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Reportaje:El veto del PP al Grupo PRISA

La guerra de Aznar contra PRISA

El Ejecutivo del PP lanzó su ofensiva con apoyo de una empresa semipública y un juez prevaricador

A las pocas semanas de instalarse en el poder, en 1996, el Gobierno de José María Aznar organizó una ofensiva en toda regla contra los proyectos de desarrollo del Grupo PRISA mediante la instrumentación de la Compañía Telefónica, empresa semipública presidida por Juan Villalonga, amigo personal de Aznar. Su propósito fue dificultar el lanzamiento de Canal Satélite, la empresa de televisión digital de la que era parte destacada Canal Plus, participada y gestionada por PRISA. La ofensiva continuó hasta lograr el procesamiento de Jesús de Polanco y otros directivos de este grupo, en una acción que valió una condena por prevaricación al juez que lo decretó, Javier Gómez de Liaño.

La ofensiva empezó con el montaje de una alianza de RTVE y de la mexicana Televisa, so pretexto de "defender nuestra cultura y nuestro idioma", según anunció Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de aquel Gobierno. Pero el propósito era claramente político. Rodríguez y otros colaboradores de Aznar explicaron un montón de veces que EL PAIS y demás medios vinculados a PRISA habían tenido la culpa de la última derrota electoral sufrida por Aznar frente a Felipe González, en 1993, y del estrecho margen de la victoria del PP en 1996.

"Telefónica, con el 'cash flow' de un día, os arruina", dijo Arriola, el asesor de Aznar

El juez Liaño se reunió con Campmany, quien denunció el caso por el que procesó a Polanco

La viabilidad de la alianza de televisiones promovida por el PP dependía de un producto de enorme gancho popular: la emisión en directo de la Liga de Fútbol. Pero la propiedad de esos derechos eran Canal Plus y Antena 3 Televisión, presidida por Antonio Asensio. Ambas empresas se negaron a integrarse en la plataforma del Gobierno y prefirieron aliarse entre sí, sumando a la televisión catalana TV3, que disponía también de algunos derechos deportivos.

Sogecable -empresa propietaria de Canal Plus-, preparaba el salto a la televisión digital como un desarrollo normal de su actividad. Pero el diario El Mundo, la cadena Cope y otros medios estimularon la ofensiva gubernamental, montando una campaña de opinión que recalcó dramáticamente el hecho de que la alianza televisiva promovida por el Gobierno se hubiera quedado sin fútbol que emitir.

Un urgentísimo decreto-ley, a finales de enero de 1997, sujetó las operaciones de televisión digital a la obtención de una autorización administrativa. Y el entonces vicepresidente del Ejecutivo, Francisco Álvarez Cascos, forzó una legislación que declaró "de interés general" el fútbol por televisión, lo cual restaba viabilidad económica a la plataforma digital en la que estaba Sogecable.

Miguel Ángel Rodríguez asumió con ardor la tarea ejecutar los planes de Aznar. Corresponsales extranjeros presenciaron la bronca de Miguel Ángel Rodríguez al asesor de prensa de una ministra por haber informado a este diario de un proyecto de ley: "Ya sabes que no me gusta que les deis cosas a EL PAIS". Y Pedro Arriola, gurú electoral del presidente del Gobierno, advirtió a uno de los periodistas de EL PAIS que cubrían la información del PP: "Telefónica, con el cash flow de un día, a vosotros os arruina".

La operación de acoso y derribo, inicialmente presentada como un intento de frenar "el monopolio televisivo" de PRISA, continuó con el intento de llevar a la cárcel a sus principales directivos. El director del semanario extremista Época, Jaime Campmany, presentó en la Audiencia Nacional una denuncia contra los responsables de Canal Plus por supuestas irregularidades en la gestión de esta empresa. El juez Javier Gómez de Liaño admitió la denuncia y procesó a Polanco, a Juan Luis Cebrián, consejero delegado y a otros directivos de Sogecable. La criminalización de las actitudes de los fundadores y primeros responsables de EL PAIS -a su vez directivos de Sogecable en aquella época-, se vio agravada por la imposición a Jesús de Polanco de una fianza de 200 millones de pesetas y la prohibición de salir fuera de España sin su permiso, cuando el presidente de PRISA iba a viajar a Estados Unidos para recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Brown.

Mientras tanto, destacados dirigentes del PP criticaban a Canal Plus incluso por la emisión de los muñecos del guiñol, considerados "una burla descarada de José María Aznar y sus colaboradores", según pudo leerse en Abc en abril de 1997, en una información que mereció honores de portada. El entonces coordinador general del PP, Ángel Acebes, admitió que la emisión humorística preocupaba en su partido.

