La expansión de las cajas disparó su riesgo asumido

La desregulación de 1988 quitó las barreras de expansión de las cajas de ahorros, hasta ese momento ceñidas a su ámbito natural. Desde entonces se observa un incremento intenso del crédito a familias y a empresas. Ese proceso ha comportado, por una parte más productividad para las cajas, pero también una exposición mayor a la morosidad, agravada en una situación de crisis como la actual. Es una de las conclusiones del estudio Liberalization, Corporate Governance, and Savings Banks (Liberalización, Gobierno Corporativo y Cajas de Ahorros), realizado por el profesor de Contabilidad Financiera y Análisis Contable de la Universidad Jaume I, Manuel Illueca, junto a Lars Norden y Gregory F. Udell, de las universidades de Mannheim (Alemania) e Indiana (Estados Unidos).

Illueca pone el énfasis en la estructura de gobierno de las cajas, que es "distinta" y "más débil" que la de los bancos comerciales al tener menos mecanismos de control corporativo, por lo que consideraba interesante estudiar cómo interactúa la desregulación con mecanismos de control débiles. Los autores han concentrado el estudio en las empresas que obtenían créditos fuera de los ámbitos naturales de las cajas y han concluido que la expansión comportó un incremento del riesgo asumido, como ahora, en una situación complicada, demuestran los índices de morosidad, que en la media superan en un 1,5% a los bancos. Pero Illueca advierte de que ello en realidad supone alrededor de un 35% más que los bancos comerciales.

En su expansión, las cajas han prestado a empresas con mayor probabilidad de insolvencia. Conocen menos las zonas en las que se implantan y consiguen prestatarios de menor calidad. El estudio analiza el "riesgo ex ante" (antes de que se produzca la suspensión de pagos) y los resultados son peores que los indicadores financieros de las empresas a las que los bancos de la zona están prestando. Pero también son peores que los indicadores financieros de las empresas a los que las cajas están prestando en su ámbito de actuación.

Según documenta la literatura bancaria, explica Illueca, la presencia pública en la banca siempre se traduce en rendimientos inferiores a los bancos privados y es propia de países con sistemas financieros menos desarrollados. Asimismo, subraya, diversos estudios confirman que la influencia política se extiende a la concesión de créditos. El estudio de Illueca no aborda este asunto, pero constata la debilidad de los órganos de gobierno de las cajas caracterizado por la presencia de representantes políticos. Las comunidades autónomas se atribuyeron la posibilidad de nombrar representantes en las cajas y consejeros, a costa de las corporaciones locales. Cuando hay presencia de políticos nombrados por los gobiernos autónomos, constata Illueca, la expansión del crédito de las entidades, aun siguiendo criterios razonables, es más intensa que las de las otras cajas.

La desregulación, expone Illueca, no previno cambios en los órganos de gobierno corporativo, es decir, mayores contrapoderes que evitaran una mayor asunción de riesgos, lo que ha llevado a "resultados inesperados". El profesor ve en las fusiones un método para disciplinar a los consejos de las cajas, dada la poca predisposición de los órganos de las cajas a renovarse cuando hay malos resultados. Considera que deben acabar las restricciones que constriñen las fusiones a la propia comunidad autónoma y que el proceso debe acompañarse de una despolitización de las cajas. "La despolitización va a plantear muchos problemas, pero estamos ante una crisis que lo exige", explica. Desde su punto de vista, sería necesario que el propio mercado pudiera disciplinar a las entidades comprándolas. "Es el mecanismo de la OPA. Si la empresa está mal gestionada, el precio de las acciones cae y un grupo de presión compra y el consejo anterior se va a la calle", ilustra. Con todo, considera que este sería el último paso, tras las fusiones.

El estudio aborda el período entre 1996 y 2004, que coincide con la época de expansión económica, y en la base de datos analiza 117.000 cuentas anuales de todas las cajas de España. El trabajo, que está sometido a críticas de especialistas desde su inicio en congresos internacionales y que será publicado en una revista americana, constata que la influencia política en las entidades llega a ser determinante.