Un proyecto de 11.000 millones da por cerrada la Operación Chamartín

El noreste de la capital se prepara para llenarse de zanjas, vallas y agujeros. La Operación Chamartín, la mayor actuación urbanística de los próximos 30 años según el Ayuntamiento de Madrid, ya está rubricada. Dos de las tres administraciones propietarias de terrenos (Ministerio de Fomento y Consistorio; la otra es la Comunidad) firmaron ayer el acuerdo después de 15 años de disputas, en las que también terció el Gobierno regional, para ver cómo se repartía el coste de la operación, que afecta a tres millones de metros cuadrados.

La construcción de un nuevo barrio sobre las vías (soterradas) del tren desde la estación de Chamartín hasta la M-40 supondrá una inversión de 10.953 millones de euros. Las obras, que arrancarán en 2010, generarán 22.000 puestos de trabajo hasta que culminen, en 2022. "Es la gran respuesta que el Ayuntamiento y el Gobierno queremos dar a la crisis", dijo el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

Los propietarios pagarán 1.800 millones para infraestructuras

El conflicto por el derecho de los reversionistas sigue en el aire

Junto a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, hizo ayer la puesta en escena del cierre de una operación en vilo desde hace cinco lustros. Los acompañaban responsables políticos y empresarios, que también tienen su parte en el proyecto. Faltaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pero sólo por cuestiones formales. Para firmar precisa el acuerdo del Consejo de Gobierno y de la Comisión de Urbanismo.Sobre los terrenos de la Operación Chamartín, situados al noreste de la capital, se levantarán 16.000 viviendas, de las que 4.000 serán de protección oficial (la cifra barajada hasta ahora era de 2.000). Uno de los tres millones de metros cuadrados se dedicará a oficinas y hoteles.

El plan incluye la ampliación y remodelación de la estación de Chamartín, que aumentará en un 50% sus vías (de 21 a 32 más). Los raíles se soterrarán.

La clave para que la operación haya salido adelante son 1.800 millones de euros que se dedicarán a infraestructuras en la zona y que deberán pagar los propietarios del suelo. Servirán para urbanizar la nueva zona, que prolonga en 2,8 kilómetros el paseo de la Castellana (ahora tiene 6,3), y costear su conexión con la M-30 y la M-40. También se financiará la prolongación de la línea 10 de metro (cinco nuevas estaciones), cinco carreteras transversales de este a oeste, el soterramiento de las vías de Chamartín y la sustitución de las conducciones del Canal de Isabel II.

El mapa de propietarios de estos terrenos es amplio y complejo. Fomento es el principal dueño de suelo, con casi el 66,2% (2.067.834 metros cuadrados). Pero en 1993 firmó un acuerdo con la empresa privada Desarrollo Urbanístico de Chamartín, DUCH -formada en un 72,5% por el BBVA y un 27,5% por la Constructora San José-, por el que le cede la explotación del suelo.

Varios propietarios privados tienen el 18% (557.205 metros cuadrados). Le sigue el Ayuntamiento, con el 10,2% (319.458 metros cuadrados) y por último, la Comunidad de Madrid, con el 5,6% (176.161 metros cuadrados). Todos ellos deberán responder proporcionalmente hasta sumar los 1.800 millones de euros. Ésa ha sido precisamente la guerra tanto de Aguirre como de Ruiz-Gallardón en los largos años de negociaciones infructuosas. Los dos exigían al Ministerio de Fomento, el propietario mayor, que pagara el grueso de las infraestructuras.

Otros 1.000 millones más irán también para pagar las vías de conexión. Son los que DUCH abonará a Fomento por beneficiarse de los más de dos millones de suelo público propiedad del ministerio. Con ese dinero, el departamento pagará el túnel de alta velocidad entre Atocha y Chamartín, la conexión de Cercanías entre Chamartín y la T-4 del aeropuerto de Barajas y la remodelación de la estación.

Paralela a la macrooperación, está la construcción del Nudo Norte de la M-30. Costará 1.400 millones. Un dinero que saldrá íntegramente del bolsillo del Ayuntamiento con las plusvalías de su porción del pastel.

Con todo, casi 100.000 habitantes se beneficiarán de las nuevas infraestructuras que vertebrarán el nuevo eje entre la estación de Chamartín y la M-40. Por una parte, los 50.000 que habitarán las 16.000 nuevas viviendas Y, por otra, los residentes de los barrios vecinos del norte de la capital: Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo.

La última pata de la operación son los reversionistas. Más de 1.000 familias descendientes de aquellas expropiadas a mediados del siglo pasado para construir la estación de Chamartín. Con la firma de ayer, esos terrenos que se quedó el Estado para uso público pasan a ser urbanizables. Por eso piden una indemnización por las plusvalías que genere el cambio de uso.

Para defender sus derechos, los herederos están organizados en la Asociación de Reversionistas No Abuso. Llevan peleando por la vía judicial desde 1997 y el caso está ya en la Audiencia Nacional. Mientras, han abierto también la vía de la negociación económica. Una empresa privada gallega ajena a la Operación Chamartín llegó a un acuerdo con ellos en octubre del año pasado. Les paga 286 euros por metro cuadrado y a cambio les compra los derechos de explotación sobre los metros expropiados a sus ancestros. Luego ya es cosa de la constructora negociar con DUCH su parte del pastel.

Pero no está claro que los reversionistas vayan a conseguir el reconocimiento de esos derechos. Ayer nadie en el ministerio hizo mención a los descendientes de propietarios. Ni siquiera les invitaron a la presentación. Antonio Vázquez, el abogado de la asociación, confía en que les llamarán en breve para firmar un acuerdo. Pero por ahora, nadie lo ha hecho. La vía judicial sigue abierta. Vázquez dice que el veredicto es inminente. Seis meses como mucho. En octubre del año pasado ya decía que quedaban seis meses. Y mientras la resolución se dilata, las administraciones han firmado un acuerdo.