Cuatro detenidos más en Grazalema por las irregularidades urbanísticas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas más relacionadas con el anterior arresto del ex arquitecto municipal de Grazalema (Cádiz), quien permanece en prisión desde el pasado 12 de septiembre, por varios delitos relacionados con la ordenación del territorio. Entre los detenidos, están un contratista y un arquitecto que habían denunciado al ex funcionario por haberles cobrado comisiones para facilitar la concesión de licencias de obra y dos promotores de una inmobiliaria que estaba construyendo un edificio de siete plantas en el municipio. El Instituto Armado ha denominado a esta investigación, que sigue abierta, Operación Pinsapar.

Los nuevos cuatro detenidos han sido imputados como presuntos autores de delitos de cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Su arresto se produce después de que ingresara, en la cárcel de Puerto II, el ex arquitecto municipal de Grazalema, Juan Prieto, fruto de las investigaciones iniciadas, según la Guardia Civil, tras la denuncia en la Fiscalía de la alcaldesa, la socialista, María José Lara.

La regidora, en mayo de este año, dio a conocer el contenido de una reunión con tres profesionales de la construcción, quienes le habían reconocido que Prieto les había cobrado comisiones para conseguir licencias de obras en la localidad. De los tres asistentes a esa reunión, dos han sido detenidos. Se trata de Cristóbal David Barrera, contratista, de 40 años y vecino de Zahara de la Sierra, y Antonio Sebastián del Canto Bohórquez, arquitecto, de 42, y vecino de Ubrique.

Esa reunión, celebrada en mayo de este año, se había producido tras saltar a la luz pública la denuncia ecologista de unas obras, autorizadas por el entonces arquitecto municipal, de un edificio de siete plantas que estaba desviando el río Guadalete a su paso por Grazalema. Precisamente los otros dos detenidos son promotores de la inmobiliaria Inmocentral, con sede en Getafe (Madrid), que es la que está ejecutando estos trabajos. Son Rafael Torres Sánchez, de 48 años, y vecino de Recas (Toledo), y Raúl Gascón Aparicio, de 43, vecino de Alcorcón (Madrid). La Junta de Andalucía ordenó paralizar las obras y, poco después, Prieto era despedido de su cargo y la primera edil ponía en conocimiento de la Fiscalía los hechos que le denunciaron los constructores en mayo.

El pasado 12 de septiembre Juan Prieto ingresaba en prisión por orden judicial. Se le acusa de delitos de cohecho, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El ex arquitecto había sido investigado por la realización de obras en su propio domicilio o por la construcción del edificio de siete plantas junto al río.

Ecologistas en Acción, que comenzó a denunciar las actuaciones de Prieto en 2003, acusó ayer al entonces alcalde, Antonio Mateos, y a la actual primera edil, María José Lara, ambos del PSOE, de haber permitido el desarrollo de esta trama de "corrupción urbanística". El portavoz de los ecologistas, Juan Clavero, aseguró que "desde hace tres años, tenían conocimiento de lo que ocurría y ahora deben asumir su responsabilidad política o, incluso, penal". Además, exigió a la dirección provincial del PSOE que "tome cartas en el asunto".

Tres de los cuatro detenidos prestaron ayer declaración en el juzgado de Ubrique. Rafael Torres, Raúl Gascón y Antonio Sebastián del Canto quedaron en libertad con cargos. El otro detenido, Cristóbal David Barrera, tiene previsto declarar hoy.