Los rectores no disponen del dinero que prometió Camps para infraestructuras

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se hizo la foto con todos los rectores de las universidades valencianas el 14 de octubre de 2005 en la apertura del curso académico en Alicante. En ese acto se firmaron varios acuerdos, como el Plan de Infraestructuras Docentes, que prevenía 152 millones de euros. Pero acaba el curso, el dinero no llega y las obras no pueden empezar. Ahora el Consell estudia que la iniciativa privada sea la que avance el dinero.

La promesa del jefe del Consell, Francisco Camps, de invertir 152 millones de euros en la mejora de infraestructuras docentes parece que ha quedado en papel mojado. El presidente de la Generalitat, con motivo de la inauguración del curso académico en la Universidad de Alicante, el 14 de octubre del año pasado, firmó con todos los rectores varios acuerdos que despejaban la incertidumbre financiera de las universidades e introducían cierta dosis de esperanza para poder acometer proyectos y obras. Pero pasan los meses y no hay consignación presupuestaria alguna, ni noticias sobre cómo se cumplirán los acuerdos suscritos.

El protocolo para infraestructuras docentes que se firmó era una propuesta abierta que requería para su desarrollo la firma de convenios específicos que marcarían la financiación de las obras a realizar en cada campus. Pero la delicada situación financiera de la Generalitat, debido a su elevado endeudamiento, está dificultando la aplicación de estos convenios. Según transmitieron los responsables de la Consejería de Universidades a los gestores económicos de los campus valencianos en las últimas reuniones ahora "la última palabra depende de la Consejería de Hacienda".

Concesión administrativa

Para cumplir los acuerdos suscritos con las universidades la alternativa que plantea el Consell es abrir la puerta a la iniciativa privada para que adelante el dinero necesario para que las universidades puedan disponer de estos edificios. Según esta fórmula, los proyectos de obra saldrían a concurso público, y se adjudicarían en régimen de concesión administrativa, con lo cual la titularidad de los edificios sería privada y durante un plazo de 30 o 40 años de concesión la Generalitat debería pagar un alquiler por el uso de estas instalaciones. Sería un sistema similar al de la concesión de una autopista. Pero esta solución desagrada e inquieta a los gerentes de las universidades por las consecuencias que podría tener en un futuro, ya que sería un servicio público dentro de una empresa privada.

La firma del Plan de Infraestructuras Docentes ya fue polémica por la negativa del rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, a suscribirlo, ya que que la cantidad consignada para su universidad, que era 35 millones de euros, eran "insuficientes", ya que necesitaba el doble. En el caso de la Jaume I de Castellón estaba previsto destinar 24 millones de euros, a la Politécnica de Valencia 35 millones, y en Alicante y Miguel Hernández de Elche 16 millones. Estas cantidades servirían para construir aulas o instalaciones deportivas.

En el caso de la Universidad de Alicante la situación todavía es más grave por las necesidades de espacio que tienen y porque el proyecto de nueva Facultad de Educación ha cumplido con todos los trámites previstos. El Ayuntamiento de Sant Vicent cedió los terrenos hace ocho meses, el proyecto del arquitecto Andrés Perea y Euroestudios está concluido y visado, todo listo para poder comenzar las obras cuanto antes. Sin embargo, no hay dinero. La Facultad de Educación de Alicante, presupuestada en unos 16 millones de euros, se construirá sobre una parcela de 17.000 metros cuadrados y tendrá un volumen de unos 13.274 metros cuadrados. Las obras estaba previsto que comenzaran en este año, pero a este ritmo es previsible que se retrasen.