El Gobierno ofrece al PSOE pactar la ofensiva jurídica contra el 'plan Ibarretxe'

El Gobierno y el Partido Popular pretenden contar con el PSOE para hacer frente conjuntamente al plan Ibarretxe que el Ejecutivo vasco aprobará mañana como proyecto de ley de reforma del Estatuto de Gernika. El objetivo del Ejecutivo es que el PSOE se involucre tanto en la respuesta jurídica al plan como en una actuación común en la réplica política. El PP pretende pactar campañas de pedagogía política entre diversos colectivos vascos e intensificar las relaciones con colectivos como ¡Basta Ya! o Foro de Ermua, y mantener la unidad en Álava, donde el PP y el PSE han respondido conjuntamente amenazando con romper la unidad de Euskadi si el plan soberanista sigue adelante.

"Álava es ahora el eslabón más débil del plan de Ibarretxe", según el Ejecutivo

El secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, ha iniciado ya los contactos con su interlocutor habitual, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El criterio político general del Gobierno y del PP es "aprovechar todas las lagunas" que ofrezca el plan Ibarretxe para paralizarlo "dada la gravedad del reto secesionista que plantea". Pero también ven claro que "lo que pretenden Ibarretxe y el Gobierno vasco es abrir un debate político de un año, intentando así soslayar la respuesta jurídica" desde las instituciones. Por eso la respuesta más urgente será política y el objetivo es que tenga la misma unidad que el Pacto Antiterrorista o la Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna.

El primer y más rotundo ejemplo de unidad en esa respuesta la dieron el lunes el PSE y el PP en las Juntas Generales de Álava. Éstas anunciaron que si el plan se materializa, esa provincia podría separarse de Euskadi. El segundo paso puede darse este domingo, pues la Diputación de Álava ha convocado una reunión extraordinaria para rechazar el plan Ibarretxe. "Álava es ahora el eslabón más débil del plan Ibarretxe", según un miembro del Ejecutivo. Ahí el PP espera que el PSE mantenga la misma posición de rechazo y unidad que tuvo el lunes.

Pero, sobre todo, el Gobierno pretende implicar al PSOE en la respuesta jurídica "para fortalecer la ofensiva contra el plan Ibarretxe". El cauce sería el mismo al establecido en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, cuyos interlocutores permanentes son Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tres patas

La propuesta del Gobierno y del PP frente al plan Ibarretxe se fundamenta en tres pilares: la jurídica, la política, y la alternativa política en el País Vasco.

Antes de detallar la respuesta jurídica, que pretende compartir con el PSOE, el Ejecutivo está a la espera de conocer el contenido preciso del proyecto de ley del Ejecutivo vasco. Fuentes del Gobierno no descartan aún recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de Ibarretxe, pese a su "complejidad jurídica", ya que los proyectos de ley no son recurribles por definición. Sólo lo son las leyes efectivas.

El recurso se basaría en que el proyecto de ley que mañana aprobará el Gobierno vasco implicará una clara reforma de la Constitución, pese a presentarse como una mera reforma del Estatuto. Por tanto, podría ser considerado como una resolución gubernamental y, como tal, recurrible.

El Ejecutivo dispone de algunos informes jurídicos que avalan esta posición, pero aún no ha tomado una decisión sobre ellos. En todo caso, dispone de dos meses de plazo para recurrir el proyecto de Ibarretxe.

Otra fórmula que baraja el Gobierno, con más posibilidades, es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por los grupos parlamentarios vascos al procedimiento seguido en la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento vasco.El lehendakari Ibarretxe reclamó en la cámara vasca un procedimiento extraordinario para la tramitación de la reforma estatutaria.

Una vez aprobado el proyecto de ley, el sábado, pasará a una comisión parlamentaria dónde seguirá una tramitación sin plazo definido. Los informes jurídicos del Gobierno estiman que esta decisión requerirá una resolución del presidente del Parlamento vasco, que es recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional por "forzar el procedimiento o vulnerar los derechos de las minorías".

En todo caso, el Ejecutivo no prevé, por el momento, reformar el Código Penal para endurecer las penas por desobediencia que podría aplicarse al presidente de la Cámara vasca por no obedecer las resoluciones del Tribunal Supremo. "No está sobre la mesa del Gobierno", asegura uno de sus miembros. "Y además, no se podría aplicar con carácter retroactivo. Eso lo sabe todo el mundo. No serviría de nada".

La tercera pata en la que el Gobierno basa su respuesta al plan Ibarretxe es la alternativa conjunta del PP vasco y el PSE al nacionalismo para derrocarlo en las urnas. Este tercer objetivo se presenta muy complicado para el Gobierno, pues el PSE ha dejado claro que pretende ofrecer su respuesta política al Ejecutivo vasco de manera autónoma y sin compromisos preelectorales. En todo caso, el PP matizará su oferta de alternativa para dejar claro que no supone ni listas conjuntas ni programas conjuntos.

La alternativa quedaría así sólo en alguna forma de escenificación de unidad sobre un puñado de cuestiones. Entre ellas destacan la unidad territorial del España, la vigencia de la Constitución y el Estatuto y, por encima de todas, que la prioridad absoluta es acabar con el terrorismo.

El Ejecutivo pretende además extender la colaboración con el PSOE frente al plan Ibarretxe a un terreno de actuación más amplio para influir en sectores educativos, en la Ertzaintza, en el empresariado y en diversos colectivos sociales.