Bruselas considera ilegal el 'céntimo sanitario' que aplican las autonomías

Bruselas sigue su particular cruzada contra el céntimo sanitario, que el Gobierno y seis comunidades autónomas aplican, en algunos casos desde 2002, sobre la venta de carburantes, y cuya recaudación -más de 400 millones de euros entre las seis en 2007- se utiliza para financiar la sanidad. La Comisión Europea dictaminó ayer que esta figura tributaria vulnera la legislación comunitaria y exige a España que la modifique. Si no lo hace en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

La Comisión anunció en un comunicado el envío a España de un dictamen motivado, el segundo paso en los procedimientos de infracción. La Comisión ya había mandado sendas cartas de emplazamiento al Gobierno español, una en 2003 -tras la puesta en marcha del céntimo sanitario en 2002- y otra en 2006. Desde esa fecha, el Gobierno socialista ha mantenido "varias conversaciones" con Bruselas, pero sin llegar a ningún acuerdo.

El Ministerio de Economía y Hacienda defiende la legalidad de esta figura tributaria -formalmente se llama Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos-, pero se muestra "abierto y flexible" a buscar vías de solución con la Comisión Europea, aseguró ayer un portavoz del ministerio. Eso sí, "siempre que las comunidades autónomas mantengan la capacidad normativa sobre el impuesto", subrayó.

A Bruselas el céntimo sanitario no le gusta, sobre todo por dos razones. La primera, porque se aplica después de haber gravado el impuesto especial sobre hidrocarburos, que está armonizado en toda la UE. Es decir, se grava cuando los productos -los carburantes- se venden al comprador en la gasolinera, y no antes.

Hacienda no considera esto un escollo insuperable: "Si Bruselas quiere que lo gravemos antes, nos pondremos de acuerdo", avanzaron fuentes del ministerio.

La segunda razón se aventura más espinosa. La Comisión Europea entiende que el impuesto español no tiene una "finalidad específica" -contribuir a financiar el gasto sanitario-, tal y como exige la legislación comunitaria. Sostiene que su objetivo es "fortalecer la autonomía de las comunidades proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales".

"Si lo que pretende Bruselas es que las comunidades autónomas no tengan capacidad normativa, nos van a tener enfrente", según fuentes del ministerio de Economía y Hacienda.

El céntimo sanitario permite a las autonomías aplicar un recargo máximo de 2,4 céntimos por litro de carburante para destinarlo íntegramente a financiar la sanidad. Hasta el momento, lo utilizan Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Asturias.

Esta última, por ejemplo, lo aplica desde 2004, con la oposición de los transportistas, tanto de mercancías como de pasajeros. Asturias recauda alrededor de 20 millones de euros por este concepto, informa Javier Cuartas.

Bruselas exige a España la retirada del "céntimo sanitario" por ser ilegal