El Tribunal de Cuentas estrecha el cerco sobre Calp

Obras públicas realizadas con sobrecostes desmesurados, adjudicaciones a empresas fantasma, terrenos que de la noche a la mañana aumentan por diez su valor urbanístico, contrataciones realizadas sin expediente previo, descontrol de los fondos públicos... El Tribunal de Cuentas estrecha su cerco sobre el Ayuntamiento de Calp, gobernado por el Bloc, el PP y PSD, al que ha abierto un amplio proceso judicial sobre la gestión en el pasado mandato del ejecutivo local del ex alcalde del PP Javier Morató.

Los populares continúan vinculados al gobierno municipal. Morató es el principal socio de gobierno del actual alcalde, el nacionalista Ximo Tur, y el PP aún controla las carteras más importantes. Pero será Tur el que deberá viajar pronto a Madrid como representante legal del Ayuntamiento para responder ante el Tribunal de Cuentas de los supuestos "daños para el erario público" provocados por la gestión de sus aliados políticos.

El Tribunal de Cuentas ha agilizado el proceso de instrucción, que fue iniciado tras una denuncia del PSPV en octubre de 2008, y se apoya en un informe del Ministerio Público que aprecia "irregularidades e indicios de responsabilidad contable" en varios proyectos y actuaciones del PP que sumarían un quebranto para las arcas municipales de cerca de ocho millones de euros. Así, en Aguas de Calpe se habrían acumulado a partir de 2004 con la renovación de la red de suministro potable sobrecostes de un millón por obras que no se hicieron y que se adjudicaron a una empresa fantasma del cuñado del edil popular Juan Roselló, quien está imputado por esta actuación en un juzgado de Dénia.

Roselló también alentó otra obra investigada, la de la adecuación de un local alquilado para la Radiotelevisión de Calp en la que gastó 800.000 euros y que se efectuó sin expediente de contratación. De tan alta inversión sólo existen las facturas. El PSPV también ha comunicado al tribunal sobrecostes en otras adjudicaciones por casi cinco millones en proyectos adjudicados a diversas mercantiles al margen del procedimiento de contratación.

Finalmente, la investigación fiscalizará una recalificación de suelo rústico a dotacional que Javier Morató realizó en 2005 "en contra de los criterios de los técnicos", tal y como el propio edil del PP reconoció en un pleno. El Ayuntamiento gastó en esa parcela 380.000 euros para instalar una carpa ferial donde celebrar eventos y luego tuvo que desmontarla cuando se demostró que los terrenos no eran públicos, sino de unos propietarios a los que tuvo que indemnizar tras una sentencia con 600.000 euros. Toda una crónica del derroche.

El Tribunal de Cuentas quiere ahora establecer la cantidad económica exacta que el Ayuntamiento perdió por culpa de esas actuaciones, que en muchos casos se realizaron sin el aval de los técnicos. El organismo también pretende saber qué concejales y funcionarios municipales fueron responsables de las presuntas irregularidades, con el objetivo de establecer una posible responsabilidad patrimonial individualizada que compense el gasto con las pérdidas de las arcas municipales por la mala gestión.

Los socialistas, que lanzaron el proceso al presentar una denuncia ante la Sindicatura de Cuentas -que la trasladó a Madrid-, acusan a Tur de "boicotear" la investigación del tribunal, que en abril de 2009 apercibió al alcalde nacionalista por no responder a un requerimiento en el que le exigía información. Tur contestó entonces que no había recibido ese primer requerimiento "por causas que se desconocen" y añadió que "los técnicos no habían detectado ninguna irregularidad".

Ahora, el alcalde del Bloc ha matizado su discurso y alega que "algunas irregularidades pueden tener fundamento, pero otras no tanto". Tur insiste en que el PSPV abrió el proceso por "la rabia, el resentimiento y el rencor" al perder el poder por una moción de censura.