Los hijos y nietos de emigrantes y exiliados podrán obtener la nacionalidad española

Los descendientes de emigrantes españoles en general, y los hijos y nietos de exiliados en particular, podrán obtener la nacionalidad española sin necesidad de que sus progenitores hubieran nacido en España, tal y como ahora exige la ley. Esta medida, que arrastra un enorme significado social y emotivo, puede afectar a un millón de personas, según estimaciones del Gobierno. El Grupo Socialista la introdujo ayer en la llamada Ley de Memoria Histórica, a través de una enmienda transaccional, con el acuerdo de la mayoría y la excepción del Partido Popular.

El PP muestra su rechazo a la medida por no haber sido consultado, aunque comparte la filosofía del proyecto

La reforma se ha sacado de la Ley de Adopción Internacional por temor a que no hubiera tiempo para aprobarla

La Ley de Memoria Histórica hará que no sea necesario que el padre o la madre del interesado hubieran nacido en España

Para evitar el colapso de los Consulados y de la Administración en general, el artículo no entrará en vigor hasta dentro de un año y se aplicará durante los dos años siguientes, con la posibilidad de prorrogarlo un año más.

La introducción por sorpresa de la enmienda -un compromiso del PSOE y casi personal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- en un tema tan sensible provocó el enojo del PP, que reprochó duramente a los socialistas que no hubieran tenido "la cortesía parlamentaria" de tratar de acordar la norma con ellos. El enfado se tradujo en un no a la enmienda, que fue defendida por el diputado socialista Daniel Fernández, coordinador de los diputados socialistas catalanes en el Congreso, ya que el resto de la ley fue explicada por su compañero madrileño Juan Antonio Barrio de Penagos.

La explicación de esta enmienda, acordada con IU-ICV y asumida por CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y Grupo Mixto, dice lo siguiente: "La presente ley amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado (hijos) de quienes hubiesen sido originariamente españoles [nacidos en España o hijos de nacidos en España que emigraron o se exiliaron]". Y aquí se queda el requisito. En la reforma del Código Civil de 2002 se añadía que, además, tenían que haber nacido en España. "Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes hasta el segundo grado (nietos) de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la dictadura".

De esta manera, en la misma ley se da satisfacción tanto a los emigrantes como a los exiliados. Después de la exposición de motivos se incluyen tres párrafos que sin duda serán meticulosamente analizados por muchos ciudadanos descendientes de españoles que viven en países extranjeros, singularmente en América Latina.

Plazo de dos años

"Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año". En el siguiente punto se establece la ampliación a los nietos de los exiliados: "Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". Ahora bien, todavía hay tiempo para precisar algún requisito hasta que la ley se apruebe el próximo día 31 e incluso, si hiciera falta, en su paso por el Senado también podría hacerse alguna modificación. En esa tramitación, el PP podrá plantear sugerencias o propuestas de modificación.

Ha sido el PSOE, durante esta legislatura, el que ha impulsado con más fuerza el reconocimiento de derechos a los hijos de exiliados y a los llamados niños de la guerra.

No obstante, el Partido Popular siempre ha aprobado la ampliación de derechos que el Gobierno socialista ha propuesto en esta materia.

Y una promesa del propio Zapatero fue la ampliación de la concesión de la ciudadanía española, que se deriva del Estatuto de Ciudadanos Españoles en el Exterior, aprobado en 2006 e impulsado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.

Ambos dirigentes se comprometieron a aprobar esta ley ante cientos de españoles con los que se han reunido en sus viajes por América Latina. Pero las luces rojas empezaron a encenderse y el riesgo de que no pudiera aprobarse crecía. El Gobierno incluyó esta reforma para la obtención de la nacionalidad en la Ley de Adopción Internacional, cuya aprobación está ahora en duda ante la oposición creciente, por distintos motivos, de varios grupos parlamentarios.

Así las cosas, anteayer se decidió sacar esta reforma de la Ley de Adopción y asegurarse su aprobación dentro de la Ley de Memoria Histórica. Una vez hecho el cambio, el portavoz socialista, Diego López Garrido, concluyó que éste es su sitio, ya que sus destinatarios lo son por la Guerra Civil y la dictadura, "ya fuera por exilio político o por la situación de pobreza y miseria" que provocó la dictadura.