La compleja red de la violencia antisistema

Ciento diecisiete acciones de violencia callejera en lo que va de año. Ése es el balance de la actividad de los grupos antisistema que ha elaborado la Delegación del Gobierno en Cataluña, pero en esa cifra se incluyen actividades muy diversas, desde una pintada en una sede del PP con la frase 'Pim, pam, pum' hasta los destrozos valorados en más de 100 millones de pesetas que se produjeron en la manifestación antiglobalización del 24 de junio en Barcelona. Las acciones más frecuentes fueron la colocación de artefactos explosivos y/o incendiarios de fabricación casera (65), casi siempre contra oficinas bancarias. También se produjeron, según la estadística policial, 39 manifestaciones con final violento y 15 actos de amenazas directas a personas; por ejemplo, pintar una diana en la puerta de la vivienda de un inspector de policía, o destrozos en sedes de partidos.

A la vista de esas cifras ¿puede hablarse de una kale borroka a la catalana? Excepto el PP de Cataluña y la Delegación del Gobierno, ningún partido político o institución considera que sea así, aunque se admite sin reparos que los actos de violencia callejera van en aumento, especialmente en la ciudad de Barcelona. Los que niegan la existencia de la kale borroka recuerdan que a los autores de esos actos de vandalismo no les agrupa, como a los abertzales radicales del País Vasco, una sola ideología. 'Aquí nos une una premisa mínima: la lucha contra el sistema, y a partir de ahí, cada grupo se organiza a su manera', explica un miembro de un grupo alternativo. Lo cual no impide que en fechas señaladas puedan confluir en un objetivo común. Fue en Barcelona con motivo de la manifestación antiglobalización y también el pasado 12 de octubre, en una manifestación convocada por una autodenominada plataforma antifascista en el barrio de Sants, que terminó con graves destrozos y 21 detenidos.

En Cataluña, los jóvenes antisistema violentos se agrupan en tres colectivos: el movimiento okupa, los grupos anarquistas y los independentistas radicales. Un detallado estudio realizado por la policía hace un año, el último que se ha hecho de este tipo, cuantifica incluso sus efectivos: 1.660 jóvenes que participan habitualmente en actos violentos, y 3.980 que lo hacen esporádicamente. Pero hay que tener en cuenta que en algunos casos puede existir una doble y hasta triple militancia. Por ejemplo, hay quien se define como anarquista-independentista y, además, forma parte del movimiento okupa.

La policía asegura que la crisis ideológica del marxismo provocó entre estos colectivos de jóvenes un campo ideológico de nuevo cuño definido como 'neolibertarismo', en el que existen también 'brotes de principios independentistas'. Desglosados por grupos, los habituales del activismo radical se distribuyen así: unos 780 forman parte de grupos okupas; otros 450, de grupos independentistas radicales; 335, de colectivos anarquistas, y unos 95, de lo que la policía define como 'colectivos revolucionarios de izquierdas'.

Otra diferencia con respecto a la situación del País Vasco es que en Cataluña tampoco existe una organización juvenil fuerte y estructurada, como lo fue en su día Jarrai o después Haika, en torno a la cual se organizan estos movimientos, ni una planificación diseñada por unos estrategas. 'Nuestras estructuras son asamblearias y los abertzales tienen una estructura vertical', asegura otro joven antisistema de Barcelona. Existe, eso sí, en algunos de estos colectivos, especialmente entre los independentistas radicales, una fascinación por el modelo vasco de violencia callejera. 'En algunas manifestaciones que se hacen en Cataluña hay más ikurriñas que banderas catalanas independentistas', asegura un mando policial. Son estos colectivos los que organizan actos de favor en los presos etarras o acogen conferenciantes del entorno abertzale más radical.

La Delegación del Gobierno teme que ese movimiento de violencia callejera se consolide y arraigue en Cataluña. 'Lo peor que se puede hacer es negar que existen y pensar que no pasa nada', dice un portavoz, quien recuerda que ETA recurrió a esos grupos alternativos -en este caso okupas- para formar el comando Barcelona con activistas legales (no fichados por la policía), desarticulado parcialmente el pasado mes de enero y totalmente a finales de agosto.

Los okupas se desmarcaron en su día de manera clara de ETA y criticaron los intentos de criminalización de todo el colectivo por parte de la Delegación del Gobierno. Se defienden asegurando que en su movimiento nadie pregunta a nadie cómo piensa. Pero en círculos del propio movimiento okupa se admite que el independentismo radical y las vinculaciones de algunos miembros con ETA ha debilitado la labor que desde hace años vienen desarrollando como colectivos alternativos.

Cataluña es, con mucha diferencia, el territorio de España donde el movimiento okupa está más arraigado. Si en algo coinciden la policía y estos colectivos es en que la represión policial o judicial contra ellos sirve en muchos casos de elemento de acercamiento y cohesión entre grupos de diferente ideología. Les une sentirse perseguidos.

Pero la actuación policial es muchas veces inevitable a la hora de ejecutar una orden judicial de desalojo. Hasta que la okupación se tipificó como un delito, muchos de los incidentes de violencia callejera que ahora acompañan a un desalojo no se producían. 'El debate no es si la policía o nosotros somos violentos. El debate es qué alternativas se ofrecen desde el poder al problema de la okupación y si se piensa o no abordar políticamente', afirma un portavoz del movimiento okupa.

La policía admite en su informe que la penalización de la okupación, introducida en 1995 en el Código Penal, es un factor que explica el aumento y expansión de estos movimientos, pero también cita otros, como 'el tratamiento esmerado de ciertos ayuntamientos' hacia estos jóvenes, algunas sentencias absolutorias de okupas, el apoyo de ciertos grupos políticos y el protagonismo que adquieren en los medios de comunicación.

Muchos de estos jóvenes pertenecen a clases sociales bajas, pero cada vez es más frecuente que entre los detenidos acusados de violencia callejera haya hijos de familias muy acomodadas e incluso de concejales de partidos de izquierda. 'Eso no nos preocupa, porque vienen a nuestros locales y se van a dormir a sus casas', asegura un portavoz de los okupas. En este sentido, un portavoz oficial de la Delegación del Gobierno es muy explícito cuando asegura que 'si hiciésemos algún estudio genealógico de los detenidos, tendríamos alguna sorpresa'.