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La Unión Europea financiará el trasvase Júcar-Vinalopó

La Generalitat aplaude a la Comisión Europea y los ecologistas critican la decisión

La Unión Europea financiará el trasvase Júcar-Vinalopó. Así lo confirmó ayer la oficina del comisario de Política Regional de la Comisión Europea, Michel Barnier, tras conocer el dictamen medioambiental favorable a la obra, que recibirá una ayuda de 80,121 millones de euros. El consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, afirmó que se recompensa "el constante esfuerzo" de los valencianos en la gestión del agua y se respalda la política hidráulica del PP.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, ha dado finalmente el visto bueno al proyecto, incluido en el anexo de obras del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Wallström mantiene "una serie de preocupaciones" sobre el impacto de la canalización -66.870 metros para trasladar un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales- pero cree que "se pueden resolver" con los compromisos adquiridos por el Gobierno central, manifestó ayer su portavoz, Ewa Hedlund. El dictamen medioambiental favorable será remitido "en los próximos días" al comisario Michel Barnier para que se autorice formalmente el desembolso de 80,121 millones de euros. La oficina de Barnier confirmó la subvención a la obra. La aprobación de la ayuda, a cargo de los fondos europeos para el desarrollo, supone un primer respaldo a la política de trasvases del Gobierno del PP, pendiente ahora de la decisión de Bruselas sobre el PHN -ayer mismo, el Ministerio de Medio Ambiente anunció la licitación de dos tramos de la canalización del Ebro en Castellón y entre Valencia y Alicante con un presupuesto de 102 millones de euros-. Wallström y Barnier tienen previsto pronunciarse sobre el trasvase del Ebro el 16 de diciembre en el Parlamento Europeo.

Las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, cuyo coste alcanza los 230 millones de euros, comenzaron sin tener garantizada la ayuda europea, y aún están pendientes de licitación dos tramos. El presidente del Gobierno, José María Aznar, colocó la primera piedra de la conducción en noviembre de 2002, y nueve entidades crediticias anticiparon el pasado marzo 75 millones de euros a los usuarios del Vinalopó, que pagan un tercio de la obra. El trasvase, reivindicado desde hace décadas por los regantes alicantinos, prevé destinar 45 hectómetros a regadíos y 35 a abastecimiento.

García Antón, mostró su satisfacción por el respaldo de la Comisión Europea y las nuevas licitaciones del ministerio: "Hoy es un gran día para los valencianos,", dijo el consejero, que ve en la decisión europea la recompensa al "constante esfuerzo" en la gestión de los recursos y "el respaldo definitivo a la política del agua" del PP. "Hemos sido capaces de demostrar que no hay otra posibilidad que reclamar el agua que en otras cuencas es excedentaria", añadió el consejero.

La aprobación de la ayuda suscitó fuertes críticas entre las organizaciones ecologistas, opuestas al trasvase desde su aprobación en mayo de 1997. Varias asociaciones, junto a partidos de izquierda, sindicatos y la Fundación Nueva Cultura del Agua, se unieron recientemente en la plataforma Per un Xúquer Viu para denunciar que el Júcar está "en una situación de gravísimo riesgo" y no tiene excedentes para trasvasar. La plataforma denuncia también que el Gobierno dio a Bruselas "datos sesgados" sobre el río.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) denunció ayer que la decisión europea "provocará efectos desastrosos" sobre el medio ambiente y el río y "establecerá un serio precedente en el uso de los fondos estructurales, al infringir las normas y políticas comunitarias". WWF exigió a Wallström "una revisión urgente" de su respaldo al trasvase Júcar-Vinalopó, y criticó que separara el análisis de esta conducción de la del Ebro, que discurre en paralelo, ya que considera que los proyectos son dependientes entre sí e incurren "en las mismas infracciones". Ecologistas en Acción, que ayer mismo denunció que los aforos oficiales del Júcar en su desembocadura "confirman la inexistencia de caudal ambiental alguno", calificó la resolución de "demencial" y fruto de las "presiones políticas".

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