Durante algo más de 250 días, el entonces juez Gómez de Liaño instruyó diligencias contra el presidente y otros directivos de Sogecable, la empresa propietaria de Canal Plus, por "apropiación indebida" y "estafa". La instrucción versó nada menos que sobre apropiación indebida de 23.000 millones de pesetas, "abuso de la buena fe" de los abonados a Canal Plus mediante una supuesta estafa en el IVA y la "alarma social" alegada por los querellantes. Y efectivamente la hubo: la suscitada por el ataque contra un grupo privado de comunicación, mal visto por el Gobierno de turno. Los fiscales Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo apoyaron pertinazmente todas las actuaciones del juez Gómez de Liaño. Durante la instrucción se supo que "un secretario de Estado" había encargado el informe sobre las cuentas de Sogecable utilizado para presentar las querellas contra los directivos de esta empresa televisiva.

Todas esas acusaciones quedaron deshechas tras un contundente veredicto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hasta siete veces habían sido desautorizadas por un tribunal superior diferentes decisiones de Gómez de Liaño durante la fase de instrucción, pero ya corría el mes de noviembre de 1997 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descartó contundentemente todas las acusaciones formuladas contra los directivos de Sogeclabe: ni había existido estafa alguna, ni apropiación indebida de ningún tipo. Ni caso, en definitiva. En ese mismo auto, la Sala de lo Penal no se privó de mencionar que la instrucción llevada a cabo por el juez Gómez de Liaño se había vuelto "un tanto errática" y con peligrosa proximidad a "una causa general" contra Canal Plus. Para entonces, ciertos periodistas que habían jaleado las diligencias abiertas por Gómez de Liaño ya se habían preguntado reiteradamente "dónde estaban los 23.000 millones de pesetas" mencionados por los denunciantes, contribuyendo así a la extensión público de sospechas que, muchos meses más tarde, se revelaron infundadas.

A lo largo de la instrucción conducida por Gómez de Liaño fue posible conocer hasta qué punto este juez había estado en contacto directo con los denunciantes. Al hilo de una recusación de Liaño como instructor, el juez Baltasar Garzón descubrió que Liaño había mantenido reuniones con el periodista Jaime Campmany, denunciante del caso Sogecable, así como con el abogado Antonio García Trevijano y otras personas. A una de esas reuniones había sido invitado el propio Garzón, que rehusó participar. En esas reuniones se habían tratado "aspectos relacionados con el fondo de las querellas, la forma de apoyar la acción inicial a través de otras acciones, la necesidad de que el procedimiento debía pervivir el mayor tiempo posible en una labor prospectiva, aun cuando no existiera base para ello, y la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto de algunos de los querellados", según se lee en un auto de Garzón de septiembre de 1997.

Mientras tanto, el activismo del Gobierno de Aznar ya había dado origen a una empresa de televisión digital que agrupaba a RTVE, varias cadenas autonómicas de comunidades dominadas por el PP y la mexicana Televisa, con participaciones minoritarias del diario El Mundo, la cadena Cope, el semanario Época y otros medios. Fue el germen de Vía Digital, la plataforma competidora de Sogecable, que se desangró económicamente durante los años siguientes hasta que al final acabó por fusionarse con la plataforma rival.

Alarma internacional

Cuando el poder ataca a medios de comunicación, se rompe una de las premisas básicas sobre las que funciona la libertad de expresión. Así se vio en el grado de alarma internacional provocado por el procesamiento de los principales directivos de Sogecable y del Grupo PRISA, en una causa que judicialmente iba a quedar en nada.

Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, unió su firma a la del filósofo Norberto Bobbio o los escritores Norman Mailer, Susan Sontag, Umberto Eco, Carlos Fuentes y varios centenares más de intelectuales, directores de periódicos y profesionales de Europa y América.

En marzo de 1997, todos ellos afirmaron que la cúpula de PRISA estaba siendo objeto "de una campaña de descrédito profesional y personal que trata de minar su honorabilidad y la credibilidad e independencia de EL PAÍS".

La intervención internacional fue necesaria igualmente para corregir algunas decisiones tomadas por el Gobierno de Aznar para limitar las operaciones puramente televisivas de Sogecable.

La propia Comisión Europea echó abajo algunas de esas decisiones, abriendo paso así al normal uso de un descodificador de emisiones digitales que inicialmente no estaba bien visto por el gobierno de turno en España. El entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, promovió varias iniciativas legislativas a partir de un decreto que fue anulado en 2002 por doble infracción de las normas de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo cerró en 2003 la guerra encabezada en su momento por José María Aznar, obligando al Estado a resarcir con una indemnización a la empresa perjudicad: es decir, la plataforma de televisión digital promovida por Sogecable.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de marzo de 2007

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