Los dos tonos del nacionalismo vasco
Lo que menos se esperaba el PNV es que su campaña municipal para el día 27 girara en torno a la corrupción. Los nacionalistas siempre han considerado que eso eran "problemas de Madrid" (es decir, de todo lo que está más allá de Miranda de Ebro) y, de repente, en plena campaña, el escándalo salta en la joya de la corona de la autonomía vasca: la Hacienda Foral y las oficinas de recaudación de impuestos. La trama cae de lleno en el Partido Nacionalista Vasco porque el ex jefe de la Oficina de Irún, José María Bravo, imputado por quedarse presuntamente con parte del dinero recaudado, es nacionalista y, sobre todo, porque es hermano del senador del PNV Víctor Bravo, que fue, mala casualidad, director de la Hacienda guipuzcoana. La reacción del partido ha sido, sin lugar a dudas, fulminante: la denuncia ante la fiscalía ha partido de la propia Diputación guipuzcoana, el senador se ha visto obligado a presentar la dimisión y ya se han anunciado nuevos mecanismos internos de control, quizás para hacerlos tan desconfiados como los mecanismos internos de control de la Hacienda española.
La preocupación peneuvista quedó de manifiesto en el mitin celebrado el pasado miércoles en una carpa instalada frente al Ayuntamiento de Irún. Acudieron nada menos que el lehendakari, Juan José Ibarretxe; el presidente del partido, Josu Jon Imaz; el candidato a diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar. El único que no habló fue Egibar, visiblemente molesto porque todo esté ocurriendo en su zona: el caso Bravo sucede, además, a otro presunto caso de corrupción, el llamado caso Jauregi, que hace escasamente dos meses se llevó por delante a su mano derecha y primer candidato a diputado general guipuzcoano, Jon Jauregi. Ocurrió que quien se iba a encargar de Hacienda tenía abundantes propiedades inmuebles que no figuraban en su declaración.
El mitin de Irún tenía por objetivo atajar cualquier intento de utilización electoral del escándalo. La verdad es que nadie, ni tan siquiera el PP, ni desde luego los socialistas, han hecho hasta ahora mucha sangre con el asunto. Portavoces de segunda fila aluden al caso Bravo en muchos de sus mítines, por supuesto, pero sin extender la sospecha más allá de unos límites modestos y sin que las primeras figuras se impliquen en las críticas. Aún así, la plana mayor del PNV se juntó en Irún para poner diques exteriores y, quizás, para lanzar mensajes interiores: la dirección tiene una firme voluntad de perseguir a los corruptos y se pedirán cuentas también a los que simplemente tapen o callen.
Como casi siempre, hubo una notable diferencia entre el mensaje del lehendakari y el de Josu Jon Imaz, una diferencia que se aprecia cada día más, no sólo en sus mensajes sobre el llamado proceso de paz o sobre las relaciones con el mundo de Batasuna, sino en prácticamente todo lo que abordan con tono político. Ibarretxe habló en Irún con ese peculiar deje de lejanía presidencialista que utiliza desde hace meses, repartiendo felicitaciones y enojos. Siempre dispuesto a echar una mano al PSOE, aprovechó para aludir al GAL. ¡Cómo se atreven a hablar de robos en la Hacienda de Irún, ellos, que crearon aquel siniestro grupo!, vino a decir el lehendakari. Imaz, bastante más pie a tierra, se limitó a recordar que cuando aparecen temas de corrupción "los socialistas se enteran por los periódicos, mientras que nosotros somos quienes informamos a los periódicos". Josu Jon Imaz se extendió mucho más tiempo en solicitar a sus propios correligionarios que "levanten las alfombras" y dejen correr el aire: defender la transparencia, dijo, es a veces duro, pero siempre os será rentable.
Mientras tanto, los guipuzcoanos siguen, capítulo a capítulo, con verdadera pasión el relato de las andanzas de José María Bravo y de algunos de sus compañeros de trabajo. Cada día aparecen nuevas anécdotas y chascarrillos sobre las actividades de la Oficina de Irún: desde el decorador que no tenía deuda tributaria, pero al que se convenció de que sólo podría cancelarla si decoraba un hotel propiedad del interesado, hasta la existencia de una caja de seguridad privada a donde iban a parar parte de los impuestos y recargos pagados. La explicación más fastuosa la dio una funcionaria, empleada de Bravo, Pilar Gracenea, quien, según relata El Diario Vasco, compartía con su jefe el alquiler de la mencionada caja de seguridad. Gracenea no puede recordar con qué finalidad lo hicieron, pero sospecha que fue en unas fechas en las que había muchos robos en Irún, por lo que pensaron que el dinero de las señales en metálico de los contribuyentes estaría mucho más seguro en su propia caja que en la de la Oficina. Pobres ladrones, ¡qué mala fama!
