La mayoría de las multas no llegan a la casa de los infractores

Primero va el flash. Luego la foto. Y, al final, llega la notificación. Mínimo 92 euros. Así hasta 420.000 veces el año pasado sólo en los nuevos túneles de la M-30. Se siente: 70 kilómetros por hora es el límite y el margen para traspasarlo es exiguo. Pero no sólo hay radares o se cometen infracciones en los subterráneos. Este año el Ayuntamiento de Madrid multará a más de cuatro millones de vehículos por toda la ciudad. Si los madrileños no infringieran una sola norma de tráfico, tendría que tirar de imaginación para ingresar los 270 millones de euros previstos para este año en multas, más los 30 millones de la retirada de vehículos de la grúa. Y eso es un 53% más que en 2007, algo que el Ayuntamiento atribuye a la implantación de los nuevos radares de la M-30. Invasión de carril-bus, conducir hablando por teléfono o aparecer en la foto de uno de los 30 radares son los motivos predominantes.

El Consistorio ingresa 270 millones en multas, un 53% más que en 2008

Exceso de velocidad, invadir el carril-bus y hablar por teléfono, lo más sancionado

Pero la cuestión es muy polémica. Porque el Ayuntamiento ha visto cómo algunas de sus denuncias acababan en el Tribunal Constitucional y cómo éste las anulaba. "Ha generado en el recurrente una situación de indefensión constitucionalmente relevante, al impedirle ejercer el derecho a la defensa en el procedimiento sancionador", resume en las sentencias.

Y la clave del conflicto está en el proceso de notificación, que el propio Ayuntamiento reconoce que genera indefensión. En realidad, el 60% de las denuncias, ya sea porque en su mayoría no llegan (por problemas con la dirección del domicilio), o porque el interesado no se da por notificado, son comunicadas a través del boletín oficial.

Y es que según la ley estatal, la Concejalía de Hacienda tiene sólo tres meses para comunicar la multa y, en primera instancia, debe hacerlo al domicilio que consta en Tráfico. El problema es que ese dato suele estar desactualizado. En el segundo intento, el Consistorio ya puede utilizar los datos del padrón (más actualizados). Pero el volumen de multas que gestiona, unos 4,2 millones al año (Barcelona tramita unos dos millones), hace que muchas veces no tenga tiempo de tirar de esos datos (más actualizados) y vuelva a hacerlo a la misma dirección donde ya no vive el infractor. Llegados a este punto, el Ayuntamiento lo notifica a través del BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid). Una publicación oficial que, obviamente, no leen los interesados y en la que el importe de la multa ya se ha incrementado en hasta un 50% al tratarse de la tercera comunicación. Así, una sanción que podía pagarse mediante reducción por unos 50 euros puede llegar a costar más de 300.

"El sistema es absurdo. La ley nos obliga a hacer cosas poco prácticas. Como no tenemos tiempo, muchas veces tenemos que notificar las dos veces en el domicilio de tráfico y luego pasar directamente al BOCM", explica la gerente de la Agencia Tributaria de Madrid, Rosana Navarro. "No funciona bien. Hay indefensión para el ciudadano que quiere cumplir y puede que sea injusto. Para nosotros es perder el tiempo y el dinero en estos trámites", admite Navarro.

Para hacerse una idea del volumen de denuncias que se publican en el BOCM a diario sólo hay que coger un ejemplar del boletín. El del día 15 de mayo de 2009, por ejemplo: 45.000 notificaciones. Todas ellas con el recargo de casi el 50% correspondiente para el infractor. Y con un coste de publicación, por otro lado, elevadísimo para el propio Consistorio. En total, según los datos de Hacienda, terminan comunicándose vía edicto (boletín oficial) el 60% de las multas, cuando ese debería ser un método excepcional de información.

Esto puede generar situaciones como la de una mujer de San Sebastián de los Reyes que recibió hace tres semanas 35 notificaciones de golpe por exceso de velocidad en el mismo punto kilométrico. Las empresas quitamultas lo saben y siempre plantean su recurso por ese flanco. "Está en el filo de la legalidad. En función de la notificación te puedes defender o no. Y el Constitucional es el que vela por eso", explica Pedro Javayoles, de la empresa Devuelta.

