El urbanismo valenciano y el crecimiento de Sant Joan

Desde hace más de nueve meses, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant tiene sobre la mesa nueve planes urbanísticos que proponen urbanizar dos millones de metros cuadrados en la Partida de Fabraquer, última reserva de huerta y suelo rústico que le queda al municipio, para construir viviendas donde alojar a cerca de 30.000 personas, triplicando así la población actual de Sant Joan.

Este proyecto ha recibido la oposición frontal de la mayoría de los vecinos afectados, así como de colectivos ecologistas. Además, desde la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) lo hemos denunciado ante la Comisión Europea por infracción de las normas europeas sobre contratos públicos, al considerarlo un ejemplo perfecto de la forma en que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU, o ley del suelo valenciana) permite la violación de las directivas europeas en la materia.

¿Por qué Sant Joan está obligado a multiplicar por tres su población?, se pregunta el ciudadano

Los afectados somos en muchas ocasiones víctimas de un auténtico acoso moral

El Ayuntamiento de Sant Joan ha declarado en repetidas ocasiones que, dada la importancia y magnitud del proyecto, la decisión sería tomada sin prisas, y ha reiterado sus ofertas de diálogo a los sectores implicados. Sin embargo, no nos consta que haya habido ninguna reunión del ayuntamiento con la Asociación de Vecinos de Fabraquer ni con Abusos Urbanísticos No (AUN) en los últimos meses.

A finales de julio, los promotores explicaron en detalle sus proyectos al ayuntamiento, no a los vecinos afectados, que no fueron invitados. El concejal de Urbanismo declaró en aquella ocasión que "Sant Joan está obligado a crecer", lo que parece indicar que el ayuntamiento se propone adoptar uno de los proyectos, en lugar de ejercer su facultad de no adoptar ninguno (artículo 47 de la LRAU).

Y el ciudadano se pregunta: ¿por qué está Sant Joan obligado a crecer? ¿en qué epígrafe del programa electoral de cualquiera de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales del pasado año se indica a los ciudadanos que Sant Joan está obligado, no sólo a crecer, sino a multiplicar por tres su población, agotando así sus reservas de suelo rústico?

Resulta sorprendente que en la página web del Ayuntamiento de Sant Joan (www.santjoandalacant.es) no se mencione siquiera la existencia de estos proyectos. No dudamos del interés que para los sanjuaneros tiene su equipo de balonmano o el ciclo de títeres y marionetas, pero si hay un tema que de verdad afecta al futuro del pueblo es la urbanización de Fabraquer.

No estaría de más que el ayuntamiento explicara a los vecinos afectados que, antes de empezar a hablar, tendrán que aportar aproximadamente la mitad de sus terrenos para dotaciones. Y esto se aplica por igual a quien tiene terrenos baldíos y deshabitados que a ciudadanos que tienen su domicilio en Fabraquer, en viviendas absolutamente legales y que pagan IBI como vivienda urbana, pero que perderán como mínimo la mitad de sus parcelas. Eso, si no les tiran la casa para construir calles, rotondas o bloques de apartamentos. Y para conservar lo que sobreviva de su vivienda o de su terreno, tendrán que pagar una cuota de urbanización fijada entre el promotor y el ayuntamiento, sin competencia ni transparencia. Sin olvidar que, al final del proceso, el propietario deberá ceder al ayuntamiento otro 10% del solar neto resultante.

El ayuntamiento también podría explicar que las obras que ofrecen los promotores como "regalo al pueblo" (palacio de congresos, centro multiusos, etc.) no son tales regalos, sino un simple engañabobos, que ya no consigue engañar a nadie: el artículo 30.2 de la LRAU habla de estos supuestos regalos del urbanizador, y todo parece muy bonito. Pero luego viene el artículo 67.1.b) de la LRAU a poner las cosas en su sitio: el coste de dichos "regalos" se considera "cargas de urbanización", y ha de ser pagado por los vecinos afectados. Ello supone una perversión del concepto de obra pública urbanizadora, inaceptable desde cualquier punto de vista: si una ciudad necesita un palacio de congresos o un centro multiusos, su financiación debe correr a cargo del presupuesto municipal (con la ayuda, en su caso, de la diputación, la Generalitat o el gobierno central), pero jamás se puede imputar el pago de una obra pública a los contribuyentes que vivan cerca de ella. ¿En qué cabeza cabe que la Ciudad de las Artes y las Ciencias sea pagada sólo por los vecinos de los barrios adyacentes? ¿O que las obras de la Copa América las paguen sólo los valencianos que viven en pisos con vistas al mar?

