La Audiencia Nacional investigará como terrorismo el ataque contra los agentes del CNI
El juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Fernando Andreu, investigará el atentado en el que murieron siete agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak. Así lo confirmó ayer el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien ha informado a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso, ya que a su juicio se trata de un caso claro de terrorismo.
El juez ya abrió diligencias previas por el ataque que el pasado sábado costó la vida a los siete agentes -Alberto Martínez González, Carlos Baró Ollero, José Merino Olivera, José Carlos Rodríguez Pérez, José Lucas Egea, Alfonso Vega Calvo y Luis Ignacio Zanón Tarazona- a raíz de que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, solicitó autorización a la Audiencia Nacional para practicar la autopsia a los cadáveres y para proceder a su posterior enterramiento. El magistrado de guardia accedió a ambas peticiones por tratarse de diligencias urgentes y posteriormente solicitó informe al fiscal sobre su competencia.
Ayer, la Fiscalía informó a favor de la competencia de la Audiencia Nacional por considerar que los hechos pueden constituir ocho delitos de asesinato terrorista, siete de ellos consumados y uno frustrado (ya que sobrevivió el octavo agente que viajaba en el grupo de dos vehículos, José Manuel Sánchez Riera).
Asunto de terrorismo
Sólo por tratarse de un asunto de terrorismo, aunque sea cometido fuera del territorio nacional, puede la Audiencia investigar el caso, ya que, por ejemplo, recientemente ha archivado la denuncia por el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, el pasado 26 de mayo.
El magistrado, a instancias de la Fiscalía, reclamará al Ministerio de Defensa los datos de que disponga relativos al atentado y también solicitará a las autoridades estadounidenses (cuya policía militar está encargada de investigar el ataque en la aldea de Latifiya), a través de la correspondiente comisión rogatoria, la información que obre en su poder.
La jurisdicción española en este caso es subsidiaria, ya que el caso se archivaría en España en cuanto se tuviera noticia de que la justicia iraquí siguiera un procedimiento por esos hechos. La investigación debe realizarse por parte de autoridades judiciales iraquíes, es decir, un juzgado de Bagdad o de Diwaniya, no la policía local.
Por el momento, además es una vía idónea para tramitar las reclamaciones de los familiares de los militares asesinados, a los que se realizará el correspondiente ofrecimiento de acciones como víctimas del terrorismo.
