La subasta de pisos de la EMVS atrae a un solo comprador

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) recibió ayer una única oferta para adquirir las cuatro promociones de vivienda pública en alquiler que sacó a subasta a finales de julio y que venderá por algo más de 65 millones de euros.

Lazora, la empresa que se ha interesado en la adquisición de las 630 viviendas repartidas en los barrios de Carabanchel, Moratalaz, Sanchinarro y Vallecas, se dedica desde 2003 a la compra de pisos protegidos en alquiler. La propuesta se estudiará y se adjudicará temporalmente en los próximos días hasta que la Comunidad de Madrid autorice la formalización de la escritura de compra.

A finales de julio, cuando la EMVS hizo pública su intención de subastar los pisos, los inquilinos respondieron con movilizaciones porque confiaban en que, aunque sus casas están calificadas de alquiler sin opción a compra, la EMVS iba a ofrecerles algún día -"facultativamente", dice en sus contratos- la posibilidad de comprarlas.

Ante la polémica generada, la empresa, que mantendrá las viviendas en régimen de alquiler hasta 2020 (tal y como iba a hacer la EMVS), ha asegurado que ofrecerá a los inquilinos "exactamente las mismas condiciones de los contratos vigentes".

1.040 millones de deuda

Los ingresos que proporcionará la venta de las cuatro promociones se destinarán, según reconoció el concejal de Hacienda, Juan Bravo, a paliar la deuda de 1.040 millones que arrastra la empresa pública. Sin embargo, el coordinador general, Juan José de Gracia, mantuvo ayer en una entrevista a EL PAÍS que el dinero se invertirá en construir más viviendas sociales de alquiler "con un modelo más equitativo y solidario". Es decir, en cambiar la tendencia de compra a la de arrendamiento y crear un parque de viviendas en las que el inquilino rote cada cinco años para evitar que cuando sus condiciones económicas mejoren, siga beneficiándose de viviendas subvencionadas públicamente.

"La subasta demuestra que la EMVS solo buscaba dinero para paliar su deuda", critica el portavoz socialista de Urbanismo, Daniel Viondi. "La subasta deja a los arrendatarios en una completa desprotección porque en manos de una empresa privada se anula la posibilidad de ofrecerles las viviendas en propiedad a precio público como se comprometió el alcalde".