Así que Sant Joan está obligado a crecer... ¡y multiplicarse! Pues la verdad es que, observando los perpetuos embotellamientos entre Sant Joan, el Campello y Alicante, uno tiene sus dudas. Crecer, sí, pero de forma natural y cuando el crecimiento demográfico de la ciudad lo demande. Crecer por decreto municipal no parece una opción democrática. Ya va siendo hora de preguntarse qué mueve a los ayuntamientos a aprobar planes urbanísticos al margen de la opinión de los ciudadanos a los que se supone que representan. ¿Estamos volviendo a los tiempos de "todo para el pueblo pero sin el pueblo"?

Menos mal que, hasta una ley tan nefasta como la LRAU, tiene sus puntos positivos: el artículo 40.1.b) prevé que la Generalitat deniegue la aprobación de un plan si no respeta el equilibrio urbanístico del territorio, si agota sus recursos o si satura las infraestructuras supramunicipales. Acabar con la última reserva de suelo rústico, ¿no significa agotar los recursos municipales de suelo rústico? Multiplicar por tres la población, ¿no satura aún más las ya saturadas infraestructuras viarias? Por no hablar del suministro de agua potable y la depuración de aguas residuales, respecto de los que parece haber informes "a gusto del consumidor" (o más bien, a gusto del promotor).

Los proyectos urbanísticos de Sant Joan han sido mencionados expresamente en el informe del Parlamento Europeo sobre la situación urbanística en la Comunidad Valenciana. Están también en el punto de mira de la Comisión Europea, y podrían desembocar en una condena de las autoridades comunitarias al Reino de España. El Ayuntamiento de Sant Joan se vería así enzarzado en interminables litigios, que podrían arruinar a perpetuidad las arcas municipales para pagar indemnizaciones a propietarios, a urbanizadores, e incluso a especuladores. Esperemos que se imponga el buen sentido.

La LRAU ha destrozado las vidas y haciendas de muchas familias en la Comunidad Valenciana, españolas y extranjeras, humildes y acomodadas, y va llegando el momento de decir ¡Basta ya!. La mayor aspiración de nuestra asociación es disolverse lo antes posible, una vez que se restablezca el orden, la legalidad y un mínimo de racionalidad en el urbanismo valenciano. Después de años de incredulidad, desprecio y ninguneo, empezamos a ver la luz al final del túnel: el demoledor informe del Parlamento Europeo ha despertado muchas conciencias, y tenemos la intención de despertar muchas más, hasta acabar definitivamente con esta vergüenza. El Síndic de Greuges ha apoyado muchas de nuestras reivindicaciones. La Generalitat ha lanzado una tímida e insuficiente recomendación, que deja claro hasta qué punto llevamos razón al denunciar los abusos que provoca la aplicación de una ley... que el propio gobierno recomienda no aplicar.

Esperamos aún mucho más del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía Anticorrupción, del President de la Generalitat, del gobierno central, de nuestros diputados autonómicos, de nuestros diputados y senadores nacionales... No vamos a dejar de llamar a ninguna puerta, y no vamos a dejar de exigir ninguna responsabilidad.

Para terminar, recordaremos que los afectados por proyectos de urbanización somos en muchas ocasiones víctimas de un auténtico acoso moral, y los tribunales se muestran cada vez más dispuestos a condenarlo. Por sorprendente que resulte en un Estado de Derecho miembro de la Unión Europea, se nos llega a exigir que desplacemos forzosamente nuestro domicilio para favorecer pelotazos inmobiliarios. Evidentemente, no lo vamos a permitir, y desde aquí anunciamos que estamos lanzando nuevas vías de defensa de nuestros intereses. Vamos a solicitar el amparo del derecho constitucional al domicilio y a la propiedad privada, y vamos a exigir que cesen las perturbaciones de la pacífica posesión de nuestras viviendas. Igualmente, estamos preparados para exigir la responsabilidad personal, tanto civil como penal, de los ediles que voten a favor de proyectos urbanísticos que afecten a viviendas consolidadas, perturbando así nuestro derecho constitucional al domicilio y a la propiedad privada.

Y nos gustaría explicar al Presidente Zapatero que, si la finca menorquina en la que ha pasado sus vacaciones estuviera situada en la Comunidad Valenciana, cualquier avispado promotor la convertiría en adosados y apartamentos con la ayuda de algún ayuntamiento "abierto al progreso" y dispuesto a "crear ciudad". ¡Viva el desarrollo sostenible!

Charles Svoboda y Enrique Climent son el presidente y el vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos No.