Detenidos 19 guardias civiles por cobros ilegales en el aeropuerto de Málaga

La Guardia Civil actuó el pasado fin de semana en Málaga contra sus propios agentes. Diecinueve miembros del instituto armado destinados en las aduanas del aeropuerto de la capital malagueña fueron detenidos entre el sábado y el domingo por reclamar supuestamente cantidades económicas a cambio de "omitir o agilizar" los trámites de inspección de maletas. Los detenidos, casi la mitad de la plantilla de la Sección Fiscal del aeródromo, se cebaban en los ciudadanos chinos, a los que exigían 50 euros por no retenerles el equipaje. El titular del juzgado número seis decretó anoche prisión para cinco agentes y libertad con cargos para los 14 restantes. Están acusados de delito continuado de cohecho.

La práctica de estas extorsiones a los viajeros de nacionalidad china estaba tan arraigada que incluso la comunidad de este país afincada en la Costa del Sol advertía a sus familiares y amigos de que cuando viajasen hasta Málaga llevaran a mano un billete de 50 euros, para evitar problemas aduaneros, según informó ayer la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación que ha acabado con cinco guardias encarcelados y 14 en libertad con cargos, todos ellos de la escala básica, comenzó hace algunos meses, tras recibirse denuncias de que algunos miembros de la Sección Fiscal del aeropuerto, compuesta por unos 50 agentes, pedían dinero por hacer la vista gorda sobre aquellos equipajes de ciudadanos extracomunitarios en los que había bienes de declaración obligatoria, como cartones de tabaco o botellas con bebidas espirituosas.

Durante la investigación, llevada a cabo por guardias de las unidades de Información y Policía Judicial de las Comandancias de Málaga y Sevilla, con el apoyo de la Unidad Central Operativa y la de Asuntos Internos, se descubrió que las mordidas eran una "práctica habitual y continuada" de un "pequeño grupo de agentes" de la Sección Fiscal. Los investigadores han recabado "numerosas evidencias judiciales" como grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios de pasajeros afectados y soportes documentales de la propia Sección Fiscal del aeropuerto. En las pesquisas se ha descubierto también que los agentes llegaron a cobrar a ciudadanos de la Unión Europea por trámites inexistentes, según la nota de la Guardia Civil.

La operación comenzó el sábado, con la detención de 10 agentes, y se completó ayer con el arresto de los otros nueve. Tras pasar por los calabozos de la comandancia, fueron llevados a la Audiencia Provincial para declarar por separado ante el titular del juzgado número 6, que estaba de guardia, por un presunto delito de cohecho. Este tipo delictivo no depende de la cuantía del dinero embolsado, aunque es el juez el que valora la pena en función de la importancia del cohecho.

Al filo de las diez de la noche, el juez decretó cinco órdenes de prisión. Los 14 restantes quedaron en libertad con cargos. Todos los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar, tanto en la comandancia como en el juzgado. Sus abogados se apresuraron a anunciar que van a recurrir contra el auto judicial.

Para evitar que los arrestos de estos agentes causaran problemas de seguridad en el aeropuerto -el cuarto de España en viajeros, con 12,6 millones de pasajeros anuales-, la comandancia desplazó al recinto a agentes de otras unidades. La Guardia Civil cuenta en el aeropuerto de Málaga con 110 guardias, de los que 50 pertenecen a la Sección Fiscal y el resto trabaja en labores de específicas de seguridad.

El secretario provincial en Málaga de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Antonio Gaspar, consideró positivo que sea el propio instituto armado el que "depure" los hechos delictivos que, presuntamente, se han cometido en el aeropuerto.

En febrero de 2004, tres agentes de la sección fiscal de la Comandancia de Algarrobo fueron detenidos por ofrecer cobertura a traficantes que transportaban 830 kilos de hachís en una playa del litoral oriental de la provincia malagueña. En agosto de 2001, el instituto armado detuvo a cuatro de sus miembros -tres en Málaga y uno en Sevilla- por participar en una red de tráfico de drogas, de la que fueron detenidas otras 12 personas.

En Melilla, en 1994, 22 agentes fueron detenidos por certificar la venta de gasóleo para uso pesquero, subvencionado por el Gobierno, y desviarlo para otras embarcaciones y vehículos privados que no tenían derecho a esta bonificación.