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El PP rechazó en las Cortes el silo nuclear que ahora admite en Zarra

El Grupo Popular votó en 2006 una resolución contra el almacén de residuos

Sara Velert

El Consell de Francisco Camps reaccionó el viernes con aparente desinterés a la candidatura de la localidad valenciana de Zarra para albergar el almacén nuclear de residuos radiactivos. Sin embargo, un día después, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, subrayó la "autonomía municipal" para decidir e incluso alabó la "solidaridad" de Zarra al optar por el silo. Un apoyo tácito del Consell, de momento, a una instalación que implicará en el pueblo elegido (hay una docena que se postulan en varias autonomías) una inversión del Gobierno de 700 millones de euros y creará 300 empleos. "Este ejercicio de solidaridad, sin entrar en más consideraciones sobre la oportunidad o no, es importante", afirmó la consejera.

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No lo veía así el PP en febrero de 2006, cuando a propuesta del entonces diputado de Els Verds Carles Arnal aprobó con sus votos una resolución que afirma que "las Cortes Valencianas declaran de manera solemne su firme oposición a albergar en territorio valenciano los residuos nucleares de alta actividad" provenientes de todas las centrales de España. La resolución, tratada en la comisión de Seguridad Nuclear de la Cámara autonómica el 14 de febrero de aquel año, argumentaba su rechazo a la futura instalación "considerando los riesgos asociados al transporte y almacenaje indefinido de grandes cantidades de estos residuos peligrosos, y por las muy negativas consecuencias que, en caso de accidente, podrían tener para la agricultura, la actividad económica en general, y sobre todo, para la población valenciana".

La proposición no de ley presentada por Arnal y apoyada por el PP -los socialistas se abstuvieron- incluyó en su primer punto una petición concreta al Gobierno para que rechazara la "posibilidad" de ubicar el almacén en la central nuclear de Cofrentes "o en instalaciones anexas". Cuatro años después, el Consell no ve obstáculos de seguridad o de otro tipo para que el silo se construya a poco más de 10 kilómetros de Cofrentes. El viernes, tras conocerse que Zarra se postula para el ATC (Almacén Temporal Centralizado) de residuos radiactivos, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, defendió "con carácter general" la autonomía municipal y lanzó la pelota al tejado del Ejecutivo, pero sin hacer del asunto un nuevo casus belli contra José Luis Rodríguez Zapatero. "Tiene que ser el Gobierno de España el que con responsabilidad tome la decisión", aseguró Rambla al tiempo que se quejaba de que el Consell "no ha sido informado" y no conoce "con exactitud qué requisitos debe reunir" un candidato al ATC. "Probablemente puede que no tengamos ni la competencia de tener esa opinión", apostilló. Al contrario que el Consell, no han tenido problema en clarificar su postura los presidentes de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y de Cataluña, José Montilla, que han rechazado el almacén en sus respectivos territorios, mientras que Castilla y León se muestra en principio favorable.

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También manifestó su oposición el secretario de Organización del PP de la provincia de Valencia, Juan José Medina, que acusó al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de "engañar a los vecinos con un proyecto fantasma". Pero eso fue el viernes, y no ha habido más declaraciones. Sánchez de León, tras el Consell extraordinario del sábado centrado en El Cabanyal, no vio contradicciones en el PP en este tema.

La actitud de la Generalitat ante la posibilidad de que la Comunidad Valenciana acoja el ATC contrasta con la beligerancia mostrada ante otras iniciativas del Ejecutivo, como la construcción de desaladoras en la costa. En marzo de 2007, el entonces consejero de Territorio Esteban González Pons justificó el bloqueo a la construcción de la desaladora de Torrevieja y la bautizó como "la nuclear del mar". Un diputado provincial del PP en Alicante fue aún más lejos, y aseguró que el agua desalada provoca atrofia testicular.

González Pons también lideró la oposición a unas prospecciones petrolíferas en la costa valenciana. El consejero acusó al Gobierno de pretender "clavar al pueblo valenciano una plataforma petrolífera por la espalda" y como diputado en el Congreso logró el año pasado la aprobación de una proposición no de ley de rechazo a las prospecciones.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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