El juez imputa a cuatro enfermeras por el contagio de hepatitis C en Figueres

El juez que instruye el caso del contagio masivo de hepatits C que se produjo el pasado año en el servicio de urgencias del hospital de Figueres (Alt Empordà) ha citado a declarar en calidad de imputadas a cuatro enfermeras del centro sanitario.

Las acusaciones particulares que defienden los intereses de siete de los 10 pacientes que el 4 de junio del año pasado resultaron infectados de hepatitis C denuncian el obstruccionismo del centro sanitario, que, a su juicio, intenta evitar a toda costa que el Juzgado número 5 de Figueres pueda llegar a aclarar cuál de las enfermeras o qué persona del servicio de urgencias, durante el día del incidente, pudo cometer el error que originó el múltiple contagio.

Pese a esta cita judicial, los letrados de la acusación aseguran que todas las manifestaciones del personal sanitario y de los miembros de la dirección del centro sanitario tienen como común denominador el cerrar filas en torno a la tesis de que el contagio se produjo por un supuesto 'error colectivo'.

Según el informe redactado por el Departamento de Sanidad de la Generalitat, el contagio de hepatitis C se produjo a través de la contaminación de un suero, previamente infectado por una aguja usada con un enfermo de hepatitis. Este suero fue inyectado a los demás enfermos. Albert Quintana, letrado de uno de los afectados, asegura que la acusación pretende aclarar quién, 'de forma imprudente, negligente y temeraria', cometió el fatal error. Los testigos convocados hasta ahora por el juzgado que investiga el caso no han podido aclarar quién es el responsable del contagio, aunque las pesquisas se centran en dos o tres personas de un total de ocho sanitarios que aquel día realizaban su tarea en la zona de urgencias donde se produjo el fatal contagio masivo.

El Departamento de Sanidad ofrece un total de cinco millones de pesetas a las 10 personas afectadas por el contagio y les reclama para poder cobrarlos la renuncia total a posteriores actuaciones judiciales. Las acusaciones particulares sitúan sus demandas en torno a unos 12 millones de pesetas.

Tres de las personas contagiadas, las de más edad, según fuentes de la acusación particular, han aceptado el montante de la indemnización. El resto de los afectados no descartan rebajar la cuantía de sus demandas, aunque reclaman el derecho a percibir nuevas cantidades en caso de que la enfermedad tenga consecuencias graves. 'No es lo mismo si la enfermedad se mantiene estable y permite al paciente llevar una vida normal que si el enfermo acaba con una cirrosis hepática', asegura el abogado Albert Quintana.

Informe forense

Las negociaciones entre miembros del Departamento de Sanidad y los representantes de los enfermos se han interrumpido a la espera de un informe forense que debe analizar las posibles consecuencias de la evolución futura del virus de la hepatitis C en los enfermos.

Un juzgado de Jaén ha condenado recientemente a la empresa farmacéutica Baxter a pagar algo más de 19 millones de pesetas a una mujer que en el año 1994 contrajo el virus de la hepatitis C tras serle administrado el hemoderivado Gammagard, retirado ese año del mercado precisamente por posible transmisión de la citada enfermedad. El juez jienense empleó la valoración de daños y perjuicios causados en los accidentes de tráfico para fijar la cantidad que debe pagar la firma farmacéutica a la mujer contagiada.