"El asesoramiento del ex gerente de Urbanismo de Gil no presagia nada bueno"

La gestión urbanística del Ayuntamiento de Marbella ha sido motivo de conflicto con la Junta de Andalucía durante la última década. Y su control ha sido también el desencadenante de la guerra fraticida entre dos bandos del GIL que ha acabó el miércoles con el gobierno de Julián Muñoz en la ciudad, fruto de la moción de censura que respaldaron ediles andalucistas y concejales expulsados del PSOE.

La Consejería de Obras Públicas ha tenido en estos años un papel protagonista en el litigio urbanístico entre la Junta y el Ayuntamiento marbellí. Su titular, Concepción Gutiérrez (Jaén, 1954), recuerda que la consejería ha impugnado licencias urbanísticas que cree ilegales "desde los primeros años de gobierno de Jesús Gil", que alcanzó el poder en 1991. En esas actuaciones, que suman más de 300, Gutiérrez recalca que "siempre se pidió la suspensión cautelar de las obras que querían desarrollar" y que "sólo desde este año" los tribunales han empezado a hacer caso de la petición de la Junta, cuando ya hay centenares de viviendas construidas en parcelas que no estaban previstas para esos usos. En esta última legislatura, Obras Públicas también ha informado reiteradamente a la Fiscalía de las supuestas irregularidades urbanísticas.

"Muñoz mostró una actitud distinta sobre el PGOU y entonces vino la moción"

"El nuevo Ayuntamiento tiene que entender que no hay atajos en urbanismo"

Gutiérrez repasa en conversación telefónica las claves urbanísticas de lo que ha acontecido en Marbella en el último mes. La operación de derribo a Muñoz se formalizó pocos días después de que el ya ex alcalde se comprometiera con la Junta a cambiar de rumbo y ajustarse a la legalidad.

"Sólo constato que mostró una actitud diferente sobre el planeamiento urbanístico y entonces vino la moción. Tenía que haberlo demostrado con hechos, pero su actitud pareció cambiar". Vino el golpe de mano de los ediles más afines a Jesús Gil, quien reconoció sin ambages que respetar el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística de 1986, suponía "la asfixia" y admitir que su gobierno local había "construido en zonas verdes".

Ahora, el nuevo Ayuntamiento que dirige Marisol Yagüe, con la ex portavoz del PSOE, Isabel García Marcos y el andalucista Carlos Fernández en las tenencias de Alcaldía, promete ajustarse a la ley con el nuevo planeamiento, pese a las palabras de Gil. "El nuevo Ayuntamiento lo que tiene que entender desde el principio es que en el urbanismo no hay atajos, que no puede dar licencias que no se ajusten al plan de 1986", advierte Gutiérrez, "expectante" ante las próximas actuaciones del Consistorio.

Pregunta. ¿Qué posición va a tener la Consejería con la nueva corporación marbellí?

Respuesta. La Junta va a actuar como con cualquier otro municipio. El Ayuntamiento tiene ahora que afrontar la revisión del plan vigente, que es el de 1986, cumpliendo con la nueva Ley de Ordenamiento Urbanística de Andalucía. Cada uno tiene que desarrollar sus competencias. Siempre dejando claro que sobre todo lo actuado anteriormente, si no se ajusta a la ley, no va a haber negociación, la legalidad no se negocia. Esas actuaciones tendrán que quedar fuera del planeamiento hasta que se pronuncien los tribunales.

P. ¿Cómo les comunica Julián Muñoz su cambio de actitud respecto al planeamiento urbanístico?

R. El día 21 de julio se reúne la comisión provincial de Urbanismo. En ella se desestima una propuesta de planeamiento, que no era el texto refundido de la revisión que intentaron en 1998 [en la que Gil intentó legalizar las actuaciones impugnadas por la Junta], era un documento completamente distinto [proponía recalificar suelos para 100.000 viviendas nuevas]. Se rechaza ese texto y se declara la caducidad del expediente de 1998 de revisión del PGOU. A partir de ahí, se le dice que sólo cabe el inicio de un nuevo expediente de revisión del planeamiento de 1986, que debe estar ajustado a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía antes de cuatro años. En ese acto institucional, Muñoz acepta la caducidad del expediente de 1998 y afirma que va a iniciar un nuevo expediente de revisión del PGOU que se ajustará a la Ley. Después de eso hubo el día 28 una nueva reunión institucional con nuestra secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz, en la que Muñoz vuelve a decir que iniciará el expediente de revisión del PGOU. Y nosotros volvemos a advertirle de que las licencias de obras ilegales no se negocian.

P. Muñoz dijo que se sometería a la tutela urbanística de la Junta. ¿Sugirieron ustedes que cesara al Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo con Gil?

R. Hay que respetar el reparto de competencias entre las Administraciones. A la Junta le compete el control de legalidad del planeamiento urbanístico. Nosotros lo único que le decimos es que lo adecuado es que siga el modelo de otras grandes ciudades que tienen que revisar su planeamiento conforme a la nueva ley: Que convoque un concurso público para contratar un equipo independiente de arquitectos que redacte el avance del nuevo planeamiento. Y desde luego, nunca decimos quién debe estar en ese equipo técnico.

P. El nuevo Ayuntamiento también asegura que se guiará en su gestión urbanística por la Junta, ¿se lo cree?

R. La Junta de Andalucía ahora va a esperar. El tema está en su tejado. Nosotros le transmitimos por escrito que el expediente de 1998 está caducado y que ahora tienen que redactar un nuevo documento de revisión del plan de 1986. Son ellos ahora los que tienen que actuar y seguir esta dinámica. Ellos los que tienen que decidir qué hacen y quienes lo hacen.

P. Pero, ¿van a asesorarles?

R. Insisto, nuestra única actuación en estos casos es aportar financiación a los municipios pequeños para que puedan tener su oficina técnica de planeamiento. Siempre que cumplan unos principios de transparencia en esa contratación y siempre, para los municipios pequeños. Por lo demás, la Junta sólo vigila el control de la legalidad. Ahora la Junta está expectante, ellos tienen que hacer menos declaraciones y actuar, pronunciarse expresamente.

P. ¿Qué rasgos básicos tendría que incluir esa revisión del PGOU para contar con el visto bueno de la Junta.

R. El nuevo planeamiento tiene que respetar el suelo protegido y considerar ese suelo no urbanizable. Tiene que contemplar zonas y espacios verdes, equipamientos y viales, buenas infraestructuras. En resumen, lo que tiene que hacer el nuevo planeamiento es respetar la legalidad, ahí está la clave: con leerse y aplicar lo que dice la Ley de Ordenación Urbanística, que fue aprobada por el Parlamento andaluz con el respaldo de cuatro grupos y sin ninguna enmienda importante del PP a lo que tiene que ver con el planeamiento, es suficiente.

P. ¿Qué le parece que el nuevo gobierno de Marbella haya pedido asesoramiento al que era gerente de Urbanismo con Gil?

R. Ese asesoramiento no presagia nada bueno. Como comienzo no es buena cosa.

P. La desobediencia urbanística, ¿es suficiente motivo para disolver un Ayuntamiento?

R. No me corresponde valorarlo, entre otras cosas porque los incumplimientos urbanísticos han derivado en otros temas, en otras actuaciones. Es una posibilidad que, en todo caso, tendrá que estudiar el gabinete jurídico de la Junta.