Abusos no
Son 20.000, o eso proclaman, los miembros de la plataforma Abusos Urbanísticos No, colectivo de propietarios damnificados por la todavía vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Han movilizado a los embajadores de 17 países europeos para que defiendan su queja ante el gobierno español y, todo al tiempo, la han hecho llegar a las principales instituciones de la Unión Europea. O sea, que han sacudido todas las instancias políticas posibles para denunciar y enmendar los expolios a que ha dado lugar la mentada norma. Por lo pronto -pues el caso no está cerrado- ya han logrado que se modifique la ley, mejorando las garantías de los propietarios frente a los promotores o agentes urbanizadores, algunos o muchos de los cuales han cometido buen número de tropelías en el curso de estos diez últimos años.
De este episodio, con tan extraordinaria proyección mediática en España y en Europa, nos resultan especialmente llamativos unos aspectos. El primero de ellos, que todavía esté en vigor una ley, la LRAU, que ha propiciado los abusos y que, obviamente, puede seguir amparándolos en tanto no se suspenda o derogue. Constatadas las brechas del texto legal por donde se colaban los expoliadores, ¿qué ha impedido que se suspenda o derogue tal normativa, siendo así, además, que es inminente la aprobación de la nueva? Da la impresión de que la Administración -local y autonómica- quiere dar las últimas oportunidades a los truhanes rezagados.
No es menos chocante el tiempo transcurrido desde que se constataron los fallos de la ley y estallaron los primeros quejidos hasta que la autoridad competente toma cartas en el asunto -ayer, como quien dice- y comprueba, en efecto, que hay mucho agente urbanizador que, envuelto con el texto legal, epata a Alí Babá ante la indefensión de sus víctimas. Quizá nos equivoquemos y debamos hacer alguna excepción, pero creemos que ningún partido político se dio por aludido en este conflicto que reputaron -o eso parece- un contencioso subalterno promovido por extranjeros residentes en el país. Ahora vemos que también son legión los indígenas que han pasado -o están en ello- por el aro de los promotores.
A poco que se lea con detenimiento la información publicada a este respecto se constata que no todos los motivos de la protesta hay que adjudicárselos a la repetida LRAU valenciana. Algunos son de origen estatal y en cuanto a los abusos -unos ciertos y otros más aparentes- son en parte homologables a la prácticas urbanísticas que se observan en otros países próximos. Prácticas que propenden, como es sabido, a liberar suelo privado, mermando razonablemente el sacrosanto derecho de propiedad. Un derecho, todo hay que decirlo, que no pocos extranjeros adquirieron por estos lares a precio de ganga, aunque legítimamente, y hoy lo ven multiplicado. Eso lo sabe muy bien el presidente de la beligerante plataforma citada al comienzo, Charles Svoboda, beneficiario él mismo del desarrollo del mercado inmobiliario.
No ha sido ésta una buena noticia para el País Valenciano, que probablemente no está más involucrado que cualquier otra autonomía litoral en el agio de la especulación urbanística. Pero mucho peor sería que, a la postre, se demostrase la existencia de tramas expoliadoras con connivencias políticas. Sería escandaloso, pero no insólito.
