Las gestoras deberán presentar al consumidor las tres mejores ofertas para unificar su deuda

El Gobierno ultima la norma que regulará la actividad de las empresas que han irrumpido en el negocio de la gestión de créditos hipotecarios y la unificación de deudas. El Ejecutivo atiende así la reclamación de la banca, del Defensor del Pueblo y de asociaciones de usuarios, aunque a medias. Frente a la petición de que se les aplique la misma supervisión que a las entidades financieras, la norma reitera que los controles vendrán de Consumo. En la agrupación de deuda, las gestoras independientes deberán hacer tres ofertas con las propuestas más ajustadas a las necesidades del consumidor.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció ayer, en un foro organizado por Cinco Días, un avance considerable en la norma que regulará los nuevos servicios de intermediación y de gestión de créditos. El Gobierno enviará "en los próximos días" el anteproyecto de ley al Consejo de Estado, paso previo para su aprobación por el Consejo de Ministros. Pero al mismo tiempo, Vegara admitió que "no es fácil" que la ley se apruebe esta legislatura, ya que las Cortes se disuelven en menos de tres meses.

Las gestoras e intermediadoras de créditos han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, que ha corrido parejo al mayor endeudamiento de las familias españolas. Su función es buscar los mejores productos financieros y negociar una mejora en las condiciones para ofrecer a su cliente un crédito (de consumo o hipotecario) o reunificar todas sus deudas en un nuevo préstamo. Pero, en muchos casos, la información suministrada es incompleta o engañosa, se cobran comisiones leoninas y la atención de las reclamaciones brilla por su ausencia.

Por no saber, no se sabe cuántas empresas operan en este negocio. La nueva norma obliga a que se inscriban en registros públicos creados por las comunidades autónomas. Y a que se desarrolle un registro estatal dependiente del Instituto Nacional del Consumo. Vegara recalcó que la norma se centra en "proteger los derechos de los consumidores". Y argumentó que, al no ser "entidades de depósito", como los bancos o las cajas de ahorros, no deben estar bajo la supervisión del Banco de España.

La norma extiende las obligaciones que ya tienen las entidades financieras en materia hipotecaria a estos nuevos operadores. Así, deberán publicar sus tarifas y atenerse a ellas. Las comisiones "deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados". En sus anuncios, tendrán que hacer constar la tasa anual equivalente (TAE), que incluye junto al tipo de interés, las comisiones de apertura y cancelación. Y presentarán al cliente una oferta vinculante que tendrá una validez de diez días.

Cautelas

Las cautelas se intensifican en el caso de la intermediación para agrupar deudas. Las empresas dedicadas a esta actividad deberán indicar si son dependientes o no de entidades financieras (sólo podrán cobrar por su servicio si son independientes). Las gestoras independientes seleccionarán "entre los productos que se ofrecen en el mercado" los que mejor se adapten a las necesidades del cliente. Y deberán hacer "tres ofertas vinculantes" entre las que el consumidor podrá elegir tras ser asesorados. Además, por si se arrepiente, el cliente tiene un plazo de 14 días en el que puede dejar sin efecto el contrato.

Vegara dedicó la mayor parte de su intervención a la situación económica, con palabras muy similares a las que ya empleó hace unos días ante la comisión de Presupuestos del Congreso. Indicó que el Gobierno aún "se siente cómodo" con la previsión de un crecimiento del 3,3% para 2008 que formuló en julio. Y adelantó que es "muy posible" que en el próximo programa electoral socialista recoja una propuesta "concreta" para volver a subir el salario mínimo, una exigencia ya planteada por los sindicatos.