Irán, sin cambios a la vista

"Sin esperanza". Así describen varios hombres de negocios iraníes las perspectivas económicas de su país ante el segundo mandato de Mahmud Ahmadineyad. Ninguno ve signos de cambio en la mala gestión que ha caracterizado su presidencia. Mientras el sector público (y semipúblico) siga controlando el 70% de la economía y el monocultivo del petróleo provea el 85% de los ingresos del Estado, resulta improbable que el Gobierno acabe con los subsidios o que aumente la productividad, dos pasos clave para reducir la inflación y el paro, que las propias estadísticas oficiales sitúan en dos dígitos.

"Desde hace un año, los empresarios estábamos esperando el cambio", confía el propietario de una pequeña empresa de tecnología. Durante el mandato de Ahmadineyad, las sanciones internacionales han hecho casi imposible la apertura de cartas de crédito y han encarecido un 4% las transacciones internacionales. "Eso no es nada comparado con los problemas en nuestra relación con el Gobierno", puntualiza ese mismo empresario.

El sector público controla alrededor del 70% de la economía

La caída del precio del petróleo obliga al Estado a apretarse el cinturón

"En los meses que precedieron a las elecciones ningún responsable quería firmar contratos ante la inseguridad [que existía] y si, como en nuestro caso, logras vender un sistema a alguna de las empresas nacionales, te encuentras con que el contrato no puedes firmarlo directamente con su director sino que tienes que pasar por una empresa interpuesta de los pasdarán", explica el interlocutor, que por razones obvias pide el anonimato. Los pasdarán son la Guardia Revolucionaria, un ejército ideológico paralelo al regular al que en los últimos años se viene acusando de haber tomado el control de la economía iraní.

Sin duda, el paso obligado por un intermediario encarece cualquier transacción, pero, según este empresario, sería tolerable si no hubiera que sumarle también la corrupción. "Cuando yo vendo este aparato, cuyo precio es de 3.000 dólares, solían pedirme facturas por 5.000. En vísperas electorales me estaban pidiendo que pusiera 10.000", añade mientras muestra uno de sus productos. "Yo no puedo hacer eso; es demasiado", asegura, convencido de que la diferencia estaba destinada a financiar la campaña de Ahmadineyad.

La concreción de su denuncia resulta inusitada y da una idea del grado de desesperación que vive el sector privado en Irán. Pero incluso el sector público está pagando las consecuencias de la mala gestión. Iran Khodro, la principal empresa de automoción de Oriente Próximo, está al borde de la quiebra. El plan de rescate de 1.000 millones de dólares que acaba de aprobar el Gobierno palidece ante la deuda de 9.000 millones que acumula la que hasta ahora se consideraba la joya de la corona de las empresas no vinculadas al petróleo.

Los iraníes no entienden cómo una compañía que cobraba los coches por adelantado, y a un precio muy superior al del mercado internacional, ha podido incurrir en semejantes pérdidas. "A causa de nuestra política exterior", explica un analista. "Nos hemos empeñado en abrir fábricas en Venezuela, Siria y otros países amigos, y eso ha llevado a Iran Khodro a la bancarrota". Fuera de Irán, la empresa tiene que competir con coches mejores y más baratos, frente al proteccionismo que le da ventaja en el mercado local.

"Nos estamos engañando a nosotros mismos", asegura el observador preocupado por las consecuencias de su eventual cierre. "No se trata sólo de una fábrica, sino de toda una red de proveedores. Miles de trabajadores se quedarían sin trabajo. Sería un desastre social".

El paro es la principal preocupación de los iraníes. Nadie se cree las cifras oficiales que lo sitúan en un 12,5%. "[Esas cifras] Incluyen como activos a las amas de casa y a los estudiantes", apunta el analista citado. Además, la política de jubilaciones tempranas que ha promovido Ahmadineyad para mejorar la tasa de desempleo ha duplicado el número de pensionistas en los últimos cuatro años. Más grave desde el punto de vista social, la falta de trabajo afecta a uno de cada cuatro jóvenes, en un país en el que dos tercios de la población tienen menos de 30 años.

En su primer mandato, Ahmadineyad contó con el beneficio de los altos precios del petróleo, que llegó a rozar los 150 dólares por barril en el verano de 2008. La diferencia con el valor presupuestado le permitió distribuir ayudas en efectivo a familias con bajos ingresos, pensionistas y empleados públicos. Sin embargo, el aumento de dinero en circulación y las bajas tasas de interés no han logrado impulsar las inversiones, en parte a causa de la inflación (28% en 2008) y en parte por la incertidumbre política que ha acompañado su mandato.

Ahora, el barril se sitúa en torno a los 60 dólares y está obligando a apretarse el cinturón. Para empezar, el Gobierno acaba de retractarse de un aumento en los salarios y pensiones de los empleados públicos que anunció durante la campaña electoral. Asegura que se trató de un error y que en las próximas nóminas va a deducir las cantidades avanzadas. Tampoco ayuda la crisis política. Como ha advertido el presidente del Parlamento, Ali Lariyaní, "el desarrollo no es posible sin estabilidad".