y cuenta con una cartera de producciones que garantizan un mayor grado de ocupación de los estudios.

Una propuesta que la Generalitat no ha considerado hasta ahora, empeñada como esta Ciudad de la Luz en romper con Aguamarga. Una decisión que, si se consuma finalmente, obligará a Ciudad de la Luz a asumir temporalmente la gestión de los estudios a la espera de que se convoque el concurso para una nueva concesión de la explotación del complejo. La decisión sobrevenida de Ciudad de la Luz contrasta, además, con las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, que en los últimos años advirtió sin éxito de la necesidad de revisar el contrato suscrito con Aguamarga y mejorar la propia gestión de la empresa de la Generalitat.

La Sindicatura, en su último informe correspondiente a 2009, advierte de que "el retraso en la entrega de elementos esenciales [entre los que se incluyen varios estudios que debían ser construidos por Ciudad de la Luz] conlleva automáticamente la prórroga del plazo del contrato [de concesión para la explotación experimental a Aguamarga]". Una situación que, en caso de formalizarse la rescisión, podría obligar al Consell a pagar una indemnización millonaria por lucro cesante, no hasta el año 2014, sino hasta 2019. Así, con las cláusulas que incluye el contrato, es más que improbable que la directora general de Ciudad de la Luz, Elsa Martínez, pueda desalojar de los estudios a la concesionaria el próximo viernes, tal y como había anunciado.

Sin embargo, parte de los problemas de gestión de los estudios cinematográficos ubicados en Alicante se halla en la política de incentivos que gestiona la propia Generalitat a través del Instituto Valenciano de Cinematografía (Ivac), que ha concedido el grueso del presupuesto a unas pocas producciones con un grado mínimo de ocupación de las instalaciones.

Por el contrario, dentro de la batalla judicial abierta, Aguamarga ha decidido presentar una querella por coacción contra la directora general de la Ciudad de la Luz por considerar que dejó de abonar los pagos pactados y se puso en contacto con los proveedores de la concesionaria para advertirles de que se abstuviesen de prolongar sus compromisos con los gestores de los estudios de cine más allá del 31 de diciembre.