La Junta aprieta a los bancos con un impuesto para que den créditos

Los ingresos previstos por el Gobierno andaluz sobre los depósitos de los bancos pueden suponer 132 millones de euros a las arcas de la comunidad. O no. Depende de si las entidades financieras -un total de 70- invierten en proyectos estratégicos andaluces. El nuevo tributo contempla deducciones por créditos a proyectos ligados al plan Andalucía Sostenible, de manera que lo que los bancos y cajas aporten a la hucha de la Junta puedan restarlo si sueltan dinero para estas iniciativas. "Las medidas a los bancos no pretenden tanto ingresar dinero como que fluya el crédito para que bancos y cajas apoyen ideas innovadoras", reconoció el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el cierre del debate del estado de la comunidad.

Hacienda da por hecho que Zapatero recurrirá al Constitucional

Las medidas impositivas de Griñán fueron apoyadas únicamente por el grupo socialista mediante la votación de propuestas de resolución. Los socialistas estaban exultantes con el resultado del pleno, que creen haber ganado por goleada, pero una confusa explicación del Gobierno sobre la revisión de determinados beneficios fiscales les obligó a improvisar sobre la marcha. Hacienda distribuyó un cuadro eliminando determinadas bonificaciones, documento que retiró horas después. Este episodio lo aprovechó el PP para hablar de "engaño".

El impuesto sobre el dinero de los bancos ya se aplica en Extremadura y fue recurrido por el Gobierno del Partido Popular en 2002 al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo la demanda, por lo que la Junta de Andalucía "da por descontado" que se topará también con otro recurso, aseguró ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Fuentes del Ministerio de Economía eludieron avanzar una posición en tanto el anuncio de Griñán "no es todavía un proyecto legal".

El impuesto sobre los depósitos bancarios no es, con todo, el que supone mayores ingresos, sino el que grava la venta minorista de hidrocarburos (de hasta 2,4 céntimos por litro en el caso de gasolina y gasóleo) para financiar la sanidad. Se conoce como el céntimo sanitario y se aplica ya en seis comunidades autónomas. La Junta se había resistido a aplicarlo, aunque la Consejería de Salud venía pidiéndolo desde 2005, con Griñán como consejero de Economía y Hacienda. Según los cálculos de la Junta, los ingresos por este impuesto en un ejercicio fiscal completo pueden ascender a 137 millones de euros. Este año, su aplicación supondrá recaudar 75 millones.

El otro concepto por el que se producirá mayor recaudación es el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, de 10 céntimos por bolsa. Esta medida pretende desaconsejar su uso y según destacó Griñán no tiene un afán recaudatorio. Pero las estimaciones de Hacienda indican que su creación en un año le puede reportar 95 millones de euros. Empresarios del sector citados por Europa Press mostraron ayer su "indignación" por este tributo y pidieron a Griñán que rectifique. Este impuesto lo liquidarán los establecimientos comerciales en la Agencia Tributaria.

De todos los impuestos nuevos que va a crear el Gobierno andaluz con la finalidad de reducir el déficit, el que menor efecto tiene para las arcas autonómicas es el que grava el tramo autonómico de las rentas a partir de 80.000 euros. Afecta a un total de 21.859 declarantes en Andalucía con un impacto presupuestario de 31 millones de euros. ¿Por qué a partir de 80.000 euros? Porque, según Martínez Aguayo, las rentas que están por debajo de esa cantidad "están afectados por las reducciones salariales".

La Junta andaluza va a crear tres nuevos tramos de IRPF: entre 80.000 y 100.000 euros (10.699 contribuyentes) tributarán al 22,5%; entre 100.000 y 120.000 euros (4.108 personas), al 23,5%; y las bases superiores a los 120.000 euros (7.052 declarantes), al 24,5%. Hasta ahora, todos ellos los hacían al 21,5%. Por término medio, la cuota aumentará para estos 21.859 elegidos en 1.419 euros.

Carmen Martínez Aguayo también avanzó que la supresión de 110 empresas públicas supondrá la eliminación de 180 puestos directivos y un ahorro de 100 millones en tres años.