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jueves, 9 de junio de 2005
Reportaje:ELECCIONES GALLEGAS | Galicia de esquina a esquina

La otra lista de espera

El Valedor do Pobo cifra en 3.425 los mayores pendientes de acceder a una plaza en una residencia

A Francisca Pou Redondo, viuda de 91 años, los días se le hacen eternos. Los años le han pasado factura y ya no puede valerse por sí misma, pero está muy lúcida. Lo que le amarga la existencia a esta mujer que ha trabajado duro toda su vida en un mercado para sacar adelante a su familia -tres hijos y un marido enfermo- son los dolores, tantos que le dificultan enormemente levantarse de la cama o estar de pie mucho tiempo, y la soledad. Con una pensión de unos 400 euros, vive sola en un segundo piso del centro de Santiago de Compostela, adonde acude dos horas diarias -de lunes a viernes- Carmen, una auxiliar del servicio de ayuda domiciliaria del Ayuntamiento.

Ella es el principal alivio de Francisca mientras espera que la Xunta le conceda una plaza en una residencia de ancianos, porque sus hijos -tres varones- "trabajan mucho, tienen sus propias vidas", subraya la anciana, y no pueden encargarse de ella. Presentó su solicitud en agosto pasado.

"Galicia tiene en estos momentos una evidente escasez de plazas residenciales, tanto de carácter público como privadas, para atender las necesidades de su población mayor", afirmaba el Valedor do Pobo, José Ramón Vázquez, en un informe presentado en junio de 2004 en una reunión de defensores del pueblo. Precisaba que había 3.425 gallegos en lista de espera para acceder a una plaza pública en una residencia de ancianos. La mayoría, 2.700, requería las llamadas plazas asistidas, para personas que ya no pueden valerse por sí mismas. El estudio se basaba en datos, de abril de 2004, de la Consejería de la Xunta encargada de los mayores.

Plazas para asistidos

Vázquez concluía entonces: "Galicia necesita un gran impulso inversor destinado a incrementar el número de plazas residenciales públicas y también privadas, fundamentalmente para asistidos". El Valedor do Pobo precisaba los objetivos: 3,5 plazas por cada 100 mayores, de las que 1,4 debían ser públicas, según el plan gerontológico nacional. Entonces, con 11.687 plazas, de las cuales 3.915 eran públicas, los ratios eran de 1,9 y 0,6 respectivamente. Es decir, para atender a los gallegos que superan los 65 años, 585.977 (el 21,29% de la población), era necesario crear casi 9.000 plazas, de las que 4.000 debían ser públicas.

Aquel informe del Valedor do Pobo disgustó a la Xunta, que lo criticó porque los datos eran antiguos y el análisis no hacía referencia al plan de mayores 2001-2006. La Consejería de Familia replicó a Vázquez el pasado abril -tras la presentación del informe anual del Valedor do Pobo- que las plazas públicas son ya 5.340 y que a finales de 2006, una vez cumplido el plan, habrá 8.200, que supondrán haber cubierto las necesidades del 1,4% de los mayores, como establece el plan gerontológico nacional. Familia eludió facilitar datos actualizados sobre residencias para este reportaje. Se limitó a señalar que con el plan se alcanzarán las 8.200 plazas, lo que la Xunta "prevé que elimine la lista de espera" y añadió que, para lograrlo, la Xunta concertará este año 900 plazas en las residencias que se construyen por un convenio con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), se concertarán otras 300 en centros privados y 200 más serán cubiertas mediante el llamado cheque asistencial, que cubre el 50% de la plaza. Además, se creará un número indeterminado de plazas públicas.

José Ramón Vázquez, juez retirado de 75 años, explicó el lunes pasado que tras aquel informe del verano pasado "se han ido creando residencias para remediar las carencias que existen". Cuatro centros en los que el 60% de las plazas son concertadas se han inaugurado entre la semana pasada y ésta, según la Consejería de Familia.

Francisca sigue esperando. Hace ya 12 años que recibe ayuda domiciliaria, que por su creciente deterioro físico, se ha ampliado. La presencia de Carmen rompe la monotonía que la atenaza las 22 horas restantes del día. Los fines de semana son 24 horas sola. Esporádicamente recibe visitas de sus parientes. El médico le ha recomendado que camine acompañada por alguien pero no tiene con quien, explica Francisca ante la docena de medicamentos que toma para sus achaques.

Carmen acude al piso para limpiar, ayudarle a cocinar, hacerle la cama, bajar a comprar -Francisca ya no sale más que para ir al médico-, ayudarle a levantarse o escucharle, tarea ésta que no está entre sus cometidos pero que considera esencial. Carmen explica que el declive físico se ha acelerado desde que empezó a atenderla hace año y medio. Ahora prácticamente le hace todo. Según datos del Libro Blanco de la Dependencia facilitados por Familia, la media de horas de ayuda a domicilio en Galicia es de 29 mensuales frente a 16,4 de la media española.

Una de las cosas que más angustia a Francisca es que le pase algo mientras está sola en la casa. Lleva colgada del cuello una alarma de teleasistencia, que nunca ha tenido que usar. Todo el que ha pedido teleasistencia (4.682 gallegos) la tiene, según Familia.

El Valedor do Pobo admite que recibe pocas quejas sobre las residencias de ancianos o la atención a los mayores. "A lo mejor es porque tratan de buscar una solución en el seno de la familia", apunta. Lo ideal, "si es posible, es no separar al mayor de su entorno". "La tendencia es que las familias aún sean sensibles y no se desentiendan", afirma.

Paradoja en Ourense

Ourense es, con diferencia, la provincia gallega donde hay menos plazas públicas para ancianos (416, el 13,5% del total) y donde más concertadas existen (438, el 51,3%), según un informe del Valedor do Pobo, basado en datos de la Xunta. El 28% de los orensanos supera los 65 años.

En esa provincia, la atención a los mayores está unida a un nombre: la fundación San Rosendo, que posee 36 residencias en Ourense, tres en Lugo, tres en Pontevedra y una en A Coruña. La fundación fue creada en 1992 por el sacerdote Benigno Moure, que el año pasado recibió una de las medallas de plata de la Xunta. San Rosendo tiene 363 plazas concertadas con la Xunta y otras 180 financiadas mediante los llamados cheques asistenciales.

La diputada socialista Laura Seara preguntó al Gobierno gallego en la recién concluida legislatura sobre el número de plazas, de personal especializado y las subvenciones públicas de las residencias que San Rosendo tiene en Ourense. Como no hubo contestación, volvió a presentarla. Y antes de que tuviera respuesta, la Cámara fue disuelta por el adelanto electoral.

A juicio de la diputada, los populares "están convirtiendo Ourense en un gran imperio geriátrico. Están convirtiendo las necesidades sociales en negocio".

"La fundación no suple a nadie. Su fin es eminentemente social", afirma Moure. "Si hay un euro de ganancia, lo invertimos para que nuestros inquilinos tengan una vida digna", agrega.

Francisca Pou Redondo, que solicitó plaza en una residencia de ancianos en agosto de 2004, en su casa, en Santiago de Compostela. / ANXO IGLESIAS

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