CiU repartió el 70% de las obras entre nueve empresas

Una de las primeras medidas del Gobierno de Pasqual Maragall fue cambiar los pliegos de condiciones para adjudicar obras que licitaba la empresa pública GISA. Desde entonces, algunas firmas que apenas ganaban concursos han empezado a lograr adjudicaciones. Entre 2000 y 2003, la última legislatura de CiU, nueve constructoras se hicieron con el 72% de las obras licitadas por la Generalitat de Cataluña. Los cambios de condiciones de la empresa pública GISA (que gestiona la parte del león de las obras autonómicas de infraestructuras) aumentaron la concurrencia e hicieron que empezaran a recibir obras firmas que antes apenas lo lograban.

Hay dos versiones oficiosas para explicar, sin recurrir al pago de comisiones, la alta concentración de obras en unas pocas empresas. La primera señala que el mercado de las obras públicas es muy local, de modo que las empresas que acaban por llevarse el gato al agua son, precisamente, locales. Una versión que tropieza con la evidencia de que esas mismas firmas han empezado, con éxito, a trabajar fuera de su comunidad de origen y fuera de España.

FCC fue la primera constructora de CiU. De 2000 a 2003 obtuvo el 12,17% de las obras

La segunda versión tiene fecha. En 1999, un encuentro auspiciado por empresarios lanzó a la palestra una queja: Cataluña estaba perdiendo peso en el conjunto de la economía española y un sector especialmente castigado era el de las constructoras (que no debe ser confundido con las inmobiliarias), que dejaban Barcelona para instalarse en Madrid. Y con ellas, parte de la industria auxiliar. Entonces, según varios de los empresarios que llevaron las quejas a las páginas de los diarios, el Gobierno catalán les garantizó un cambio, que empezó a consolidarse en 2001, tras una charla entre el que era consejero de Economía, Francesc Homs, y el presidente de Cerconscat (una central de compras con voluntad de ir a más), Javier López-Pinto. El resultado es que entre las empresas que mayor porcentaje de adjudicaciones han obtenido en la última legislatura se sitúa un buen número de compañías catalanas.

La primera constructora del Gobierno catalán es Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que en la legislatura 2000-2003 obtuvo el 12,17% de las obras licitadas. FCC no es ya una empresa de capital catalán, pero nació en Cataluña y, de hecho, sigue teniendo su sede social en un céntrico edificio burgués situado en la calle de Balmes.

La segunda de las empresas beneficiarias de las adjudicaciones en Cataluña (y la tercera y la cuarta) es ya plenamente catalana. Se trata de Copisa. Una firma nacida de la mano del financiero March para las obras de Fecsa en el Pirineo. Tras una peripecia que la llevó a ser de capital francés y a la órbita de la ONCE, es hoy una firma de capital catalán y muy circunscrita a Cataluña en sus actuaciones. Las memorias de GISA, que incluyen las adjudicaciones de cada año, citan repetidamente a Copisa. Sola y unida a otras firmas. Sin ir más lejos, Copisa es una de las tres empresas que realizaban las obras del Carmel junto a FCC (en realidad FCC Construcciones, filial de Fomento de Construcciones y Contratas) y Comsa.

Comsa es la tercera firma en porcentaje de obras recibidas de la Generalitat en la última legislatura de Jordi Pujol. Se trata de una empresa de la familia Miarnau y especializada en obras ferroviarias, con especial predominio en el territorio catalán. Comsa es la decimotercera constructora española. En 2002 declaró una facturación de 435 millones de euros. Entre 1998-2003 logró adjudicaciones de GISA por un importe superior a los 84 millones de euros. Muy lejos de los más de 900 millones de FCC y lejos también de los 206 millones de Copisa, cuya facturación fue de 212 millones en 2002, lo que la convirtió en la vigesimosegunda constructora española.

La cuarta empresa del hipotético corralito catalán es Copcisa. Esta firma, nacida en Terrassa, ha vivido una amplia expansión en los últimos años y se ha colocado en el puesto vigesimooctavo español. En 2002 facturó 184 millones de euros. En esa fecha obtuvo de GISA, sola o en alianza con otras firmas, obras por un importe de 56,2 millones de euros. Y en el conjunto del periodo que va de 1998 a 2003 sumó adjudicaciones por un importe que suma 213 millones.

Comparativamente, las obras logradas por las empresas españolas que ocupan los primeros lugares de la clasificación (excepción hecha de FCC) son mucho menores. Obrascon (OHL), Dragados, Ferrovial y Necso apenas están presentes en más proyectos que los de las uniones temporales de empresas de la línea 9 del metro: más de 40 kilómetros que cruzarán Barcelona desde una orilla del río Besòs, en el norte, hasta el aeropuerto de El Prat, en la ribera opuesta del Llobregat, en el sur.

ACS, la empresa que pilota Florentino Pérez, es una notable ausencia en las licitaciones de GISA, en particular, y del Gobierno catalán, en general. En el periodo 1998-2003 recibió obras de GISA por un importe de apenas seis millones de euros. ACS y Dragados no pasaron a estar unificadas hasta 2003. Una vez cambiadas las normas, ya con el tripartito en el Gobierno catalán, ACS ha ganado algunos concursos. También es nimia la presencia en estas obras de Constructora San José, la octava española del sector.

La última de las nueve empresas que se reparten la gran tarta de las obras licitatadas por el Gobierno catalán en la última legislatura pujolista fue Comapa. Ocupa el puesto número 115 en el mapa español, lo que no ha impedido que obtuviera el 4,62% de las obras del Gobierno de CiU en el periodo 2000-2003 y que sume adjudicaciones de la empresa GISA por un importe de 119 millones de euros entre 1998 y 2003. En el conjunto de Cataluña, Comapa queda por delante de otras dos firmas catalanas que también se repiten en las memorias de GISA: Construcciones Rubau y Sorigué. Dos firmas a las que fuentes del sector atribuyen el corazón convergente. Rubau logró de GISA adjudicaciones por 148 millones, con una punta muy notable en 2001, donde las obras en que participó, sola o acompañada, sumaron 87 millones. Sorigué se mueve dentro de una constante que ronda los 20 millones anuales desde 1999. La suma de las adjudicaciones de GISA a esta firma entre 1998 y 2003 asciende a 123 millones de euros.

Uno de los elementos más destacados en la evolución de las adjudicaciones de estos años es el crecimiento espectacular por parte de GISA. En el año 1998 las adjudicaciones de la empresa pública catalana sumaron 350,9 millones de euros, cifra que se mantuvo con escasas variaciones hasta 2001, cuando subió hasta los 1.240 millones; en 2002, la suma de las obras adjudicadas se situó en los 765 millones, el doble de años anteriores, pero por debajo de 2001. Finalmente, en 2003, año electoral y el último de la coalición nacionalista en el Gobierno catalán, se disparó hasta los 2.409 millones de euros.