Feijóo recurrirá al Parlamento antes de derogar el concurso eólico

La anunciada revocación del concurso eólico aprobado por el Gobierno bipartito tendrá que esperar al permiso del Parlamento gallego, según anunció ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno. Feijóo quiere así que el legislativo gallego "autorice el desistimiento" en la tramitación del decreto, de modo que se blinde su derogación y se evite que la Administración tenga que indemnizar a los beneficiados por el reparto eólico todavía vigente.

La discusión del tema eólico en el Consello demoró a Feijóo, que llegó con casi media hora de retraso a la rueda de prensa. El presidente dejó para el final de su intervención el asunto de la anulación del decreto eólico, y cuando lo hizo quiso abundar en lo anunciado el miércoles por la consellería de Economía. El decreto se anula porque, según Feijóo, los técnicos jurídicos de la Xunta han encontrado en él "cuatro tachas de forma y fondo infranqueables" que vulneran la Constitución, la directiva europea y la ley estatal que regulan el sector eléctrico y también la ley gallega de Patrimonio, en referencia esta última a una participación pública en el negocio eólico que rondaba el 14% y que el actual gobierno quiere desterrar.

Los empresarios lucenses piden que se mantengan las adjudicaciones

"Han tirado por la borda 8.000 puestos de trabajo", afirma Quintana

Feijóo se refirió asimismo al nuevo canon eólico, con el que prevé recaudar entre "22 y 30 millones de euros [por año] indefinidamente", y cuya recaudación se destinará mayoritariamente a un fondo de compensación ambiental del que la mitad se entregará directamente a los municipios donde haya instalaciones eólicas, y el otro 50% a la Xunta, con "la obligación de que se invierta en los ayuntamientos afectados".El presidente avanzó, además, que "una cantidad mínima" del fondo podría emplearse para compensar -Feijóo evitó usar el término indemnización- a quienes ya hayan redactado proyectos de explotación para el sistema actual y pidan una reparación económica.

Mientras, el PSdeG opina que lo único que a la Xunta del PP no le gusta del concurso eólico es el resultado final. Su portavoz en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, explicó ayer que se mantienen en una proporción elevada los procedimientos y los criterios de adjudicación del concurso del bipartito. Con la misma línea argumental empleada el miércoles por el ex conselleiro de Industria e impulsor del concurso eólico, el nacionalista Fernando Blanco, Leiceaga vaticinó que la anulación del proceso conllevará "una guerra judicial" y un "quebrantamiento previsible de las arcas públicas", provocados por las indemnizaciones que exijan las empresas perjudicadas por la paralización del concurso.

Los parques acumularán también un retraso "considerable", que superará los dos años, consideró Leiceaga, hasta el punto de que Núñez Feijóo "no va a ver funcionando como presidente de la Xunta en este mandato nuevos parques eólicos".

El PSdeG celebró, sin embargo, lo que considera una "rectificación triple" del Gobierno del PP en cuanto a la valoración del proceso de concurrencia competitiva -que "ya estaba en el decreto"-, la intención de cobrar un canon medioambiental a los eólicos después de oponerse al hidroeléctrico, y, finalmente, el deseo de preservar la Red Natura de los nuevos parques, pero no así de las plantas acuícolas.

En similar sentido se manifestó Anxo Quintana, vicepresidente de la Xunta en la anterior legislatura y actual secretario de la Mesa del Parlamento Gallego. El político del BNG explicó, en declaraciones a Europa Press, que las empresas adjudicatarias del anterior concurso esperan ahora "decisiones en firme" para "recurrir a los tribunales", lo que acarreará "costes al erario público". "Ahora no existe un mínimo principio de seguridad jurídica para la inversión privada", señaló, devolviendo el argumento de la inseguridad legal usado por Feijóo. El ex líder del BNG añadió que la Xunta "tira por la borda 8.000 puestos de trabajo" para volver a la adjudicación "a dedo".

Entre los perjudicados por el concurso se encuentran los empresarios de Lugo, según expresó el presidente de la Confederación Empresarial Lucense (CEL), Eduardo Jiménez, informa Pablo Vázquez. El responsable de la CEL se declaró "profundamente sorprendido" por la anunciada derogación de un reparto "conseguido por parte de muchos y enmarcado, digan lo que digan, dentro de la legalidad". Jiménez señaló que lo lógico sería "intentar armonizar un decreto en el que, si había algún fallo, se podría haberse subsanado". "Deberían mantenerse las adjudicaciones", sentenció.

Respecto a las especulaciones sobre la fusión de las cajas gallegas, Feijóo criticó ayer al PSOE, cuya postura en el asunto dijo desconocer. "¿Están a favor o en contra?", se preguntó irónicamente, y añadió: "Es muy difícil pactar cuando un partido [el PSOE] no sabe lo que quiere". Feijóo volvió a incidir, eso sí, en que nadie impondrá "el escenario" de esta materia "desde fuera", y abogó por sustituir la política económica del "rumor" por la del "rigor".

La misma idea, pero en sentido contrario, transmitió Leiceaga, que llamó a la Xunta a "fijar" su posición sobre la fusión y a aprobar en septiembre en el Parlamento una proposición no de ley de los socialistas a favor de que las cajas mantengan su centro de decisión en Galicia . Sacar adelante esa iniciativa supondría, según Leiceaga, alzar una "barrera firme" para evitar la "desgalleguización" de las cajas. El portavoz socialista comentó la posibilidad de crear una federación de cajas y otros sistemas de protección, sin descartar tampoco la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.