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lunes, 16 de marzo de 2009
Los escándalos que afectan al PP

PSOE e IU señalan a Aguirre como responsable directa del espionaje

La mayoría absoluta del PP impone hoy sus conclusiones exculpatorias en la comisión

Hubo "espionaje político" en la Comunidad de Madrid y no pudo hacerse "sin el respaldo de Esperanza Aguirre". No es la conclusión a la que llegará hoy la fugaz comisión de investigación del Parlamento madrileño, porque en ella tiene mayoría absoluta el PP, que sostiene lo contrario e impondrá sus tesis. Pero sí es la que defenderán hasta el final las portavoces de la oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU). Los dictámenes que presentarán ambas ante la comisión -a cuyos borradores ha tenido acceso este periódico- apuntan expresamente a la responsabilidad de la presidenta regional y subrayan que, si no se ha podido investigar más, ha sido porque el PP no quiso.

- "Una o varias tramas". "Podemos dar por acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior", rezan las conclusiones "provisionales" del PSOE. Conclusiones que los socialistas no dan por definitivas porque aspiran a reabrir la comisión con la ayuda del Tribunal Constitucional. La propuesta de dictamen de IU también incide en lo fundamental, el diagnóstico: "Los datos conocidos sobre seguimientos y su mayoritaria coincidencia con las agendas públicas y privadas de los espiados dan credibilidad a la existencia de una estructura organizada para obtener información sobre personas al margen de la legalidad", dice el texto.

- Pruebas "irrefutables". Los socialistas subrayan que las víctimas del presunto espionaje "dieron y continúan dando verosimilitud" a los partes publicados por EL PAÍS: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada confirmaron que lo que figura en esos documentos de seguimiento coincide con su agenda de aquellos días, lo que los convierte en "pruebas irrefutables". Ante la "evidencia" de esas pruebas, el PP se ha dedicado a "tratar de deslegitimarlas", usando para ello "recursos públicos". "No para investigar en profundidad los hechos acaecidos, sino para deslegitimar las pruebas de estos hechos", denuncia el PSOE, que recuerda que la reciente comunicación de la fiscalía dando verosimilitud a los partes "despeja cualquier duda".

También IU concluye que las incongruencias o errores de transcripción que aparecen en algunos de esos documentos -utilizadas por el PP para tachar de "falso" todo el caso- no ponen en cuestión su veracidad. Y destaca que el seguimiento a Alfredo Prada, "el más intenso", tuvo efectos políticos: "fue cesado".

- Los responsables. "No se pudo hacer sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos", sentencia el borrador del dictamen de IU, señalando directamente a la presidenta como la persona que ordenó o consintió el seguimiento a políticos del PP. "Los hechos y las declaraciones nos llevan a la hipótesis de que existían razones políticas para los espionajes", añade.

El PSOE, después de recordar que "la mayoría de los espiados son o han sido rivales directos de Aguirre", pone igualmente el peso en la presidenta, aunque de forma menos tajante: Aguirre es "la máxima responsable política del asunto del espionaje político en la Comunidad de Madrid", así como del "bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos forzando un cierre abrupto de la comisión". Y, justo por debajo de la presidenta, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, cuyo "cese inmediato" piden por enésima vez los dos grupos de oposición, porque en su consejería "se localizaron las actuaciones".

Los socialistas proponen, por otro lado, la "supresión" de ciertos puestos de trabajo que contribuyen a crear estructuras paralelas en la red de seguridad autonómica; empezando por la dirección del Área de Seguridad, ocupada por Sergio Gamón.

- Una comisión "inconclusa y manipulada". "La falta de interés por parte del Gobierno regional para investigar los hechos; el veto a comparecer a los espiados y el manejo que se ha hecho de la comisión de investigación nos hacen concluir que [la Comunidad] es responsable también, por omisión, de que no se sepa la verdad", afirma el borrador de dictamen de IU. El PSOE coincide en que el PP ha diseñado una estrategia para tapar los hechos y bloquear la investigación, dando lugar a una comisión "inconclusa y manipulada". Por eso, ambos grupos exigen que se reabra la frustrada investigación parlamentaria.

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