"El hartazgo de los jueces ha llevado a esta catarsis"

Marcelino Sexmero, salmantino de 47 años, recibe a El PAÍS en su despacho del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Es el portavoz de la moderada Asociación Francisco de Vitoria, la segunda de España en afiliados (570). Su asociación y la del Foro Judicial Independiente, la cuarta en afiliados (260), se han desmarcado de las otras dos (la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia) y han convocado para el próximo día 18 la primera huelga de jueces de España.

Pregunta. ¿Por qué están tan desatados los jueces?

Respuesta. Hay un hartazgo. Cuando empecé, con 27 años, estábamos en un edificio judicial con tantas goteras que había que entrar con paraguas. Si entonces me dicen que ahora, muchos años después, estaría de huelga, no me lo habría creído. Pero es que seguimos teniendo el mismo sistema informático que hace 20 años. Hay una especie de catarsis. Sobre todo en los jueces más jóvenes. Al juez cada vez se le da mayor responsabilidad punitiva pero, en cambio, no se le dan los medios para desarrollarla. Siempre hemos estado callados, en silencio, en medio de presiones políticas, mediáticas y desconsideración incluso de los propios justiciables. Todo eso ha ido calando.

"El propio carácter de Bermejo ha sido un caldo de cultivo de este paro"

P. ¿Tiene citados a encausados para el 18-F?

R. Sí, a 10 imputados. Cuando lleguen al juzgado se les dirá que el juez está en huelga y se pospondrá la cita.

P. El Gobierno dice que la huelga es una acción corporativa fruto del caso Mari Luz.

R. Eso sólo es la punta de iceberg. El expediente en sí al juez Tirado no causó ningún problema. ¿Qué provoca todo esto? La reacción política: es decir, que el Gobierno le diga al Consejo del Poder Judicial que tiene que imponer tres años de expulsión al juez. Es cuando ese caso nos llama la atención. Lo miramos y vemos que, bueno, es una actuación anómala. ¡Pero de ahí a la expulsión! Daba la sensación de que el asesino no era el pederasta, sino el juez. Desde el punto de vista jurídico, es lo que se llama la teoría de la responsabilidad objetiva, que es de corte fascista.

P. Aun así llama la atención que lo del juez Tirado se haya saldado con una pequeña multa y que la secretaria del juzgado haya sido suspendida dos años por el Ministerio de Justicia.

R. Lo de la secretaria no tiene nombre. Su sanción fue una voluntad política. ¡Ponerle dos años por no dar cuentas al juez de una ejecutoria concreta, de las miles que hay, uff! Eso nos puede pasar en cualquier momento a todos.

P. ¿No temen ser expedientados si van a la huelga? La portavoz del Consejo ha dejado entrever que podrían depurarse responsabilidades.

R. Habría que sancionar a 1.500 jueces. Y abrir expedientes disciplinarios por ejercer el derecho a la huelga, que no está prohibido, nos llevaría a recurrir ante los tribunales. Y lo que ha dicho la portavoz de que la huelga es ilegal -no es verdad que el Consejo haya dicho eso-, ha calentado todavía más a los jueces.

P. Las otras dos asociaciones les tildan de desleales y de la ruptura de la unidad judicial.

R. El pacto inicial entre las cuatro asociaciones buscaba la unidad. Y eso se logró. Vincular la tabla conjunta de reivindicaciones a la huelga del 26 de junio y que la APM [mayoritaria y conservadora] lo apoyase, fue un éxito para unir a toda la carrera. Pero ese acuerdo se supeditó a que las negociaciones con Justicia fueran más o menos exitosas. Pero no fue así: nos dieron un portazo a la primera. Si vamos a negociar y el ministro [de Justicia, Mariano Fernández Bermejo] dedica la primera hora a ponernos a parir, a decir que no tenemos legitimidad, no parece que tenga voluntad negociadora. Esta huelga, aparte del caso Mari Luz, tiene otro caldo de cultivo, el carácter del propio ministro, que echa leña al fuego en vez de negociar.

P. ¿Qué quieren los jueces?

R. Que la opinión publica y los políticos tomen conciencia de que la Justicia no se puede dejar más tiempo, necesita una reforma estructural completa. No se nos puede hacer responsables de que se nos pase el plazo de una prisión provisional si tenemos que depender de una hojita con anotaciones.

P. Pero el Ministerio de Justicia ha ofrecido 20 millones para modernizar la informática y 150 juzgados anuales más.

R. Eso es insuficiente. Que se pongan en serio a hablar de esto. Los jueces italianos se quejan de que tiene mucho trabajo, y tienen el doble de juzgados que nosotros. Pedimos 1.200 jueces más en cinco años para equipararnos a la media europea. Las plazas que ofrece Justicia son ficticias, porque cada año se producen unas 100 bajas. Por tanto, casi estaríamos en las mismas.