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domingo, 13 de junio de 2010
Reportaje:ABUSOS SEXUALES A INMIGRANTES

Víctimas del oro rojo

Temporeras extranjeras denuncian abusos de sus patronos en la recogida de fresa en Huelva - La explotación sexual en el campo es un secreto a voces, pero nunca hasta ahora han prosperado acusaciones contra los responsables de una actividad competitiva en Europa

Tienes que ser buena".

Los patronos se deslizaban por la noche en los barracones de las trabajadoras marroquíes. Las casas, prefabricados llenos de literas, quedan en medio del campo, perdidas entre los invernaderos de fresas, a kilómetros del pueblo más cercano.

Levantaban las sábanas y contemplaban el cuerpo de las mujeres desnudas sobre la cama. Luego pasaban al baño. Si alguna se estaba duchando, la obligaban a continuar delante de ellos. Y después:

-O te dejas, o te quedas sin trabajo.

Dos denuncias de abusos sexuales contra cinco patronos españoles presentadas por ocho mujeres marroquíes de entre 18 y 30 años siguen su curso en juzgados de Huelva. Hasta ahora, las trabajadoras de la fresa (mayoritariamente marroquíes, rumanas y polacas) que cada año recogen 250.000 toneladas de frutos nunca habían levantado la voz contra empresarios y encargados. Contra otros extranjeros responsables de agresiones y violaciones, sí -en los andenes de las carreteras, en los campos de noche, a las puertas de las discotecas-, pero las acusaciones no tocaban a los jefes y, en los contados casos en que lo hacían, no llegaban a juicio. Todo a pesar de que hace 20 años que en Huelva se habla de visitas nocturnas a la caseta de las mujeres.

"Uno de los acusados afirmó que ella le pidió que lo hiciera. Claro: dos ya la habían violado y ella quería terminar"

Decir "no" nunca es fácil. Shadia, de 25 años, lo hizo. "Desde entonces he tenido problemas por los papeles, pero lo prefiero"

-O eres buena conmigo, o no vuelves el año que viene.

Eso es lo que presuntamente los acusados, de Palos de la Frontera y Moguer, susurraban al oído de sus víctimas. Mujeres que soportaban el acoso a cambio de no ser despedidas. El fiscal de extranjería de la Audiencia Provincial de Huelva, Miguel Ángel Arias, ha reconocido la existencia de ambos procesos.

El primero nace de la denuncia que cuatro chicas interpusieron en abril de 2009 contra el propietario de la finca en la que trabajaban, su hijo y un encargado, todos entre 30 y 55 años. Les acusan de coacción, amenazas y acoso sexual continuado. Las humillaciones se trasladaban al campo. Si no se portaban como ellos querían, les prohibían ir al baño y beber agua a 40 grados bajo el sol. "Hazme caso o te cuento menos cajas", recuerda una de las mujeres que le decía riendo el encargado. El regreso de la trabajadora al año siguiente depende siempre de los kilos recogidos.

Las víctimas permanecieron calladas durante tres meses. Fue un testigo, un trabajador rumano, quien se personó ante la Guardia Civil de Moguer. Los agentes se encontraron en la finca con un amplio relato de horrores. El juzgado de la localidad entendió que existían suficientes indicios y envió el caso a la Audiencia Provincial de Huelva, en donde se espera el juicio para el otoño.

El segundo proceso está en fase de investigación. A finales de la campaña pasada, en junio, otras cuatro marroquíes de una finca de Palos de la Frontera denunciaron acoso sexual directo bajo amenaza. Los argumentos de los agresores eran los mismos: tenían que ser "buenas". Presuntamente se consumaron actos sexuales en numerosas ocasiones. A este cuadro habrá que añadirle un delito de prostitución coactiva si llega a probarse que el jefe recibió dinero de amigos a cambio de franquearles el acceso a las chicas.

Que tras una denuncia contra los patronos se llegue a juicio es tan infrecuente que la Guardia Civil decidió grabar todos los testimonios para que no se frene el proceso si las mujeres desaparecen. Fuentes judiciales apuntan la extrema complejidad del asunto: "En muchos casos hablamos de consentimiento viciado. Los empresarios no tienen ni que forzarlas. La situación de desprotección absoluta predispone todo. No hay uso de fuerza, no les ponen un cuchillo al cuello".

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva), Alberto Garrocho, no ha oído hablar de las denuncias, y recuerda que estos casos son delicados porque pueden esconder venganzas o chantajes. Pero para eso haría falta denunciar, y eso no es lo más común: "Yo sólo recuerdo un caso en el que se hayan visto envueltos mis asociados. Además, se desechó enseguida su culpabilidad", cuenta.

