Las acusaciones sostienen que el ex militar argentino Scilingo debe ser juzgado en España
Las acusaciones en el proceso que por delitos de genocidio, terrorismo y torturas se sigue en la Audiencia Nacional contra Adolfo Scilingo afirmaron ayer que este ex militar argentino debe ser juzgado en España para evitar que esos delitos queden impunes. Previamente, el defensor de Scilingo había alegado que España no es competente para juzgar a su cliente y señaló que no se han resuelto cuatro recursos que había interpuesto.
Los letrados de la acusación recordaron que el que fue teniente de navío en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) ha reconocido ante el juez Baltasar Garzón que participó en dos de los llamados vuelos de la muerte, en los que se arrojaba al mar desde aviones en vuelo a personas vivas, adormecidas, que previamente habían sido secuestradas y torturadas.
Los acusadores sostuvieron que no existe en ninguna parte del mundo ningún proceso abierto por estos mismos hechos contra Scilingo, por lo que si el ex militar no fuera juzgado en España, los crímenes que se le atribuyen quedarían impunes.
Los letrados insistieron que incluso aceptando como válida la doctrina más restrictiva sobre este asunto, Scilingo tendrá que ser juzgado en España. Argumentaron que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Guatemala exige que para que el proceso se tramite en España deben existir víctimas españolas o que el imputado hubiera sido detenido en territorio español. Y, a ese respecto, los letrados precisaron que existen múltiples víctimas españolas o hijos de españoles -un informe las cifra en 266 de las 5.000 personas- que desaparecieron en la ESMA. Además, Scilingo fue detenido en territorio español, puesto que él mismo accedió a presentarse voluntariamente y a reconocer los delitos en los que había participado.
Insistieron en que es de aplicación al caso el principio de jurisdicción universal pues lo que se persiguen son delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y criticaron la actuación del fiscal por reiterar las mismas alegaciones de falta de competencia de la justicia española, cuando ese extremo ha sido ya resuelto en varias ocasiones.
