La policía investiga el pago de comisiones en Luxemburgo de la trama corrupta de Canarias

La investigación desarrollada por el Juzgado número 7 de Las Palmas sobre la trama de corrupción en torno al concurso de parques eólicos en Canarias -en la que han sido detenidas siete personas- ha aportado indicios del presunto pago de comisiones a través de una cuenta corriente abierta en Luxemburgo. La titular de esa cuenta es Mónica Quintana, compañera sentimental del ex director general de Industria Celso Perdomo, que ha sido detenido por la policía acusado de filtrar información privilegiada a una de las licitadoras.

La investigación desarrollada por el grupo IV de la Udyco (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) de Las Palmas ha detectado pagos en Luxemburgo en una cuenta corriente de Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo insular de Gran Canaria, detenida en este caso por la policía, y novia del ex director general de Industria, que está acusado de filtrar información a una licitadora sobre un concurso que todavía no se había convocado. En esos desvíos de fondos, cuya justificación está pendiente de aclaración, se hallaría supuestamente involucrado el empresario madrileño Enrique Guzmán López, según la información policial.

Este empresario compitió por la construcción y explotación de los parques eólicos a través de una firma, Proyectos Renovables de Canarias, fundada en septiembre de 2004, sólo un mes antes de publicarse el concurso público.

La policía también investigó a otro grupo empresarial en relación con las maniobras para amañar el concurso. Dicho grupo se aglutinaba en torno a firmas como Recursos Renovables de Canarias, Aprovechamientos Energéticos de Las Palmas y Recursos Energéticos de Canarias. Todas ellas licitaron al concurso, que fue anulado por el Gobierno de Coalición Canaria tras romper con el PP. Cuando ocurrieron los hechos investigados por la policía, la Consejería de Industria, de la que salió la información privilegiada a determinadas empresas, estaba dirigida por Luis Soria, hermano del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria.

Las personas que se hallan detrás de las firmas empresariales investigadas son el empresario Wilebaldo Yanes y José Miguel Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas. El papel de Wilebaldo Yanes, según fuentes de la investigación, se centra más en la intermediación que en la inversión. Los inversores madrileños vinculados a este empresario canario le garantizaron inicialmente, a través de un bufete, un 1% del negocio eólico en ciernes a cambio de que les facilitara en Canarias la búsqueda de contactos y los terrenos necesarios para el montaje de los parques eólicos.

El ex director general de Industria, según los indicios acumulados ya en la investigación, no sólo facilitó presuntamente información privilegiada a determinados licitadores, sino que mantuvo entrevistas con los funcionarios responsables de los informes técnicos de la mesa de adjudicación. En este contexto se inscribe la detención del alto funcionario de la Administración canaria Honorato López Torres, actual jefe de área de la Dirección General de Industria. Este funcionario ha negado ante el juez haber recibido sobornos.

A lo largo del fin de semana se espera que presten declaración los siete detenidos. Todos ellos, incluidos los dos empresarios madrileños, permanecían ayer incomunicados en distintas comisarías canarias. Inicialmente, rehusaron prestar declaración. El único que anoche había aceptado declarar fue Honorato López Torres, imputado por cohecho y tráfico de influencias, quien aseguró a los agentes de la brigada judicial de Las Palmas que sus únicas conversaciones telefónicas y personales con el detenido ex director general de Industria canario nada tenían que ver con una supuesta filtración de información confidencial sobre los concursos eólicos, sino con la investigación interna que le había encomendado la nueva titular del departamento, Marisa Tejedor, para esclarecer las responsabilidades administrativas en que hubiera podido recaer este departamento en la convocatoria del concurso.

Este funcionario concretó haber hablado "dos o tres veces" con el alto cargo del PP detenido y sostuvo su inocencia de la trama, arguyendo que él no tenía "capacidad de decisión" en este concurso.

Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han decidido no prestar su defensa a este alto funcionario por impedirlo la normativa interna. Por otro lado, el abogado de Wilebaldo Yanes, Fernando Sagaseta, consideró "desproporcionada" la detención de su cliente y otras seis personas por este caso. El empresario se negó a contestar el interrogatorio policial, confirmó Sagaseta.