El viaje a ninguna parte de Ciudadanía en inglés

La apuesta personal del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de dar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés se ha convertido en la última semana en un viaje a ninguna parte desde que su consejero, Alejandro Font de Mora, anunciara el pasado martes su disposición a abrir un "proceso de negociación" con todos los representantes legales del sector educativo para pactar una moratoria "parcial o total" de la orden antes del próximo sábado 29, fecha en que está convocada en Valencia una manifestación para protestar contra la gestión de la política educativa.

El boicoteo por parte de la Generalitat a la asignatura de Ciudadanía, a la que considera un instrumento de "adoctrinamiento socialista", se ha transformado en la primera revuelta de todo el sector de la enseñanza pública contra la política educativa del PP. La primera vez fue hace 8 años. En esta ocasión existe un elemento diferencial respecto de aquella movilización: Esta vez la Administración educativa se ha agrietado por dentro: los directores e inspectores, sometidos al régimen del Estatuto del Funcionario, se han negado a llevar a delante lo que califican de "arbitrariedad administrativa".

"El inglés es la lengua vehicular del mundo", afirmó Camps al anunciarlo

El Consell se enfrenta a la mayor revuelta educativa desde hace 8 años

Ahora, la mano tendida de Camps a la negociación aparece como un intento de ganar tiempo ante la movilización, que puede desembocar en una huelga el 17 de diciembre. La Generalitat quiere buscar una salida "consensuada" al interminable conflicto en que se ha enzarzado con todos los actores implicados en el desarrollo de la enseñanza pública.

Qué pretende Camps con esta oferta es algo que se desconoce. La única certeza es que con el anuncio de Font de Mora comienza el viaje final de lo que a ojos de todos los sectores educativos nunca dejó de ser una "ocurrencia" que ha acabado enfrentando a profesores, alumnos, directores y a parte de la inspección educativa con la Administración autonómica, tras casi tres meses de protestas.

Lejos parece ya el 19 de septiembre de 2007, cuando Camps aprovechó la cumbre mundial de la educación de la OCDE, para anunciar a bombo y platillo que la asignatura de "Educación para la Ciudadanía se impartirá en inglés porque es la primera lengua vehicular del mundo".

El anuncio dejó atónita a la ministra de Educación Mercedes Cabrera, presente también en la cumbre, quien se encargó de recordarle al presidente, con el secretario general de la OCDE de testigo, que "el inglés es una apuesta de la Ley Orgánica de Educación (LOE)" aprobada por el Gobierno con la oposición del PP. Cabrera subrayó ante Camps "el retraso acumulado por España en el aprendizaje de las lenguas extranjeras". Nada más. Pero tampoco nada nuevo.

Al tiempo que el presidente realizaba este anuncio, el consejero Font de Mora confirmaba que desde hacía tiempo el Con-sell estudiaba que Educación para la Ciudadanía se implantara "dentro del Plan de Extensión del Trilingüismo (Pextri)", del que participan 43.000 alumnos de 290 colegios. Un plan que, tras un año de análisis de los planes plurilingües, se ha demostrado otro fracaso en sí mismo. Ni todos los alumnos dan más inglés en los colegios de Primaria adscritos al Pextri (porque su desarrollo depende del voluntarismo del profesorado), ni los alumnos de Secundaria llegan más formados. Tres de cada 4 alumnos de 2º de ESO suspenden el inglés.

El hecho de que ni el profesorado encargado de impartir la asignatura, ni los alumnos que debían recibirla tuvieran la formación mínima en inglés para explicar y entender la asignatura no arredró a la consejería que, el pasado 16 de septiembre, decidió seguir adelante con todo. Font de Mora sólo encontró 11 profesores -de "apóstoles" los calificó- capaces de impartir en inglés Ciudadanía. Y el resultado entre el alumnado no pudo ser peor. En la primera prueba celebrada en 3 institutos de Alicante suspendieron 201. Sólo 2 estudiantes, ingleses, por cierto, superaron los exámenes. En el instituto Sos Baynat de Castellón hubo más suerte: Aprobaron 7 de los 150 alumnos que cursan la asignatura.

Un año antes, Font de Mora se había comprometido a "poner en marcha todos los mecanismos para que los profesores que han de impartir Ciudadanía tengan la capacidad suficiente como para explicar las clases en inglés". Y añadía: "Como responsable de la educación quiero, siguiendo las directrices del presidente, que el inglés tenga un desarrollo máximo". No se puede decir que haya alcanzado sus objetivos.

Pero la razón de fondo del conflicto se encuentra en el boicoteo del PP a la asignatura. Font de Mora ya advirtió en su día que si el PP ganaba las elecciones generales del pasado mes de marzo, derogarían la materia. Como las urnas les negaron el acceso a la Moncloa, los populares el pasado 22 de septiembre volvían a ratificarse en su decisión de prescindir de Ciudadanía "por su carácter doctrinario" si alcanzan el poder.

El PP no gobierna en España, pero sí en la Comunidad Valenciana y el Consell aplica la doctrina de su partido, disfrazada de promoción del inglés. El resultado es que directores de instituto, profesores, alumnos y las federaciones de padres han tachado esta fórmula de "disparate educativo" y acusado al consejero de "autoritario" y mal gestor, por lo que piden su dimisión.

Después de tres meses de caos en las aulas, todos los agentes educativos que rechazan la Ciudadanía de Camps se han aglutinado en la Plataforma per l'Ensenyament Públic que le ha plantado cara al Consell logrando que, en apenas dos semanas, la consejería pasara de declarar que "el inglés es el punto de inflexión innegociable" a anunciar una moratoria de su "innegociable" propuesta.

Pero el margen negociador de Font de Mora es muy estrecho por su actitud desafiante y tras años en que la enseñanza pública haya sufrido por problemas como el fracaso escolar, los barracones o la falta de profesores especializados, entre otros.