Minipisos y política de vivienda

El balance de un año de gestión del gobierno Zapatero en política de vivienda no puede ser más desconcertante y concluyente: Cero Zapatero.

Sin Plan de Vivienda, sin reglas de juego claras que redundan en la inseguridad y la indecisión en la planificación urbana y empresarial de los promotores inmobiliarios, lo que provoca falta de asignación de recursos financieros privados y públicos en la promoción de viviendas de protección.

Sin política de alquiler eficaz, ante una propuesta de constitución de una Sociedad estatal de alquiler que no cuenta con bolsa de viviendas vacías propias y que pretende cobrar del propietario una tasa del 20% del precio del alquiler, agravando su situación de inseguridad jurídica y como posición desprotegida respecto a los derechos del arrendatario y su blindaje judicial ante un posible desahucio por falta de pago de la renta.

Sin una propuesta de creación de más suelo para el fomento de las viviendas de protección, por la falta de instrumentos de gestión de suelo y la ausencia de cesión de suelo público a las Comunidades Autónomas para la promoción directa de viviendas de protección.

Sin un marco legal moderno y eficaz que proporcione mayores cuotas de calidad y bienestar a los ciudadanos, así como herramientas para Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que garantice un urbanismo al servicio de la política de vivienda para hacer viable el derecho constitucional de una vivienda digna y económica.

Sin una política de consenso y concertación que cohesione esfuerzos diversos desde los agentes económicos hasta todo tipo de Administraciones Públicas en torno a un objetivo de interés general.

Este es el balance de la política de vivienda de la Ministra Trujillo (bendición donde las haya, que ha rematado la faena con su propuesta de minipisos o chozas para jóvenes) pero más negativo para un gobierno que enarboló la política de vivienda como capital para su estandarte electoral, y cuyo presidente es Zapatero.

Frente a este balance tan de cero sólo se puede proponer una solución que alivie la frustración ciudadana, el desconcierto y la falta de colaboración con la Generalitat Valenciana: la supresión inmediata del Ministerio de Vivienda.

A lo que sumamos, la plena asunción de competencias por las Comunidades Autónomas limitándose el Gobierno Central a la asignación de recursos según objetivos y gestión de cada región sin intervencionismo estatal en la materia de vivienda y suelo en la que existe competencias exclusivas a las Comunidades Autónomas.

Porque desde la Generalitat Valenciana sabemos dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos desde el mes de julio de 2003:

- Un Plan Valenciano de acceso a la Vivienda que garantiza una vivienda nueva a 65.000 familias y 35.000 nuevas formas de acceso o ayudas a otras tantas familias.

- Un cambio legislativo urbanístico, de ordenación territorial, y de vivienda innovador y que se ha aprobado en menos de 12 meses.

- Una Agencia Valenciana de Alquiler que de forma gratuita para propietario y arrendatario ofrece seguros de caución por impago y conservación del inmueble y que ofrece viviendas vacías a precio limitado.

- Una política de creación de más suelo urbanizado reservado a viviendas de protección que garantizará antes de la primavera del 2007, la construcción de 65.000 nuevas viviendas de protección.

Todo ello con una política de concertación y pacto social que ha cohesionado desde los promotores inmobiliarios a las cooperativas, los sindicatos, los Ayuntamientos y los colectivos sociales más desfavorecidos que aglutina fuerza y respaldo social al Plan Valenciano de Vivienda.

Así pues, concluimos que no podemos expresar sino decepción y demagogia con el Gobierno Zapatero, al que animamos a seguir por el índice Zero de su política habitacional.

José F. Doménech es gerente de IVVSA