Los 99 jueces del juez Liaño

Javier Gómez de Liaño, el juez excedente condenado por "abrir en falso" el caso Sogecable para perseguir penalmente a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y otros directivos del grupo Prisa, ha dispuesto de un total de 99 jueces y altos cargos del Poder Judicial para examinar la causa abierta contra él por delito de prevaricación continuada en los seis años que se ha prolongado el proceso desde su inicio, en 1997, hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que le ha denegado el amparo. Frente a sus descalificaciones contra los magistrados del Tribunal Supremo que dictaron su sentencia, el conjunto de órganos administrativos y jurisdiccionales involucrados en su proceso evidencia que nadie ha sido condenado nunca rodeado de tantas garantías.

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha rechazado su recurso de amparo no tiene ninguna incidencia en su situación actual. Gómez de Liaño ha sido indultado y reintegrado a la carrera judicial por el Gobierno Aznar y aunque ha solicitado una excedencia voluntaria puede reincorporarse cuando lo desee a pesar de que no tendrá cancelados sus antecedentes penales hasta el año 2005.

Entre 1997 y 2003, el caso Liaño ha pasado por 13 jueces centrales y magistrados de la Audiencia Nacional; 33 magistrados y presidentes de sala del Tribunal Supremo; 39 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tres consejeros de Estado y 11 magistrados del Tribunal Constitucional.

Entre los citados figuran un presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger; dos presidentes del Tribunal Supremo y del CGPJ, Javier Delgado y Francisco Hernando, y dos presidentes del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón y Manuel Jiménez de Parga.

Hasta ocho de estos jueces han repetido actuación al frente de distintos tribunales o instituciones y, según los casos, se pronunciaron a favor o en contra del procesado. Javier Delgado Barrio, como presidente del Consejo General del Poder Judicial, votó a favor de suspender de funciones a Liaño; como presidente de la Sala Especial del Tribunal Supremo rechazó la recusación de Liaño contra los jueces que tenían que juzgarle y como presidente del Tribunal de Conflictos se pronunció a favor de su reincorporación a la carrera judicial. Otros votaron a favor de Liaño; como José Luis Requero, que lo hizo bien como magistrado de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, bien como consejero del Poder Judicial.

Todos los resortes

La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el pasado día 22, ha puesto fin a un proceso del que Liaño ha pulsado todos los resortes y en el que ha dispuesto de todos los efectivos imaginables de la Administración de Justicia.

En la Audiencia Nacional, hasta siete de sus resoluciones acordando medidas restrictivas de derechos fundamentales contra Jesús de Polanco fueron corregidas y anuladas por "irrazonables" y "desproporcionadas". El Consejo General del Poder Judicial decidió en 1997 suspenderle en sus funciones cuando fue procesado por el juez instructor delegado de la Sala Segunda del Supremo.

Confirmado su procesamiento,la Sala Especial del artículo 61, integrada por todos los presidentes de Sala y los magistrados más antiguo y moderno de cada una, rechazó por "extemporánea" la recusación de Liaño contra el tribunal que tenía que juzgarle.

Después de su condena a 15 años de inhabilitación con pérdida de la condición de magistrado, el Consejo del Poder Judicial ordenó su expulsión de la Judicatura. El Gobierno tomó entonces cartas en el asunto: indultó a Liaño la totalidad de la condena y ordenó su reingreso en la carrera judicial. La negativa del Supremo a aplicar semejante indulto no detuvo al Ejecutivo, que recurrió al Tribunal de Conflictos y a un renovado Consejo del Poder Judicial en el que ya disponía de una mayoría de consejeros afines. Éstos repusieron a Liaño en la carrera judicial pese a no tener cancelados sus antecedentes penales.

En la culminación del proceso, el Tribunal Constitucional ha denegado el amparo a Liaño, respaldando totalmente la sentencia del Tribunal Supremo y a los jueces que la dictaron, Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo, y dejando en evidencia al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, y al magistrado José Manuel Martínez-Pereda, que se opusieron a la condena.

Los magistrados constitucionales han ratificado que Liaño prevaricó cuando "se apartó infundada y conscientemente de la ley y decidió según su propia voluntad", y han confirmado que su juicio fue "neutral", que sus jueces fueron imparciales y que la condena fue "razonable" dada la "coherencia" y "solidez" de las pruebas.