Así pues, el Ayuntamiento aplica un sistema que, aunque culpabilice a la ley estatal, es consciente de que genera indefensión en los conductores de los 1.715.000 vehículos matriculados en Madrid. En la Concejalía de Hacienda, dicen, esperan que con la nueva Ley de Seguridad Vial, cuyo primer borrador ya está elaborado, se permita notificar directamente a la dirección del padrón. Además, se incluirá la notificación a través de un tablón virtual colgado en Internet.

Pero algunos no se creen este discurso y acusan al Consistorio de tener un afán desmedido por recaudar. "Utilizan las multas como un tributo más", denuncia Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos. "Que haya más denuncias demuestra el fracaso de la política de seguridad vial. Deberían ser el último recurso para corregir conductas infractoras", insiste.

Precisamente, el punto de la ciudad donde más multas se ponen es en la salida de la autovía de Extremadura (A-5), frente al barrio de Batán. El radar, que se instaló hace poco menos de un año por indicación de un juez (para paliar el ruido del tráfico que sufren los vecinos), sanciona a unos 2.000 conductores al día. Ese cinemómetro multa a los vehículos que superan los 70 kilómetros por hora. Pero está regulado para dejar un margen de hasta 79 kilómetros por hora. El coste de superar el límite es de 92 euros como mínimo.

Cuando un infractor no paga las multas, comienza el proceso de embargo. En teoría, con una sola sanción la maquinaria se pone en marcha. Si se consigue dar con el domicilio del conductor, en seis meses puede ver como le embargan sus cuentas. Si no paga, se le puede quitar de las devoluciones de la declaración de la renta. Las malas noticias van acompañadas, y si debe otros tributos, también se cobran por la fuerza. El Ayuntamiento no dispone de una estadística del número de multas que terminan en esta medida.

Lo que sí sabe es que alrededor del 20% nunca se cobran. Esto puede ser porque no se consigue embargar las cuentas del infractor o por las lagunas que tiene el sistema. Por ejemplo, si el vehículo denunciado no está domiciliado en la Comunidad de Madrid, la mayoría de notificaciones se pierden por el camino y nunca se cobran esas multas. El Consistorio firmó un convenio con Tráfico para que eso no sucediera, pero la realidad es que todavía miles de vehículos que cruzan el país por la capital están blindados contra los radares municipales.

Según un estudio de Automovilistas Europeos (realizado con 50.000 expedientes), el exceso de velocidad es la principal causa de pérdida de puntos en Madrid (39,3%). Le sigue la invasión del carril bus (25,2%), conducir hablando por teléfono (11.9%) y saltarse un semáforo en rojo (10,4%). Precisamente, en este último tipo de infracción la mayoría de multas que han llegado a esta asociación de automovilistas se pusieron en el Paseo de la Castellana, 167, y en la calle de Hermanos García Noblejas, 123. Además, el mismo informe revela que sólo el 6,3% de denuncias conlleva la pérdida de puntos.

Desde el Área de Movilidad, la parte ejecutora de las multas, destacan el descenso de muertes en la capital desde que se empezaron a colocar los radares para justificar las sanciones. Frente a los 104 muertos de 2000, el pasado año terminó con 41 fallecimientos. Ése, explica el coordinador general de Seguridad, Jesús Mora, es el aval de los radares. Pero más importante que los cinemómetros (24 fijos y seis móviles) es la entrada en vigor del carné por puntos. En lo que va de año, 15 personas han perdido la vida en accidentes en la ciudad y ninguno en los túneles de la M-30.

Y pese al gran volumen de multas en los subterráneos, sólo el 0,8% de los vehículos que han pasado por ahí han sido sancionados. "Que a principios de año haya objetivos responde a un fallo de las campañas de control. Hay una norma que es, a mayor número de sanciones, menor resultado de las campañas", explica Antonio Lucas, coordinador de Seguridad Vial del RACE.

Pese a todo, la realidad es que los ingresos por multas y por la retirada de vehículos mal aparcados de la grúa municipal suponen alrededor del 7% de los ingresos del presupuesto municipal. Una cifra difícil de sustituir.