Resulta difícil encontrar en Huelva a alguien que acepte hablar mal de la fresa a cara descubierta. El fruto se conoce como el "oro rojo" y factura anualmente 320 millones de euros. Guardia Civil, jueces, políticos, empresarios, periodistas... Todo el mundo ha oído algo sobre abusos, pero no es un tema de conversación agradable: la fresa es el sustento de media provincia. Hace dos semanas, una campaña institucional intentaba relanzar su proyección internacional después de que una serie de documentales en Francia y Alemania hayan atacado las condiciones de trabajo y el desgaste medioambiental que supone el cultivo. Probablemente la indignación europea no sea completamente altruista: la presión de Huelva, que exporta el 80% de su producción, está siendo atroz para los freseros de Europa central, que han encontrado en la buena voluntad de ecologistas y activistas un asidero para relanzar su producto contra la "perversa" agricultura española.

La cosecha de este año, a punto de finalizar, ha empleado a unas 65.000 personas, bastantes menos que otros años debido a la crisis económica y a las pérdidas provocadas por el temporal del invierno. El cupo mayor lo componen 50.000 trabajadoras locales, es decir, extranjeras con residencia en España, europeas (rumanas y polacas) y un mínimo de españolas. La situación más dura corresponde a las marroquíes contratadas en origen, que deben abandonar sus países durante cinco meses. Este año han sido unas 4.500, un contingente muy inferior a los 35.000 extranjeros que acudieron a Huelva en 2005, cuando los nacionales cambiaron el campo por El Dorado del ladrillo. Los empresarios prefieren mujeres por una retahíla infinita de argumentos (mansedumbre, resistencia al dolor después de horas agachadas...), pero sobre todo porque conservan lazos familiares que les invitan a regresar a sus países. Tener niños suma puntos a la hora de lograr un contrato.

Pese a las suspicacias que pueda suscitar la cruzada europea, la realidad de la fresa es indiscutiblemente dura. Desde que el reportaje La rançon de la fraise (El precio a pagar por la fresa) de France5 señaló los invernaderos onubenses, Europa los observa con lupa. Una delegación de eurodiputados los visitó hace casi un mes para elaborar un informe. "No me quedan ganas de comer fresas", anunció la eurodiputada de los Verdes Hélène Flautre al fin de la inspección. La francesa calificó la situación de "trágica". Protestó por la ausencia de agua potable, el hacinamiento y la "complicada" situación de las mujeres, "muy vulnerables y absolutamente dependientes de su empleador". Lejos de los gritos de indignación de Bruselas, en su despacho un abogado de oficio de Moguer pasa silenciosamente las páginas de una agenda: dos o tres casos de violencia de género por semana, alguna rueda de reconocimiento por violación... Un paseo por varios bufetes del pueblo deja un muestrario de historias terribles. "Tres marroquíes a una polaca", rememora un letrado: "Lo más frío que he visto. Uno de los acusados afirmó que ella le pidió que lo hiciera. Claro: dos ya la habían violado y ella quería terminar".

Todos los abogados coinciden en que les llegan muy pocos abusos por parte de patronos. Aun así, son capaces de enumerar varios. Por ejemplo, el de una chica que presentó una denuncia jurídicamente redonda después de que su jefe la subiera a un coche y la violase. Recordaba el modelo del vehículo, la matrícula, habían quedado huellas de los zapatos de él en el barro... Pero a última hora la mujer retiró la denuncia y desapareció. "Le pagó", dice el abogado. Hay más historias: "Cuatro polacas; una de ellas denunció porque un pariente suyo conocido en el pueblo tomó la iniciativa. Un chico de la finca iba allí con otros tres amigos y se aprovechaban de ellas".

El riesgo total en el que viven las braceras queda confirmado por una visita al cuartel de la Guardia Civil de Mazagón. Un agente relata llamadas de mujeres acorraladas en sus barracones por borrachos que intentan entrar.

Mujeres acosadas. Para verlo basta con pasear por la tarde por la carretera de Moguer a Palos. En los lindes no hay pinos ni vegetación, sólo el plástico de los invernaderos, un océano y, más allá, el skyline humeante del polo químico. Por el arcén camina una procesión de trabajadoras tras hacer la compra en el pueblo más cercano. Algunas, cubiertas con pañuelos; otras, las europeas del Este, a menudo escotadas y con grandes aros. Dos hombres marroquíes se acercan a un grupo de chicas cargadas de bolsas. Les dicen algo; las mujeres se alejan con cara de asco. Unos metros más allá les esperan tres subsaharianos desocupados, habitantes de los poblados chabolistas que abundan en la zona: las devoran con los ojos.

