La celeridad de los juicios reduce en un 12% los presos preventivos en Alicante
El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, informó ayer de que, a fecha 1 de julio, el número de reclusos en prisión preventiva y a la espera de ser enjuiciados alcanzó los 288. La cifra supone un descenso de un 12% con respecto a la registrada en el primer trimestre del año, [326 presos]. Romero atribuyó la causa de este descenso a la "posible" celeridad en los juzgados de instrucción, en tanto que, según él, "la incidencia de la delincuencia en la provincia se mantiene". En cualquier caso, el fiscal jefe descartó la salida inminente de ningún imputado por agotar el máximo legal en prisión preventiva.
La Inspección Fiscal reclama,desde primeros de marzo, a los máximos responsables de los ministerios públicos provinciales el control de la población reclusa preventiva, en su mayoría imputados por delitos de sangre y de agresiones sexuales, que está a la espera de ser enjuiciada. Los casos de Dolores Vázquez -sospechosa inicial del crimen de Rocío Waninkof que tras pasar un período en prisión fue absoluta-, y de Francisco Gómez Simón -único acusado por el triple crimen de Benifallim, puesto en libertad tras agotar el máximo legal en prisión preventiva-, pusieron sobre el tapete el grave perjuicio social que acarrea el retraso en la instrucción en las causas penales. La dilación de los juicios con encarcelados causa agravios nefastos: por un lado, el prolongado encarcelamiento de posibles inocentes; y, por otro, la puesta en libertad de culpables.
