Zaplana desata la ira sindical con una confusa defensa de la flexibilidad del despido

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, defendió ayer la necesidad de abrir un debate sin plazos sobre la flexibilidad y el coste del despido. Una afirmación que provocó una contundente respuesta de los sindicatos y que el ministro se vio obligado a matizar. Las centrales UGT y CC OO aseguraron que, si el Gobierno adopta alguna medida en ese sentido, se encontrará con 'una movilización contundente'. En unas declaraciones posteriores, Zaplana precisó que el Ejecutivo no tiene intención de abrir ninguna reflexión sobre la regulación del despido.

El ministro Zaplana desató ayer la cuarta polémica de su breve mandato como ministro de Trabajo al asegurar que 'hay algunos debates que, en este país, no sé por qué, tenemos especialmente miedo a plantear y que es un error'. En concreto se refería a un debate sobre el abaratamiento del despido, planteado por el economista Ramón Tamames en un desayuno de Fórum Europa organizado por Nueva Economía y Europa Press, y sobre el que el titular de Trabajo admitió que, mientras se está abriendo en otros países, en España no se está planteando.

'Cuando estamos en periodos de tranquilidad, de serenidad', añadió, 'cuando no tenemos que tomar una medida acuciante para mañana, yo creo que esos diálogos sobre cuestiones tremendamente complejas y conflictivas, desde el punto de vista del debate, son necesarios'. Sobre una eventual reforma de la normativa que regula los convenios colectivos, Zaplana aseguró que 'el Gobierno ha demostrado que cuando tiene que hacer una cosa, la hace', y que intentará hacerla desde el diálogo.

Esas propuestas lanzadas por el ministro desataron la ira de los sindicatos y del principal partido de oposición. El secretario de Acción Sindical de UGT, Antonio Ferrer, advirtió al Gobierno de que si adopta una medida de esas características se agravará su 'posición autoritaria', lo que merecerá 'una respuesta contundente, amplia y unitaria' de las centrales sindicales. Para el sindicalista, el problema de España no es el coste del despido, sino la precariedad del empleo que está aumentando con las últimas decisiones unilaterales del Ejecutivo de marzo de 2001 y del decretazo de mayo pasado. La UGT cree que el tema de la indemnización del despido ya se abordó en la reforma pactada de 1997, vinculándolo a acentuar la estabilidad del empleo.

El secretario de organización de CC OO, José Luis Sánchez, afirmó que, 'cuando el diálogo social se encuentra en un momento difícil tras el decretazo y la huelga general, parece que el ministro tiene una actitud más de charlatán que de prudente'. Con similar contundencia, el secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, manifestó que 'el señor Zaplana ha hablado hoy desde la ignorancia del novato, buscando hacerse famoso con la provocación y la modificación unilateral de la negociación colectiva'.

Tras producirse esas críticas, el ministro de Trabajo aclaró que el Gobierno no pretende abrir ningún debate o reflexión sobre la regulación del despido. En declaraciones a Europa Press precisó que en ningún momento había afirmado que el Ejecutivo tenga intención de dar el primer paso: 'La pregunta que se formulaba [del economista Tamames], además, habla, en términos generales, de flexibilizar el mercado laboral, y esto no tiene por qué ser sinónimo de despido'.

Cuarta polémica

Se trata de la cuarta vez que Zaplana, en su etapa de ministro de Trabajo iniciada hace algo más de dos meses, se ve inmerso en una polémica y obligado a enmendar anteriores declaraciones. La anterior se produjo el pasado 10 de septiembre cuando, en el Parlamento, propuso un debate para introducir la gestión mixta (pública y privada) en los servicios públicos y que requirió una aclaración de que eso no incluía a las pensiones de la Seguridad Social.

El 30 de julio, en la reunión con los sindicatos para explicarles las líneas generales de los Presupuestos Generales de 2003, Zaplana mostró su disposición a abrir una negociación sobre el salario mínimo interprofesional requerida por las centrales para una sensible mejora. Otros miembros del Ejecutivo negaron que exista ese propósito, ya que se abrirá un mero periodo de consultas para comunicar que el salario mínimo aumentará en 2003 tan sólo lo que la inflación prevista (el 2%). En relación a la violencia doméstica, descalificó hace tres semanas la proposición de ley presentada por el PSOE, para al final tener que aceptar debatir una propuesta con todos los grupos políticos.