El sexo y la dominación son componentes de la crónica privada del campo onubense. Las mujeres trabajan con camisetas anudadas por encima del ombligo. No quieren gustar a nadie, explican en voz baja; simplemente, no soportan el calor. A la hora de recoger la mercancía, camioneros y capataces se pasean entre ellas. Se detienen y lanzan algún piropo no demasiado elegante. Las muestras de hombría se aplauden. "Ser guapa no siempre es bueno", sentencia el dueño de un cibercafé de Mazagón al que las chicas acuden para llamar a casa. Allí dice que le cuentan todo tipo de violaciones, agresiones, maltratos, abusos de poder... pero, a la hora de la verdad, ninguna quiere oficializarlo.

Acosadas, abusadas y también moneda de cambio. En la finca El Morcillo se destapó en 2008 una trama de corrupción que desembocó en la imputación de cuatro técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los funcionarios hacían la vista gorda a la hora de denunciar la destrucción de monte público para convertirlo en terreno agrícola. En la investigación aparecieron fotos de chicas abrazadas a los guardias, y en las casas forestales, preservativos.

Una de las naves en terreno ilegal estaba destinada a fiestas con las inmigrantes. La sala-discoteca se iluminada con luces tenues y tenía una barra para servir bebidas. El trasiego de coches era constante, tanto que la policía llegó a sospechar que existiera una red de prostitución. Las chicas declararon que eran "novias" de los imputados. El juicio se celebrará en los próximos meses y el fiscal solicita 20 años de prisión por cohecho, negociaciones prohibidas y omisión del deber de denunciar delitos. "Esos cargos están muy claros, pero en lo sexual no se puede demostrar nada más allá de que existía un trato de favor hacia las chicas que los guardias identificaron como sus novias", apunta una fuente de la investigación. Entre los beneficios, las mujeres trabajaban menos horas y contaban con habitaciones individuales.

El de El Morcillo puede parecer un caso en el que se difumina la relación explotador-explotado. Las braceras proceden en muchos casos de realidades sociales duras. En España recolectan fresas durante seis horas y media diarias y, en ocasiones, después trabajan por la noche en los almacenes. La recompensa por jornada es de unos 36 euros, como marca el convenio del campo más bajo de Andalucía (junto al de Almería, reina de la fórmula "invernaderos e inmigrantes"). Caer en los juegos de seducción de los patronos puede resultar rentable, repiten muchas de las fuentes consultadas.

Pero no hay que perder de vista que hay ocasiones en las que no queda opción: aceptar los envites del patrón puede ser la única alternativa, más aún cuando se han detectado casos de mujeres que pagan altas cifras en sus países para conseguir un contrato. Con deudas, hijos, etc. es difícil negarse a nada, ni resistir amenazas.

El silencio es una consecuencia lógica. Ante los abusos sexuales algunas mujeres no sólo temen perder el trabajo, también quedar señaladas, convertidas a ojos de los demás en fresas podridas. "Si se entera su familia, es un problema", explica el secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, Diego Cañamero. "No tienen una mentalidad reivindicativa ni feminista. Temen que las culpen a ellas".

Plantarse nunca es fácil. Shadia, de 25 años, lo hizo. Como muchas marroquíes, llegó a Huelva dejando en su país a un niño de pocos meses y empezó a trabajar en las fincas. Pero ante la presión de su jefe -un empresario español- para que mantuviera relaciones con él, se despidió a las seis semanas. "Le gustaban las chicas que venían de Marruecos", cuenta. "Cuando una no quería estar con él, la mandaba de vuelta a casa. Muchas decían que sí, pero yo no quería eso, así que me fui a Almería. Desde entonces he tenido muchos problemas por los papeles, pero lo prefiero".

En los invernaderos se suda y se sufre, pero afuera hace frío. Así lo relata Milouda. Añora con todas sus fuerzas los años en los que trabajaba en la fresa. Quiso quedarse en España, se convirtió en una ilegal y ahora en ninguna finca quieren contratarla. Vive de la prostitución, y habla de clientes viejos que le hacen cosas que no quiere. Ese parece ser el destino de parte de las mujeres que pasan por la fresa: terminar haciendo cosas que no querían. El presidente de Freshuelva insiste en que no puede demonizarse a la ligera un negocio del que viven miles de familias, pero es innegable que los invernaderos y barracones mueven mucho dinero, tanto como para crear una euforia similar al sentimiento de impunidad. Un caldo de cultivo ideal para el abuso de poder. -

Temporeros se dirigen al trabajo cerca del Rocío (Huelva). / JAVIER BARBANCHO

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